Mientras el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central despliegan una artillería de instrumentos de deuda para estabilizar el dólar, la economía real recibe de lleno las consecuencias de la crisis. Consumo, empleo y producción, con la excepción de algún nicho atado al dólar, muestran los números en rojo que acompañarán el nivel de actividad por los próximos meses.
La encuesta de ejecutivos de Idea, el club de empresarios top y aspiracionales que fichan mayormente dentro del oficialismo político, admitieron en su última encuesta que están peor que hace un año. Dieron vuelta un optimismo que los acompañaba desde la asunción del presidente Mauricio Macri.
En la misma semana, la consultora Kantar World Panel mostró nuevas caídas en el consumo, que pegan fundamentalmente en los hogares más pobres. La retracción en este rubro, como lo describen también los informes de la siempre oficialista Came, nunca levantaron cabeza durante la actual administración. Esto no se refleja en los indicadores del Indec, que incluye en las mediciones consumos más suntuarios, como los de los autos importados, que ahora también comenzaron declinar.
El desempleo que se acentuó con la perdida de casi 100 mil puestos de trabajo registrados en los últimos cuatro meses, y la inflación que los privados ubican entre 3,5% y 4% mensual en el mes que marca la mitad del año, no auguran buenas noticias en el rubro que mueve el casi el 80% del PBI. La inflación de los trabajadores, que mide la Umet, dio como resultado un incremento de precios de 3,5% en el mes de junio. Las expectativas de consumo que mide el ICC que elabora en Rosario el centro de estudios Igualdad, mostró que más del 60% de los rosarinos ven que la economía está peor. Sin consumo, sin expectativas y sin intervención del Estado para sostener la actividad, garantizan la recesión en el segundo semestre del año. Como lo señaló el Cene de la Universidad de Belgrano, será la tercera estaflación de la era Macri.
La obra pública, que durante los trimestres electorales de 2017 llevó a la economía a protagonizar un repunte estadístico, no se muestra como traccionadora de actividad. Por el contrario, el recorte presupuestario de 2018 fue feroz y promete seguir así en 2019. De hecho, este y otros ajustes forman parte de la mesa de negociación que el gobierno nacional quiere armar con los gobernadores y el que llama "peronismo racional", un grupo de mandatarios que se vieron en aprietos en las elecciones pasadas y otro lote de legisladores que deben sus bancas y su protagonismo a un stock de escrúpulos tan bajo como el de sus votos.
En el medio de esas podas, en las que el gobierno avanza día a día con decretos y resoluciones, el gobierno de Santa Fe está por acordar con la Nación una fórmula de cancelación de la deuda acumulada por la detracción indebida de fondos para la Ansés, que se estima en 54 mil millones de pesos, a través de bonos y obras públicas. Aunque no está el detalle, figuran en el listado de obras ofrecidas para financiar, los proyectos que la Nación debe realizar porque están dentro de su jurisdicción, y no como una concesión graciosa a los Estados subnacionales. Son trabajos que, además, hoy están paralizados en el marco de la restricción presupuestaria que se impuso el gobierno como parte del ajuste ofreció al FMI a cambio del auxilio de 15 mil millones de dólares que puso a disposición este año. La misma cifra que se perdieron en reservas durante la corrida cambiaria de los últimos meses.
La lógica del pago de la deuda que durante esta administración se incrementó en 150 mil millones de dólares, guía la política presupuestaria para 2019. Un informe de Idesa es revelador: los servicios de la deuda se constituyeron en el segundo ítem del gasto público, detrás de las prestaciones sociales y por delante de los salarios del sector público, demonizados en la doxa oficialista como el origen del déficit fiscal.
El reendeudamiento es la novedad de la actual política económica. Un problema desactivado desde la crisis de 2001 fue repuesto y potenciado con una dinámica espeluznante por un gobierno que utilizó el financiamiento para garantizar los dólares que aseguren una salida de capitales equivalente. La crisis autoproducida se siente en el presente pero más se sentirá en el futuro. Una futura pesada herencia que los colectivos políticos deberían ya comenzar a explicar cómo la enfrentarán.