Desde el Poder Ejecutivo derogaron normativas que, según argumentaron, habían perdido vigencia o quedaron obsoletas
El gobierno nacional derogó 58 resoluciones y disposiciones relacionadas con programas de consumo, control de precios, comercio, importaciones e intervención en mercados. La medida se oficializó mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y forma parte del proceso de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei.
Según el Ejecutivo, las normas eliminadas habían perdido vigencia, quedaron sin aplicación práctica o fueron superadas por cambios regulatorios posteriores.
La resolución, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, sostiene que la acumulación de regulaciones provocó "superposición, desactualización y dispersión de normas", lo que generó incertidumbre jurídica tanto para empresas como para consumidores.
Uno de los principales cambios alcanza a los programas de financiamiento al consumo. El gobierno derogó la Resolución 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban el funcionamiento de Ahora 12 y, posteriormente, de Cuota Simple.
La decisión llegó después de la finalización de Cuota Simple en junio de 2025. El programa había reemplazado a Ahora 12 y permitía financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a tasas inferiores a las del mercado. Con la derogación, quedaron sin efecto todas las ampliaciones y actualizaciones dictadas entre 2021 y 2024.
Dentro del paquete de derogaciones, el Ejecutivo eliminó además una normativa accesoria vinculada a Precios Cuidados, el programa lanzado en 2014 para acordar valores de referencia en alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y otros productos de consumo masivo.
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La revisión también alcanzó a otras regulaciones comerciales, como las resoluciones 426/2022 y 296/2023 (obligaban a las empresas a presentar información sobre costos y comercialización de bienes). A su vez, quedaron sin efecto las resoluciones 254/2019 y 43/2022, relacionadas con procedimientos de autorización para importaciones. En total, fueron 30 normativas derogadas.
La resolución avanzó sobre el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (Feta), una herramienta creada en 2022 para contener el impacto de la suba internacional del trigo tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El gobierno derogó 22 normativas vinculadas al fideicomiso, entre ellas la Resolución 355/2022 y sus 19 modificatorias, que establecían la estructura operativa del fondo.
El Feta había sido impulsado durante la gestión del exsecretario de Comercio Roberto Feletti con el objetivo de subsidiar a los molinos y amortiguar el traslado de los aumentos internacionales a los precios internos.
Otra de las normas derogadas fue la Resolución 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, que establecía plazos para que los colegios privados informaran a las familias las condiciones económicas del ciclo lectivo siguiente.
Según el gobierno, la medida tenía carácter transitorio y ya había cumplido su objetivo. Además, se eliminaron otras cuatro normas que obligaban a las instituciones educativas privadas a comunicar anticipadamente sus aranceles. El Ejecutivo argumentó que ese esquema generaba aumentos preventivos y distorsiones en la formación de precios.
Por otra parte, también derogó la Resolución 236/2021, que permitía a adolescentes de entre 13 y 17 años presentar reclamos como consumidores a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.
La administración nacional consideró que la legislación vigente ya contempla mecanismos suficientes de protección para menores de edad y que la norma generaba una duplicación innecesaria de procedimientos.
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