Los acusados traían la cocaína desde el país vecino, habían ingresado a la Argentina por Salta y fueron detenidos en la ruta nacional 34 en jurisdicción de la provincia de Santa Fe
La Ruta 34 es un corredor para los envíos de cocaína desde Bolivia
Tres camioneros fueron imputados por la Justicia federal de Rafaela en el marco de una causa iniciada tras el secuestro de 388 kilos de cocaína, ocultos en los vehículos, que ante las autoridades quisieron hacer pasar como "ropa sucia". La sustancia fue incautada el viernes pasado en un control vehicular de Gendarmería Nacional sobre la ruta 34, a la altura de la localidad santafesina de Susana.
El juez de garantías Santiago Saux dispuso la prisión preventiva para los tres por el plazo de 121 días. En la audiencia, los fiscales federales Gonzalo Ruggeri y Federico Grimm imputaron a los dos conductores y a un acompañante por haber integrado una organización transnacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, cuyos restantes miembros aún no han sido identificados.
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El hecho fue detectado a la medianoche del 23 de julio en el marco de un operativo público de prevención realizado por el Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), a la altura del kilómetro N°210 de la Ruta Nacional N°34, en jurisdicción de la localidad de Susana, provincia de Santa Fe.
Según sostuvieron los fiscales, los estupefacientes se hallaban distribuidos en los dos rodados, que tenían patente de Bolivia. Al ser detenido uno de los camiones cisterna por el control vehicular, el chofer en principio se negó a la identificación y tampoco exhibió la documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
A raíz de esa actitud, un sargento advirtió un fuerte olor a combustible, lo que explicaron los representantes de Fiscalía como una maniobra que se utiliza para disimular el aroma de estupefacientes. Al mismo tiempo, el funcionario de la gendarmería observó cinco mochilas dentro de la cabina.
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Cuando se le preguntó sobre el contenido de esos bolsos, el camionero manifestó primero que era “ropa sucia”, pero luego admitió que guardaba “cosas prohibidas”. Tras la notificación a la Unidad Fiscal Rafaela, se tramitó la autorización ante el juez de garantías para la requisa, que arrojó el hallazgo de 10 mochilas con 228 ladrillos de cocaína, con un peso total de 239 kilos, distribuidos entre la cabina y la cisterna del camión.
La información de Migraciones que expuso Fiscalía indicó que el camión ingresó al país por la localidad de Salvador Mazza (en la provincia de Salta) el 22 de julio de 2026 a las 16.54. El segundo vehículo involucrado entró el mismo día a las 16.34, con 20 minutos de diferencia. A su vez, y según los registros, la Aduana de Pocitos aportó imágenes del escaneo de los camiones, que en ese momento estaban vacíos. Ello hizo presumir que la droga habría sido incorporada en territorio argentino.
Tras interceptar al segundo camión y luego de la autorización judicial, el conductor y el acompañante fueron detenidos y requisados. En base a ello, se constató que transportaba en el sector de la cisterna seis mochilas idénticas a las anteriores, con 142 ladrillos con resultado positivo para cocaína, con un peso total 149,500 kilos.
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“Los tres imputados obraron con dominio funcional del hecho y distribución de roles orientados a un fin común: recibir la sustancia estupefaciente, coordinar y ejecutar su traslado por vía terrestre en convoy, y concretar su entrega en el destino previsto dentro del país”, remarcaron los fiscales. En ese sentido, agregaron que “cada aporte, como el acondicionamiento y ocultamiento de la droga, la conducción de los rodados, la vigilancia y coordinación”, resultaron “funcionalmente” necesarios para la realización del plan.
Los fiscales calificaron las conductas como coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte. En la audiencia, el fiscal Grimm advirtió la existencia de elementos de convicción suficientes, como la organización transnacional donde los imputados tenían dominio funcional del hecho, el peligro de fuga por ausencia de arraigo, la pena en expectativa (seis a veinte años de prisión), y el valor de mercado de la droga estimado en más de $13.500 millones.
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El juez dio por formalizada la imputación en orden a los hechos, evidencias y calificación legal expuesta por la fiscalía e hizo lugar al planteo de medida de coerción. Al resolver, conforme a lo solicitado por los fiscales, ordenó la prisión preventiva por 121 días (igual plazo establecido para la investigación) para los tres, tras considerar la medida más adecuada para asegurar su sometimiento al proceso y evitar el entorpecimiento de la investigación.
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