La fuerte presión del gobierno nacional para que las provincias adhieran a la ley de ART, que hasta el momento sólo cosechó el aval de la mitad de las jurisdicciones, volvió a despertar la polémica en Santa Fe, desde donde se plantearon fuertes cuestionamientos a la norma original por considerar que no beneficia la situación de ninguna de las partes en pugna: trabajadores y empresas. Sin embargo, el alto nivel de litigiosidad que muestran los números oficiales en territorio santafesino es la carta más fuerte que juega la Nación para acelerar este proceso, que tuvo su punto más claro en el cuestionamiento público que realizó el presidente Mauricio Macri al gobernador Miguel Lifschitz durante un acto en Carcarañá.
"Va en contra de los derechos de trabajadores y no resuelve el problema a las pequeñas y medianas empresas", planteó el titular de la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura y diputado oficialista del Frente Progresista Civico y Social, Miguel Solís, quien detalló que no hay consenso entre los legisladores de la mayoría de los bloques para avanzar en la aprobación lisa y llana de la ley nacional (no hay en la Legislatura ninguna ley en tratamiento), Sí existe predisposición, dijo, a recrear la iniciativa, incorporándole "reformas profundas, tal como hizo Córdoba", que básicamente consistirían en tres puntos: asegurarse la creación de mayor cantidad de juntas médicas en distintos puntos de la provincia, descartar el efecto suspensivo del salario que rige mientras dura el trámite administrativo y garantizar que, a diferencia de la legislación aprobada, los salarios de los peritos médicos y legales estén a cargo del Estado y no de las aseguradoras.
"Una cosa es la adhesión lisa y llana de la ley y otra incorporar modificaciones que se vienen conversando con distintos sectores", indicó el ministro de Trabajo santafesino, Julio Genesini, para "evitar cualquier tacha de inconstitucionalidad", agregó, teniendo en cuenta además que la iniciativa fue reprobada por eso en varios juzgados del país. "Lo ideal es avanzar en algo sustentable y con consenso", dijo, reconociendo que hay inquietud entre los empresarios por la disparidad en el cobro de las alícuotas por parte de las ART _respecto de provincias como Córdoba o Mendoza_ porque Santa Fe ostenta mayores índices de litigiosidad.
La ministra de Producción, Alicia Ciciliani, planteó la misma preocupación.
La ley de ART fue sancionada en febrero de 2017 en el Congreso de la Nación. El cambio más sustancial radica en que es excluyente que los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades laborales deben pasar primero por comisiones médicas jurisdiccionales. En caso de agotar esa instancia administrativa sin resolución, podrá pedir la intervención de una comisión médica central, radicada en Buenos Aires y finalmente a la justicia laboral de la jurisdicción en la que se encuentre la instancia médica inicial. Si bien es una ley nacional cada provincia debía adherir en su territorio.
Para el vicepresidente de Observatorio de Salud de los Trabajadores y docente de Medicina del Trabajo en la UNR, Jorge Kohen, el argumento de alta siniestralidad con la que se pretende empujar a Santa Fe a adherir a la norma es "una presión política inadmisible y los argumentos son falsos".
"Sobre 713.254 accidentes y enfermedades denunciadas en 2015 se iniciaron 104.168 juicios, es decir sólo el 14,7 por ciento. Si se observa el número total de trabajadores afiliados al sistema sólo el 1,3 por ciento recurre a la justicia", especificó.
"De los casi 10 millones de trabajadores afiliados al sistema de ART, sólo ese porcentaje hizo alguna vez un juicio", indicó.
"Como un reflejo fiel de la época actual, desde el 2015 a la fecha, según el último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sobre litigiosidad,han disminuido los juicios laborales con sentencia por accidentes y enfermedades laborales de 6.997 en el último trimestre 2015, a 1.650 en el último trimestre del 2017", detalló Kohen quien aseguró que "se incrementaron desde el DNU de Macri y la modificación de la ley, los juicios a la espera de ser tratados por un juez". El stock de juicios en espera, dijo, es de 337.000 expedientes. "Es decir esta modificación de la ley ni siquiera sirve para el objetivo que fue enunciado", argumentó.
Litigios: un debate abierto
En Santa Fe,según datos de la SRT, desde 2011 a octubre último, había en stock 43.884 actuaciones judiciales sin resolución, un argumento que la Nación esgrime como clave para alertar sobre la alta litigiosidad. "La verdadera causa por las cuales los trabajadores reclaman ante la justicia un resarcimiento de sus enfermedades o por accidentes de trabajo, radica en el altísimo nivel de rechazos que tanto las ART y las comisiones médicas. Constituye más del 55 por ciento la no aceptación de las presentaciones" aseguró Kohen .
Desde hace 15 años el índice de enfermedades laborales reconocidas por el sistema se mantiene estable entre 1,3 por ciento a 1,47 por ciento del total de los accidentes y enfermedades denunciadas ante la SRT. Por caso, no son reconocidas muchas afecciones psiquiátricas, cardiovasculares o cancerígenas producto del trabajo.
El titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) Juan Pazos _quien estuvo hace dos semanas en Rosario y reclamó la adhesión santafesina a la ley nacional_ puso el foco en ese punto. "Antes de la promulgación de la ley la siniestralidad venía bajando pero los juicios subiendo de manera exponencial, lo que no tenía ningún correlato", dijo el funcionario apuntando los cañones hacia "la industria del juicio que en el país representa entre 35 mil a 40 mil millones de pesos".
"Quizás este núcleo de gente no tenía interés de que estos juicios se acaben y llevaron la litigiosidad a niveles exorbitantes comparados con cualquier otro país de la región", agregó Pazo.
Puso énfasis además en la realidad santafesina al asegurar que midiendo esos mismos números, el índice de litigiosidad pasó en Santa Fe de 187.8 puntos en 2011 a 266.9 puntos en 2016, mientras que índice de incidencia de siniestros pasó de 72.3 a 53.4 puntos. Niveles que según dijo, bajaron en Caba que adhirió a la ley.
También para legisladores y funcionarios, la litigiosidad _ ínfima respecto del número de siniestros o enfermedades laborales_ es hija de la falta de respuestas de las ART al trabajador.
Así lo consideró el diputado del justicialismo y también integrante de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja santafesina, Luis Rubeo. "El propio ministro de Santa Fe reconoce que se termina en mayor cantidad de juicios porque las ART no dan respuestas", indicó el legislador quien aseguró que "hasta que no se generen mayores condiciones la ley no va a salir como está".
Rubeo indicó que como mínimo pretenden subir el número de comisiones médicas, fijando una por cada nodo provincial. "Eso sería lo ideal y generaría que haya una en cada uno de los grandes centros urbanos y también la posibilidad de fijar una comisión volante", dijo y aseveró: "Hasta que el gobierno nacional no decida la creación de más comisiones médicas en la provincia va a ser imposible que salga la adhesión, al menos creo que esa es la voluntad que expresamos los legisladores".
En la actualidad, en la provincia funciona una sola comisión con sede en Rosario.
Sobre ese tema hicieron eje los directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando Pazo se reunió con ellos y la junta directiva de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira) para analizar el tema. El presidente de la entidad, Alberto Padoán, indicó que la falta de comisiones médicas dispersas por el territorio es una limitante para avanzar en el aval a la ley en Santa Fe. Una demanda que chocó contra la voluntad oficial. "Primero adhieran a la ley y luego vemos la creación de las comisiones, no a la inversa", planteó taxativamente el titular de la SSN y fue más allá: "No encuentro fundamentos técnicos para la no adhesión", subrayó Pazo.
Aunque se asemeje al dilema del huevo o la gallina, para los políticos santafesinos no es un dato menor. "Quién nos garantiza que efectivamente con la adhesión se crearán más comisiones", dijo Rubeo y planteó que hoy "es un incordio el traslado para el trabajador cuando hoy sólo hay una en Rosario". Eso se agudizaría, planteó, "en el hipotético caso de que éste tuviera que iniciar cualquier demanda judicial, porque tiene que ser en el mismo ámbito donde funciona la comisión, lo que significaría litigar en los juzgados laborales rosarinos hoy colapsados", dijo.
El diputado provincial de Cambiemos Germán Mastrocola, señaló en un informe que publicó La Capital que "la mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en el país", ya que a mayor cantidad de judicialización es menor la capacidad de inversión.
Y también hizo énfasis en el costo que esto acarrea a las empresas. Según planteó Mastrocola, Santa Fe "tiene la mayor cantidad de juicios presentados en relación a otras provincias según la SRT y solo 4 de cada 10 iniciados tienen una sentencia paga". Por otra parte, "el porcentaje que paga el empleador por cada juicio laboral es el más alto del país, un 4,6 por ciento de la masa salarial declarada", agregó.
Rechazo gremial
Los gremios de la región fueron muy críticos sobre el tema y desde el año pasado cuando se aprobó insistieron en rechazar la adhesión de Santa Fe. A fines de 2017, el titular de la Bancaria de Rosario y referente del Movimiento Sindical Rosarino, Matías Layús, explicaba que "si bien la promesa ahora es que van a impulsar varias comisiones médicas, en realidad, se sigue privando al trabajador de la garantías de acceso a justicia y de juzgado especializado".
E insistió en que la forma más real de "evitar la proliferación de juicios es la implementación de comités mixtos de seguridad en el trabajo", demanda que el sector sindical viene realizando, ya que en la provincia hay una ley que fija su implementación.
