La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó ayer a la Corte Suprema ratificar el fallo que suspendió el alza en tarifas de gas, y el alto tribunal tiene previsto anunciar hoy su posición para terminaría con las especulaciones en un tema que considerado clave por el gobierno nacional y millones de usuarios.
Según adelantó ayer fuentes del máximo tribunal, que celebrará su acuerdo hoy a las 10, la Corte fallaría hoy sobre al vigencia o no del tarifazo, luego del dictaman de Gils Carbó, que no es vinculante.
En paralelo, el presidente Mauricio Macri ratificó ayer en un acto en La Rioja que la política energética seguirá "en la misma dirección".
El caso llegó a manos de la Corte tras un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que decidió frenar el tarifazo del gas en todo el país porque el gobierno no realizó audiencias públicas preliminares. El tribunal resolvió suspender los efectos de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía que había dispuesto los aumentos en el gas, y el gobierno apeló el fallo.
"El aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública", dijo la procuradora, quien recordó que fiscales de Río Gallegos, Mar del Plata, Zapala, Ushuaia, Río Grande, Córdoba, Neuquén, Rawson y Caleta Olivia "se expidieron a favor de la suspensión del aumento tarifario" por los mismos motivos.
Gils Carbó recordó que la ley 24.076 "dispone expresamente" que se deben realizar audiencias públicas "en forma previa a la adopción de ciertas decisiones" como ser el aumento en las tarifas del servicio.
"La postura del Estado nacional (que negó que esté obligado a realizar las audiencias públicas previas) implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios".
"Se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario", añadió la procuradora.
Además, consideró que los aumentos podrían "afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas" y así se "pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución". También valoró que los aumentos ponen en riesgo la "actividad económica de los comerciantes, las empresas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida las fuentes de trabajo".
Por otra parte, rechazó el argumento del gobierno respecto de las audiencias públicas que estipula la ley de gas fueron realizadas durante la presidencia de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005. Gils Carbó señaló que esas audiencias "no constituyen una instancia de información, consulta y participación suficiente" pues "allí no se analizaron concretamente las medidas adoptadas en las resoluciones 28/2016 y 31/2016". "Además la situación económica y social de los usuarios se modificó sustancialmente desde entonces, lo que le quita toda eficacia a esas audiencias como ámbito de discusión pública de cualquier decisión que se quiera implementar diez años después de su celebración", añadió.
La procuradora dijo que la ley 24.076 y el decreto 1738/92 disponen "la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria y fijan como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables". Además, destacó que sin audiencias previas "se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad" del incremento de la "tarifa final, que fue un aumento extraordinario".
El pastor evangélico y diputado provincial Walter Ghione cuestionó a la Iglesia Católica que pide ordenar y regular la actividad de trapitos y cuidacoches.
Por Nicolás Maggi