El diputado Carlos del Frade presentó un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la planta de polioles de Dow Química en Puerto San Martín. La iniciativa responde al anuncio de la empresa de cerrar esa unidad productiva, y recoge un antecedente del año 2021, cuando la Cámara de Senadores de la provincia se expidió en ese mismo sentido.
El alcance de la expropiación propuesta por Del Frade incluye todos los activos productivos, los bienes inmuebles, muebles (registrables y no registrables), instalaciones y maquinarias necesarias para el desarrollo de actividades normales y habituales del establecimiento y la producción de "polioxi propilenglicol y éteres glicólicos”. Para dicho procedimiento se faculta al Ejecutivo Provincial a llevar adelante el procedimiento expropiatorio.
“Recuperamos el texto de la media sanción efectuada por la Cámara de Senadores de la provincia en octubre del año 2021”, reiteró el legislador, en el contexto del reciente anuncio por parte de la empresa del cierre de su planta santafesina, “decisión adoptada sin previo aviso ni mediación institucional, y que redundaría en la pérdida de 120 empleos, teniendo en cuenta los 40 trabajadores directos y otros 80 tercerizados”, agregó.
El legislador del Frente Amplio por la Soberanía advirtió que el cierre de la planta “tendría un fuerte impacto en las industrias locales y nacionales que dependen de los productos que allí se fabrican”.
Esta instalación es la única en el país que produce insumos indispensables para el poliuretano, un material esencial para diversas industrias. Por lo tanto, su clausura afectará a sectores como el de colchones, farmacéutico, automotriz, refrigeración, construcción, calzado, pintura y minería.
El legislador recogió en los fundamentos de su proyecto, además, las propias motivaciones argumentadas por la empresa para su decisión. A través de un comunicado, Dow señaló que el cierre “nada tiene que ver con el contexto actual de la Argentina ni de la provincia de Santa Fe en particular”.
Aún mas, el mismo Soepu apuntó: “Cuando preguntamos por qué no presentan un proceso preventivo de crisis, dicen que no atraviesan una crisis económica, sino que es una decisión global”.
La empresa ya había anunciado en 2021 su intención de cerrar la planta, con las consecuentes angustias e incertidumbres generadas entre los diversos colectivos afectados”. En su momento, “esta definición motivó la media sanción al proyecto de expropiación mencionado anteriormente”, agregó.
En aquel momento, la intervención del gobierno nacional y del gobierno provincial posibilitaron la creación de una mesa de trabajo que contó con la participación de los distintos niveles del Estado, la empresa y los trabajadores del sector y “así se evitó que la medida se concretara”, dijo el diputado.