Un conflicto político que abre brechas en el oficialismo

La batalla judicial por las tarifas escaló al pico de un proceso político y económico que comenzó hace unos meses, cuando el gobierno nacional anunció con bombos y platillos el "sinceramiento" tarifario.

Aquella posición de fuerza desde la que el ministro de Energía anunció, frío y feroz, la suba de tarifas de energía, hoy es una trinchera en la que resiste embates de propios y ajenos. La "comprensión" original de un sector de la clase política y de la opinión pública comenzó a desgastarse en las provincias cuando quedó en evidencia que el incremento de la electricidad no fue el promocionado ajusticiamiento de los usuarios porteños, luego de una década de subsidios, sino una medida que impactó en los bolsillos de todo el país.

Las entidades de la producción hicieron punta en el reclamo. En Santa Fe hubo gestiones y propuestas del Ejecutivo para amortiguar el impacto, que fueron rechazadas en primera instancia por el ex CEO de Shell. En distintos puntos del país, comenzaron a conformarse multisectoriales que ayudaron a visibilizar los reclamos y a presionar sobre el posicionamiento de los dirigentes políticos.

La tarifa del gas encendió los primeros focos de conflicto en la Patagonia, con puebladas en Bariloche y Ushuaia. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, "intervino" en el conflicto y sentó a la mesa de Aranguren a los gobernadores. De esos cónclaves surgieron los topes del 400 por ciento, una cifra no menor.

De hecho, siguieron las protestas y la judicialización de la disputa tomó envergadura, con fallos divididos y apelaciones, en distintos puntos del país. La semana pasada, el gobierno apuró a la Corte para que resolviera sobre la constitucionalidad de las resoluciones oficiales. Pero más allá de la decisión del máximo tribunal, la batalla de las tarifas anudó un conflicto político que abre brechas incluso dentro del oficialismo y desafía al mismísimo programa económico oficialista.