El cobro de peaje que Argentina dispuso entre Santa Fe y Confluencia generó disputa entre los usuarios de la traza.
El gobierno argentino defendió ante los embajadores de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay el cobro de peaje en el tramo norte de la hidrovía Paraguay- Paraná, entre Santa Fe y Confluencia. Fue durante una reunión en Cancillería de representantes de los países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, por el que se acordaron criterios sobre el transporte en esa vía navegable que recorre el interior del Cono Sur.
Los embajadores dialogaron sobre los aspectos jurídicos, técnicos y comerciales que rigen el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná. Se conversó especialmente sobre la aplicación por parte de la Argentina de una tasa retributiva de servicios prestados en la Vía Navegable Troncal en el tramo Santa Fe-Confluencia.
En 2022, tras una audiencia pública con la participación de oradores de la Argentina y distintos países de la región, se modificó el cuadro tarifario y se dispuso el cobro del peaje en el tramo Confluencia-Santa Fe, por el que circulan aproximadamente 20 mil barcazas por año. En enero pasado, el Ministerio de Transporte definió el monto en u$s 1,47 por tonelada.
El cobro de peaje -que se definió en 2010, cuando se aprobó la extensión de la vía navegable y se exigió ese mantenimiento a la empresa concesionaria- fue abonado por la gran mayoría de los buques y las barcazas, pero impugnado por otros.
La Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp), entidad integrada por los usuarios de la VNT de los cinco países signatarios del Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra” sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná, dijo que la decisión de la Argentina fue “unilateral”. Y aseguró que ese acuerdo determina que “las mercancías transportadas en tránsito aduanero internacional, no estarán sujetas al pago de gravámenes a la importación o la exportación, con excepción del pago de tasas por servicios efectivamente prestados”.
El gobierno argentino no acepta ese reclamo ya que la decisión de dragar y señalizar la vía es una decisión soberana de la Argentina para garantizar la seguridad de la navegación.
Así las cosas, la Administración General de Puertos (AGP), concesionaria del servicio desde 2021 tras 26 años de concesión a una firma privada, avanzó con la aplicación del cobro de un peaje en el tramo norte de la hidrovía. Las obras de mantenimiento y mejoras que justifican la percepción del peaje incluyen los ajustes de balizamiento, la renovación de los equipos necesarios para las tareas y distintas mejoras como el Sistema de Monitoreo, la ampliación de la red de hidrómetros, batimetrías y trabajos sobre el puente General Belgrano. Las mismas representan cerca de 15% del total del costo de mantenimiento de la vía navegable troncal, por un monto anual superior a u$s 20 millones.
El subsecretario de Asuntos de América latina, Gabriel Fuks, recibió en audiencia a los jefes de misión de Bolivia, Ramiro Tapia Sainz; de Brasil, Julio Glinternick Bitelli; de Paraguay, Juan Ramón Cano Montania; y de Uruguay, Carlos Enciso Christiansen. También estuvieron presentes en el encuentro José Landa, de la Administración General de Puertos; y el Capitán (retirado) Guillermo Bartoletti, por parte de la subsecretaría de Intereses Marítimos.
Según informó Cancillería en un comunicado, durante el encuentro se mantuvo “un fructífero y sincero diálogo respecto a la aplicación de dicha tasa y se conversó sobre aspectos jurídicos, técnicos y comerciales de la medida, a fin de consensuar el mejor curso de acción que redunde en el beneficio de todos los países miembros”.
Asimismo, “se coincidió ampliamente en la importancia del desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná como factor de integración regional”.
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