Desde la gestión libertaria denuncian la presunta cartelización del sector para captar más recursos y presionar al Ejecutivo
Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) encendieron las alarmas esta semana con un tarifazo anunciado de hasta el 40%. La medida, que afectará directamente a empresas de diversos sectores, llega en un contexto de alta tensión con el gobierno nacional.
Mientras las compañías aseguran que el aumento es indispensable debido al impacto de la litigiosidad y la inflación acumulada, desde la administración de Javier Milei denuncian una presunta cartelización del sector.
De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2024 se iniciaron 125.842 juicios relacionados con accidentes laborales, lo que representa un incremento del 6,8% respecto al año anterior.
Desde la cámara empresaria aseguran que este nivel de litigiosidad afecta negativamente al sistema productivo, encareciendo costos para empleadores y reduciendo la solvencia del sistema.
"El costo judicial en Argentina es desproporcionado. Los niveles de siniestralidad son similares a los de países como Chile y España, pero aquí la judicialidad es hasta 20 veces superior", señalaron desde UART.
Según las ART, esta problemática, combinada con la inflación, ha pulverizado los márgenes de ganancia, colocando al sistema en una situación crítica.
Frente a los reclamos de las ART, el gobierno adoptó una postura tajante. Reconociendo la gravedad de la situación, advirtieron que no se dispone de recursos para rescatar al sector. Más aún, señalaron que las compañías han recurrido a prácticas de cartelización, acusándolas de acordar aumentos de tarifas en conjunto para preservar sus márgenes.
Llamativamente la convocatoria de las ART está liderada por la aseguradora Experta, que pertenece al Grupo Werthein, entre cuyos dueños está el propio canciller argentino e integrante del gabinete de Milei, Gerardo Werthein. También está respaldada por otras grandes compañías como Galeno, Segunda Seguros y Provincia ART, ha generado preocupación en el Ejecutivo. "Las principales ART se han reunido para consensuar este pacto de supervivencia, dejando sin alternativas a los clientes del sector privado", afirmó una fuente gubernamental.
El tarifazo afectará a diversas industrias clave, como la minería, el transporte, el supermercadismo y la construcción, que deberán absorber los nuevos costos en un contexto de alta sensibilidad económica. Este aumento se da justo cuando el gobierno busca acelerar la desaceleración inflacionaria, con metas de llevar el IPC por debajo del 2,5% en el primer trimestre del año.
Provincia ART, aseguradora de los empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de organismos nacionales, también estaría alineada con esta medida, según fuentes del sector. El aval del gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, a los incrementos de esta aseguradora genera tensiones adicionales en el ámbito político.
La denuncia de presunta cartelización profundiza las críticas hacia las ART, acusadas de priorizar sus intereses corporativos en detrimento de la economía y del bienestar general. Aunque la UART niega haber impulsado aumentos, la falta de competencia real y la uniformidad en los incrementos refuerzan la sospecha de prácticas anticompetitivas.
"Es un tarifazo que no tiene justificación ética ni económica en el contexto actual. Se lo hace pagar a la industria y, por ende, a los trabajadores", destacó una fuente oficial que pidió reserva.
La firma CPC SA, una empresa de Cristóbal López, se prepara para la toma de posesión del corredor junto con una parte de la autopista a Buenos Aires
Por Gonzalo Santamaría
Por Elbio Evangeliste
