Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez regresará a Argentina una vez que la justicia de Brasil dicte el fallo final a pesar de que fiscalía, querella y defensa habían acordado el retorno al país de la joven. Mientras tanto, el juez analiza el pedido de la fiscalía para que la abogada argentina indemnice a las tres personas afectadas.

Agostina Páez tenía todo listo para seguir el proceso judicial por racismo en Argentina. En un giro de último momento en los tribunales de Río de Janeiro todo cambió y ahora deberá esperar el fallo final en Brasil, que estiman será a mediados de abril.

La decisión fue del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte y va en contramano de lo acordado por la propia fiscalía y la querella. “Nosotros acá preparando la caución, la plata, todo... Y el juez hoy falla que no. Cambió de idea: ella no puede volver a Argentina antes del fallo definitivo, o sea, 15, 20 días más acá. Yendo contra la opinión de la Fiscalía, de la querella... Rechazó la revocación de las cautelares hasta que presentemos los alegatos finales“, dijo la abogada de la joven, Carla Junqueira.

En este contexto, Guilherme Schilling Pollo Duarte analiza el pedido de un resarcimiento económico que realizó la fiscalía para las tres víctimas, empleados de un bar en Ipanema.

Una cifra millonaria para la abogada

La abogada Agostina Páez vacacionaba en Brasil con sus amigas. En ese contexto, la joven argentina realizó gestos racistas tras una discusión con empleados de un local gastronómico el 14 de enero. Como consecuencia, no pudo regresar a Argentina y estuvo bajo monitoreo con tobillera electrónica.

>> Leer más: Racismo en Río de Janeiro: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Tras más de dos meses de negociaciones y argumentos de las partes, la querella y la fiscalía habían logrado un acuerdo para que Páez siga bajo investigación de la Justicia, pero desde Santiago del Estero, su provincia natal. Sin embargo, en las últimas horas el juez Duarte negó esa posibilidad y analiza el pedido de indemnización de la fiscalía.

Según la última audiencia, los encargados de llevar adelante la investigación solicitaron que Páez abone 50 mil dólares a cada una de las tres personas afectadas. Así, la cifra total que debería pagar alcanzaría los 150 mil dólares. Aunque el juez aún no fijó los montos finales, la eventual condena incluiría una reparación económica directa. “No sé cómo vamos a hacer para pagar”, admitió la joven.

Reducción de cargos y penas alternativas

Según detalló la defensa, el caso tuvo un cambio sustancial: de las tres denuncias iniciales por injuria racial, la acusación fue reducida a un solo hecho con una pena mínima de dos años.

Esa pena, de acuerdo con el sistema judicial brasileño, podrá ser reemplazada por medidas alternativas, entre ellas servicios comunitarios en Argentina y pago de una reparación económica a las víctimas. De esta manera, Páez evitará la prisión efectiva

“Fue la peor experiencia de mi vida”

Al salir de la audiencia, Páez habló con la prensa y expresó alivio por la resolución, aunque aclaró que aún teme por su seguridad. “Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas”, afirmó.

También describió el impacto personal del proceso: “Fue la peor experiencia de mi vida”.

Según su testimonio, las personas que la denunciaron aceptaron sus disculpas y no realizaron nuevas intervenciones durante la audiencia. “Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido”, sostuvo.

Miedo y amenazas

A pesar del avance judicial favorable, la joven aseguró que continuará bajo resguardo hasta poder regresar al país. “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada”, explicó.

El caso de Páez había generado fuerte repercusión tanto en Argentina como en Brasil, en un contexto donde los delitos de injuria racial tienen un tratamiento particularmente severo en la legislación brasileña.