Quizá como una forma de nombrar lo inevitable, el gobierno resiste los ya múltiples pedidos para que se declare la emergencia alimentaria en el país. Ayer los movimientos sociales se movilizaron para pedirla, se reunieron con diputados opositores que no descartan una sesión especial para debatirla en el Congreso, se sumó la CGT al reclamo y se conformó una multisectorial más que amplia, en la que participan organizaciones sociales, sindicales, asociaciones empresarias, del agro y las iglesias que no dudaron en exigirla.
A través de un documento esa suerte de mesa de enlace social detalló las medidas para al menos atemperar el impacto de la devaluación de las últimas semanas. Desde Desarrollo Social de la Nación dijeron que nada otorgarán "bajo extorsión" y alegaron que no es necesaria la emergencia porque hay leyes anteriores que la contemplan.
"El gobierno nacional, electo democráticamente en 2015, no quiso, no supo o no pudo administrar las presiones de quienes tienen en la especulación financiera y el acrecentamiento de la propia renta el único parámetro de acción", señalaron en el documento la CGT, la CTA/Autónoma, la Unión Industrial Argentina (UIA), CTA/Trabajadores, el Frente Agropecuario Nacional (FAN) , Federación Agraria, Carbap, CTEP y la Pastoral Social, entre otras entidades y organizaciones.
El acuerdo multisectorial evalúa que las decisiones del gobierno nacional han llevado a "un impiadoso robo de la dignidad humana", algo que implica "un fuerte debilitamiento de la democracia y de los valores que fundan" la Nación.
Para la multisectorial llamada Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, la emergencia alimentaria debe contemplar el fortalecimiento de una canasta básica,"incrementando la Asignación Universal por Hijo en 5.834 pesos; aumento presupuestario para comedores y huertas escolares y comunitarias para mejorar la calidad y cantidad nutricional; la actualización de los montos del Programa Pro Bienestar del Pami y el aumento de la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados.
También piden "disposición de tierras públicas ociosas, a través de comodatos, para que puedan ser productoras de alimentos, trabajadas por organizaciones sociales y de la economía popular y que se habilite la recaudación de alimentos y artículos de primera necesidad en los espectáculos públicos.
En Diputados
Durante la jornada de ayer organizaciones sociales se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires (ver aparte) y en ese marco sus referentes fueron recibidos por diputados de la oposición en el Congreso nacional.
Los legisladores anticiparon que impulsarán una sesión especial la semana próxima, a fin de debatir en el recinto un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en todo el país.
El diputado Leonardo Grosso, adelantó la intención de la oposición de buscar unificar las cinco iniciativas presentadas en la Cámara baja y advirtió: "Si el Gobierno no toma medidas, la semana que viene vamos a realizar una sesión especial".
En tanto, la diputada nacional de Somos, Victoria Donda, afirmó que "si no se declara por decreto la emergencia alimentaria, la semana que viene lo vamos a estar haciendo desde el Congreso Nacional. Ellos (por Cambiemos) no tienen mayoría; la vamos a sacar por mayoría popular".
Del encuentro, que se realizó en el salón Delia Parodi de la cámara baja, participaron legisladores del FpV-PJ, el bloque Justicialista, el Frente Renovador, Red por Argentina, Movimiento Evita, Consenso Federal, Frente de la Concordia Misionero, Unidad Justicialista y Somos, así como referentes de Barrios de Pie, CTEP, la Corriente Clasista y Combativa y el del Frente Darío Santillán.
El martes, un grupo de intendentes bonaerenses encabezados por Verónica Magario entregó una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, en la que exigieron, con medio centenar de firmas, declarar la emergencia alimentaria. Y ayer la CGT le envió una carta al presidente Macri para que emita una declaración en tal sentido.
