El tiempo electoral se aproxima y se reacomoda la entente política que, vestida de oficialismo u oposición, sostiene la política económica. El traspié del proyecto de asociación público y privada en la Cámara baja es parte de ese juego, mientras que la discusión del presupuesto intensifica la disputa distributiva entre los actores politicos y pone el foco sobre los riesgos del nuevo modelo.
La combinación de acelerado reendeudamiento con recesión, baja recaudación, default inversor, creciente déficit y fuga de divisas inquieta a la coalición de la pos-posconvertibilidad porque pone el dedo en el modelo que se busca construir desde el cambio de gobierno. Ya no se trata de la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo, la desigualdad y la pobreza, el descontrol de precios y el ajuste tarifario, ejes funcionales de un programa de regresión distributiva.
Aun cuando es el más duro y peligroso en lo estructural, el oficialismo dejó ese frente en manos de la cúpula de la CGT, la Iglesia y los jefes territoriales, actores del reparto de los frutos del endeudamiento, convencidos todos de que la única paritaria admisible en esta etapa es la de la AUH y la jubilación mínima. Como se acordó en la mesa tripartita, toda otra institución laboral es una disfunción contraria a la "competitividad".
Pero por las vueltas de la lógica, los costos de este programa terminan por impactar en la alianza entre el gobierno y los capitalistas beneficiarios. La recesión lleva casi un año y la inflación no cede. El plan de recomposición de la tasa de ganancia funciona en lo sectorial pero arriesga la sustentabilidad macroeconómica. El reendeudamiento es hoy el único combustible de la maquinaria oficialista.
El ajuste y la desregulación de la cuenta capital no tuvo una contrapartida plena: los únicos dólares que entran son prestados, el resto se va. Seis meses después de sobreactuar el freno a la obra pública, el gobierno anuncia como una revolución neokeynesiana que la vuelve a poner en marcha.
Un breve trabajo de archivo permite inferir que el actual escenario no es el imaginado por el oficialismo hace un año, cuando festejaba una elección sobresaliente en la primera vuelta.
La semana próxima se cumple un año de la afirmación de Alfonso Prat Gay sobre el nulo impacto de la devaluación del dólar oficial en los precios. Fue, junto a la lluvia de dólares prometida por Macri, el inicio de una cadena de afirmaciones fallidas. La llamada apertura del cepo cumplió con los vaticinios: la mayor devaluación desde la crisis de 2001 y el mayor salto de precios, que llevó a los indicadores económicos y sociales a los peores niveles del nuevo siglo. La prometida inflación de entre 20% a 25% anual se duplicó y el primer trimestre, el segundo semestre y toda la familia mestre faltó a la cita. Se hundieron las economías regionales, ariete argumental de la devaluación.
El gobierno de Macri va a cumplir un año, de un mandato de cuatro. Dice en una publicidad que recién empieza. El cuento de la herencia, alimentado por desaguisados políticos de la anterior administración, convirtió esa rara sentencia en éxito de opinión pública. Es paradójico, la mayor herencia es el desendeudamiento, base de la política económica.
Otra paradoja es que Macri contará como aliado en el año electoral a su propio ajuste. Comparará números de la economía con los del fatidico 2016. Cuando el gobierno todavía no había empezado.
Por Hernán Cabrera
