El Poder Ejecutivo pretende sumar herramientas para que los bancos puedan prestar con menor riesgo. Cuál es la variante bajo análisis.
Leonardo Vincenti
La Casa Rosada analiza una versión acotada del paquete de desregulación que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de acelerar su tratamiento en el Congreso. Entre las principales iniciativas figura una reforma destinada a ampliar el acceso al crédito hipotecario mediante nuevas herramientas financieras, mientras que los cambios previstos para el mercado de seguros quedarían para una etapa posterior.
El cambio de estrategia responde a la intención del Ejecutivo de evitar que un proyecto demasiado amplio encuentre resistencias legislativas. Por ello, el Gobierno busca avanzar primero con los capítulos que reúnen mayor consenso, especialmente aquellos vinculados al mercado de capitales, el sistema financiero y el mercado inmobiliario.
La propuesta forma parte de una agenda económica más amplia que incluye la reforma electoral, modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, considerados prioritarios antes del tratamiento del Presupuesto 2027.
Uno de los ejes centrales del proyecto es incorporar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) como respaldo complementario de los créditos hipotecarios. La iniciativa no modifica la hipoteca tradicional sobre el inmueble, sino que incorpora una garantía adicional para reducir el riesgo de los bancos y facilitar el acceso al financiamiento.
El esquema prevé que las SGR cubran parte del riesgo de incumplimiento del deudor, mejorando la calidad de las carteras crediticias. Con ello, las entidades financieras podrían otorgar más préstamos y, posteriormente, transferir esas carteras al mercado de capitales mediante fideicomisos financieros o instrumentos respaldados por hipotecas.
El Gobierno considera que este mecanismo permitiría generar un circuito más dinámico: los bancos recuperarían liquidez al vender las carteras de créditos, mientras que los inversores accederían a títulos respaldados por el flujo de pago de las hipotecas.
La iniciativa se apoya en antecedentes recientes. En junio, el Ministerio de Economía adecuó el marco regulatorio de las SGR para armonizarlo con las normas del Banco Central y habilitó la emisión de certificados de garantía con firma digital. Sin embargo, esa modificación no creó un sistema específico para hipotecas, por lo que aún restan definiciones regulatorias sobre el alcance de las garantías, los perfiles de los beneficiarios, los límites de cobertura y el tratamiento prudencial para las entidades financieras.
Además del capítulo hipotecario, el proyecto contempla medidas de desregulación para el mercado inmobiliario, entre ellas cambios en el régimen de corredores y martilleros, con el objetivo de reducir barreras de ingreso, fomentar la competencia y disminuir los costos de las operaciones.
No obstante, el plan aún se encuentra en elaboración y no tendrá efectos inmediatos. El Ejecutivo deberá definir aspectos clave para su implementación, como el rol de las SGR, las condiciones de acceso al crédito y los mecanismos de supervisión por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
También deberá enfrentar desafíos como el riesgo de descalce de moneda, especialmente si se promueven préstamos en dólares para personas con ingresos en pesos, además de garantizar que el sistema resulte atractivo para bancos e inversores.
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