Las dos ciudades están ubicadas en la costa norte de África, pero forman parte de España y de la Unión Europea, pese al reclamo de Marruecos.
Miles de marroquíes cruzaron a través de las vallas y alambrados la frontera con Ceuta, un enclave español en territorio africano.
Ceuta y Melilla constituyen una de las anomalías geográficas y políticas más singulares del mundo. Las dos ciudades se encuentran en el norte de África, están rodeadas por territorio marroquí y tienen al mar Mediterráneo como única conexión directa con el resto de España. Sin embargo, son ciudades autónomas españolas, utilizan el euro y forman parte de la Unión Europea.
Marruecos considera que ambos enclaves son territorios ocupados y reclama su incorporación desde que obtuvo la independencia en 1956. España, en cambio, sostiene que Ceuta y Melilla no son colonias, sino partes integrantes de su territorio nacional, con habitantes españoles, instituciones propias y representación política.
La continuidad del dominio español, el reconocimiento jurídico interno y la ausencia de ambas ciudades en la lista de territorios pendientes de descolonización de las Naciones Unidas explican por qué el reclamo marroquí nunca logró modificar su estatus.
El principal argumento histórico de España es que su presencia en Ceuta y Melilla comenzó varios siglos antes de la creación del actual Estado marroquí independiente.
Melilla fue ocupada el 17 de septiembre de 1497 por una expedición encabezada por Pedro de Estopiñán en nombre del duque de Medina Sidonia. Desde entonces quedó vinculada a la Corona española y adquirió una función principalmente militar y defensiva frente a la costa norteafricana.
La historia de Ceuta es diferente. La ciudad fue conquistada por Portugal en 1415 y quedó bajo la órbita de la monarquía española en 1580, cuando las coronas portuguesa y española se unificaron bajo Felipe II. Tras la separación de Portugal en 1640, Ceuta decidió permanecer junto a España. El Tratado de Lisboa de 1668 reconoció formalmente la soberanía española sobre la ciudad.
Estos antecedentes permiten a Madrid argumentar que las dos plazas no fueron incorporadas durante el protectorado español sobre Marruecos, establecido recién en 1912, ni arrebatadas al Reino de Marruecos cuando este alcanzó su independencia.
No obstante, esa interpretación es discutida por Rabat. Marruecos sostiene que la antigüedad de la presencia española no elimina el carácter colonial de los enclaves y que la pertenencia geográfica, histórica y cultural de las ciudades al norte de África justifica su restitución.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la situación de Ceuta y Melilla ante las Naciones Unidas. A diferencia del Sáhara Occidental o de Gibraltar, las dos ciudades no aparecen en la lista de territorios no autónomos elaborada por el organismo internacional.
Esto no significa que la ONU haya emitido una resolución específica reconociendo expresamente la soberanía española. Significa, de manera más precisa, que Ceuta y Melilla no están sometidas al procedimiento internacional de descolonización.
En 1975, Marruecos solicitó que las dos ciudades, junto con otros peñones e islas españolas de la costa africana, fueran incorporadas a esa lista. La iniciativa no prosperó y su condición no se modificó.
La situación difiere de la del Sáhara Occidental, incluido formalmente por la ONU entre los territorios pendientes de descolonización. Tampoco es idéntica a la de Gibraltar, que continúa bajo administración británica y sí figura en ese listado.
España utiliza esa diferencia como uno de sus argumentos jurídicos más sólidos: sostiene que Ceuta y Melilla forman parte de su organización territorial y no están administradas como posesiones externas o colonias separadas de la metrópoli.
Durante siglos, Ceuta y Melilla funcionaron principalmente como plazas militares, fortalezas defensivas, puertos comerciales y, en determinados períodos, centros penitenciarios. Su valor estratégico estuvo asociado al control del estrecho de Gibraltar, la navegación mediterránea y las comunicaciones entre Europa y África.
La Constitución española de 1978 contempló la posibilidad de que ambas ciudades accedieran a un régimen de autonomía. Ese proceso se completó en marzo de 1995, cuando las Cortes Generales aprobaron sus respectivos estatutos.
Desde entonces, Ceuta y Melilla cuentan con asambleas elegidas por sus habitantes, presidentes y consejos de gobierno propios. No poseen exactamente las mismas facultades legislativas que las 17 comunidades autónomas españolas, pero tienen competencias administrativas en materias como urbanismo, servicios sociales, cultura, turismo y medioambiente.
Sus habitantes con nacionalidad española participan de las elecciones nacionales, eligen representantes para el Congreso y el Senado y están sometidos a las leyes y tribunales de España. Esta integración institucional y demográfica refuerza la posición de Madrid: cualquier modificación de soberanía afectaría directamente a una población que, en su mayoría, posee ciudadanía española.
El ingreso de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 convirtió a Ceuta y Melilla en territorio de la actual Unión Europea sobre el continente africano. Sus habitantes utilizan el euro y tienen ciudadanía europea, aunque las ciudades conservan un régimen económico y fiscal especial.
Ambas forman parte de la Unión Europea, pero están excluidas de su territorio aduanero y del régimen general del impuesto al valor agregado. Esa excepción busca compensar su aislamiento geográfico y facilitar el comercio con el entorno marroquí.
Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla son, además, las únicas que conectan físicamente a la Unión Europea con África. Por esa razón, lo que ocurre en esos pocos kilómetros de alambrados, puestos aduaneros y pasos fronterizos puede transformarse rápidamente en un problema diplomático europeo.
La permanencia española no se explica solamente por razones históricas y jurídicas. Ceuta está ubicada frente a Gibraltar, en uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Melilla se encuentra más al este, cerca de la frontera de Marruecos con Argelia y de las rutas que comunican el Mediterráneo occidental con el norte africano.
Las dos ciudades sirven como bases militares, puntos de vigilancia marítima y centros de cooperación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, terrorismo y control fronterizo.
También tienen un fuerte valor simbólico. Para España, una eventual negociación sobre su soberanía implicaría aceptar que se trata de posesiones coloniales, algo que todos los gobiernos españoles han rechazado. Para Marruecos, en cambio, recuperar Ceuta y Melilla significaría completar su integridad territorial y terminar con lo que considera una presencia colonial europea en África.
La disputa territorial convive con otro conflicto: la presión migratoria. Para miles de personas procedentes de África y Asia, ingresar en Ceuta o Melilla equivale a alcanzar territorio español y europeo.
España y la Unión Europea levantaron vallas y reforzaron los sistemas de vigilancia para impedir los cruces irregulares. Las fronteras se convirtieron así en escenarios recurrentes de intentos masivos de entrada (como los ocurridos este jueves), devoluciones, denuncias por abusos y cuestionamientos de organizaciones humanitarias.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 24 de junio de 2022 en la frontera entre Nador y Melilla. Al menos 23 migrantes murieron, aunque organizaciones independientes elevaron la cifra, durante un intento de ingreso protagonizado por unas 2.000 personas. Los hechos provocaron reclamos de investigación y cuestionamientos por la actuación de las fuerzas marroquíes y españolas.
La migración también pasó a formar parte de las tensiones diplomáticas. Cuando la cooperación entre Madrid y Rabat se deteriora, el control de los pasos fronterizos suele convertirse en una herramienta de presión.
Marruecos nunca renunció formalmente a Ceuta y Melilla. Las define como ciudades ocupadas y sostiene que su situación es comparable con otras antiguas posesiones europeas que fueron restituidas durante los procesos de descolonización.
España responde que no existe ninguna negociación posible sobre su soberanía. En diciembre de 2020, el gobierno español convocó a la embajadora marroquí después de que el entonces primer ministro Saadedin Otmani afirmara que, tras resolver el conflicto del Sáhara Occidental, llegaría el momento de discutir la situación de las dos ciudades.
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