Vicentin: el juez rechazó la homologación del concurso y abrió el salvataje

El juez del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, rechazó el pedido de homologación del acuerdo de pago propuesto por la cerealera y abrió el cramdown, un mecanismo por el cual distintos oferentes podrán presentar propuestas de salvataje de la compañía. Los interesados en participar de la compulsa deberán registrarse desde el lunes próximo hasta el viernes 29 de septiembre.

El cramdown está contemplado en la ley de concursos y quiebra y permite incluso que la propia concursada presente un plan. Aunque no hay información oficial, el Banco Nación y un nucleamiento de más de 70 acreedores comerciales de la empresa mostraron momento interés por el avance de este mecanismo de rescate con continuidad de la empresa. En la entidad oficial, que es la mayor acreedora individual de la cerealera, estaban a la espera de una señal del ministro de Economía, Sergio Massa.

La voz de Alberto

Hasta el momento, la única reacción oficial fue la del presidente Alberto Fernández, para quien “ahora sí, el Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentin siga siendo una gran empresa argentina”.

El jefe de Estado manifestó su satisfacción por la decisión de la Justicia. “Como siempre reclamamos, no se va a consumar la trampa de aquellos que, perjudicando al Banco Nación y a los 1.290 productores agropecuarios, pretendían quedarse con la empresa pagando unas monedas”, explicó. Y, de paso, hizo una reinterpretación histórica de su fallida intervención de la cerealera. “No era un problema de tibieza, como muchos plantearon. Corregimos nuestros pasos y se actuó con inteligencia para preservar los derechos del Estado del mejor modo”, resaltó a través de la red X (Twitter).

Vicentin, que supo ser la principal agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en febrero de 2020 pidió su concurso preventivo con créditos verificados por casi u$s 1.500 millones. Más de cuarenta meses después, Lorenzini cerró ese proceso con la resolución por la que se niega a homologar el acuerdo presentado por la empresa para salir de la convocatoria.

La misma resolución rechaza las impugnaciones a la propuesta que habían presentado el Nación, la Afip, Commodities, el Bapro y el Bice. Sin embargo, muchos de los argumentos que sustentaban en el reclamo aparecen en la decisión del magistrado. En su escrito de 27 páginas, explicó que “el impedimento para homologar surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”.

El juez vio en la propuesta una transferencia “excesiva e injustificada” del pasivo concursal sobre “las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 días de la propuesta”.

Tortuoso concurso

Vicentin anunció en abril que había logrado el consentimiento de una mayoría de acreedores para cerrar un acuerdo de pago para presentarle a Lorenzini con vistas a su homologación. De 1.618 acreedores, mostró la aceptación de 1.019 acreedores (63%) que representan el 74% del pasivo computable.

Su oferta fue pagar u$s 30.000 a cada acreedor una vez homologado el concurso, más un 10% del monto verificado, convertido a dólares, dentro del mismo año. Otro pago similar se efectuaría al año siguiente. Luego se tomaba 12 años para devolver el resto. Y eso si salí bien el experimento de crear un fideicomiso con los créditos de los acreedores y la administración de la empresa a través de tres “interesados estratégicos” (Viterra, Bunge Argentina y la Asociación de Cooperativas Argentinas), que se quedarían al final del camino con el 95% de la compañía. Para no pocos acreedores grandes, suponía una quita del 80% de las acreencias Para otros, con créditos verificados de entre u$s 7 mil y u$s 8 mil, significaba un 400% ó 500% más. La maniobra fue considerada por los acreedores que la rechazaron como una “compra de votos encubierta” para llegar a la mayoría. El Banco Nación la rechazó porque estimó que cobraría sólo el 20% de los u$s 300 millones que le prestó a la empresa durante el gobierno de Mauricio Macri.

Pero en medio del proceso también hubo cambios en el grupo de “inversores estratégicos”. Bunge reemplazó a Molinos y además compró a Viterra, consolidando el conglomerado cerealero más grande del mundo.

En paralelo, la Justicia penal le advirtió a Lorenzini que no podía homologar la oferta, toda vez que el principal activo que la empresa ofrecía vender para pagar sus deudas estaba cautelado en el marco de la causa que se sigue a los ex directivos de Vicentin por estafa. Estas “joyas de la abuela” son las acciones de Renova, la planta aceitera más grande del mundo, que Vicentin construyó con Viterra en Timbúes.

Golpeado por denuncias y advertencias, y después de un fallido intento de apartamiento, Lorenzini se pronunció por el cramdown.

Lo que viene

“Afortunadamente para los trabajadores, los acreedores estafados y el entramado socioeconómico de Santa Fe, el juez no tuvo otra alternativa que rechazar la propuesta fraudulenta que hizo Vicentin”, señaló Gustavo Feldman, querellante en la causa penal que se sustancia en Rosario y uno de los críticos más duros del magistrado. El letrado consideró que con el cramdown se abre un período “trascendente”, en el cual debe haber “una confluencia entre el Estado y los principales acreedores, siempre en base en tres ejes fundamentales: la continuidad de la empresa y la fuente de trabajo, preservar para la economía nacional esta actividad estratégica y honrar la deuda de los acreedores”.

Los acreedores más duros se mostraron dispuestos en su momento a articular fuerzas, para avanzar con una propuesta de rescate. En 2022, la actual presidenta del Nación, Silvina Batakis, se pronunció a favor de “una salida integral”. También los más de 70 miembros del fideicomiso de acreedores granarios de Vicentin, que reúne cerca del 30% de los créditos de esa categoría, se mostró dispuesta a explorar esta alternativa de rescate.

El cramdown

El cramdown es un mecanismo que permite a los acreedores de una empresa concursada o a terceros interesados proponer un plan de salvataje antes de mandarla a la quiebra. Fue incorporada a la ley de concursos y quiebras en el año 1995 aunque la normativa quedó consolidada luego de una reforma en el año 2002.

Esta herramienta se activa cuando la concursada no alcanza un acuerdo con los acreedores, y si bien Vicentin acreditó las mayorías necesarias requeridas por la ley, el juez Lorenzini consideró que eso no es suficiente para homologar cuando no se contemplan todos los intereses que se deben preservar en el marco del concurso.

El directorio de la cerealera anticipó que apelarán la resolución por ser “manifiestamente arbitraria e infundada”, al tiempo que solicitaron la suspensión inmediata de sus efectos “para evitar la configuración de perjuicios irremediables”.

Por eso el magistrado dispuso que desde este lunes y hasta fin de mes puedan anotarse en un registro de oferentes. También instruyó a la intervención judicial de la empresa y a los síndicos que la controlan a elaborar en los próximos cinco días hábiles un esquema para ordenar este proceso. Y le fijó tres premisas: la continuidad operativa, la seriedad de las ofertas y y la razonabilidad de los plazos.