Foto: Archivo / La Capital.
El Ejecutivo santafesino ya dejó en manos de los legisladores la proyección de gastos para el año próximo.
El proyecto de presupuesto provincial para el año próximo tendrá algunas características “inéditas”. Por ejemplo, será el primero que involucra montos “billonarios”, una característica asociada al proceso inflacionario. También debutan en la columna de los ingresos los primeros pagos relacionados con el convenio de cancelación de la deuda nacional con la provincia por la coparticipación.
En ese último caso, se trata de $ 25.000 millones que entrarán por el servicio de intereses y amortizaciones de los bonos entregados por la Nación para canjear la deuda histórica, reconocida tras una larga batalla judicial y cuya forma de pago se pactó más de seis años después del fallo de la Corte que le dio la razón a Santa Fe.
El ministro de Economía, Walter Agosto, explicó que esos recursos serán volcados a financiar el gasto de capital. Las erogaciones destinadas a la inversión pública en infraestructura incrementarán su participación en el total del presupuesto al 14,5 por ciento. “Dentro del programa de obras, hay muchas que comenzaron a ejecutarse en este segundo semestre e impactarán en el año próximo, como es el caso del plan Santa Fe + Conectada”, para el cual se presupuestan $ 15.000 millones”, dijo.
Dentro del presupuesto para obra pública destaca el acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba. “Es el proyecto más importante desde el túnel subfluvial”, enfatizó Agosto. La obra total demanda una inversión de u$s 400 millones. El primer tramo cuenta con financiamiento del Fondo Kuwaití y ya se están explorando alternativas para el segundo. El programa demanda también una ingeniería institucional. Para ello se crea una Unidad Ejecutora Biprovincial, que tiene a su cargo la responsabilidad técnica, administrativa y fiduciaria. Hasta tanto se designe personal específico, funciona con personal de los ministerios de Economía e Infraestructura, tanto de Santa Fe como de Córdoba.
El financiamiento para la obra pública se vuelve crítico en momentos que también se debate el presupuesto nacional y se especula con una desaceleración de las transferencias no automáticas del Estado central. El ministro aclaró que “se habla mucho de que habría algún tipo de recorte pero, hasta agosto, no se verificó una caída de esos recursos en términos reales”. En el acumulado desde enero, Santa Fe recibió un 24,8 por ciento más de recursos por este concepto que el año pasado.
En el marco de las discusiones entre la Casa Rosada y las provincias, el ministro de Economía nacional, Sergio Massa, instó en la última semana a los Estados subnacionales a incorporar más usuarios a la tarifa social eléctrica. El proyecto de presupuesto santafesino 2023 destinará $ 4.100 millones, un 35 por ciento más que el año pasado, a ese fin.
En materia de transferencias corrientes, Billetera Santa Fe contará con un presupuesto de $41.000 millones para 2023, lo que duplica el monto ejecutado actualmente, aunque esa diferencia será en realidad menor porque habrá una nueva ampliación presupuestaria para el tercer trimestre del año.
Hasta el momento, Economía no tiene en carpeta aumentar el monto del reintegro. “Las ampliaciones son para sostener las nuevas inscripciones, que entre diciembre de 2021 y agosto de 2022 pasaron de 1,3 millón de usuarios a 1,6 millón”, señaló el ministro.
Entre un año y otro, los números se inflan con el vertiginoso aumento de los precios. Así es que el presupuesto de $ 1,87 billón para 2023 más que duplica el del año anterior, aunque en la dinámica de ejecución presupuestaria de 2022 esa diferencia se achicará al 65 por ciento.
El proyecto de ley tributaria para 2023 contempla una actualización del impuesto inmobiliario rural y urbano por tramos: 15 por ciento en los rangos 1 y 2 de inmobiliario rural y 1 a 3 de inmobiliario urbano; 40% en los rangos 3 a 9 rural y 4 a 6 urbano, y 50% en los rangos 10 y 11 rural y 8 y 9 urbano. Respecto del inmobiliario rural, por tercer año consecutivo no se aplicarán los coeficientes de convergencia que operaban aumentando las variaciones e incrementando el impuesto a pagar.
Acerca de la patente única sobre vehículos, no se modifican las alícuotas y se fija un tope de aumento de 50 por ciento. “El tope se establece teniendo en cuenta los significativos incrementos en las valuaciones de los vehículos y las distorsiones que implicarían para la determinación del impuesto en determinados modelos”, explicó Agosto.
El tema fue consensuado entre funcionarios de Economía y representantes de municipios que concentran el mayor porcentaje de la recaudación del impuesto, incluidos Santa Fe y Rosario.
En el caso del impuesto de sellos se propicia una reducción de la alícuota general de 33 por ciento, pasando de 0,75% a 0,5%.
Asimismo, dentro de las políticas activas orientadas a producción e inversión, el presupuesto contempla $ 42.569 millones en concepto de gastos tributarios.
Agosto destacó que son recursos que la provincia “deja de recaudar en pos de incentivar diversas actividades productivas o determinadas conductas de los contribuyentes, a través de tratamientos impositivos diferenciales, deducciones y exenciones”.
Algunos ejemplos son la no actualización del inmobiliario rural de los pequeños productores por tercer año consecutivo, la estabilidad fiscal para pymes, que en promedio pagan una alícuota de ingresos brutos de 2,76 por ciento (la general es de 4,5%), el régimen de promoción industrial y economía del conocimiento, la eximición de la cuota sexta del inmobiliario para contribuyentes cumplidores, los descuentos de 40% y 45% por pago contado o adhesión al débito automático y las exenciones o prórrogas para los sectores productivos en situación de emergencia o desastre.
Y se asignan partidas presupuestarias continuar los programas de garantías estatales y subsidio de tasas de interés para préstamos a empresas santafesinas.
Por Tomás Barrandeguy
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