Coyuntura económica: el paso a paso de Sergio Massa

Tras su “trimestre de oro”, cuando logró contener la corrida cambiaria merced al dólar soja y la relación con los organismos internacionales de crédito, el ministro de Economía, Sergio Massa, se adentró en el barro del conflicto distributivo.

En el medio de una sequía preocupante para la producción y las divisas, atacó el nuevo repunte de los mercados paralelos de cambio con una nueva edición del tipo de cambio especial para la exportación sojera, con la intención de asegurar las reservas y su objetivo principal: cumplir con el FMI, al que considera garante de su gobernabilidad.

Mientras aplica un ajuste fiscal ortodoxo y devalúa el peso sin prisa pero sin pausa, echa mano de algunas herramientas heterodoxas para administrar la escasez de dólares y la abundancia de expectativas de rentabilidad. Abandonó el dogma de no intervención en el mercado de productos de consumo masivo y apostó a fortalecer el programa de Precios Justos en busca de desacelerar la inercia inflacionaria. Y al Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira) para frenar la salida de dólares e incentivar la salida del stock sobreimportado para aprovechar la brecha cambiaria.

La audacia se frenó en la disputa salarial. Puso en el freezer las propuestas de subir el piso de ingreso a través de una suma fija y dejó la suerte del ingreso librada a la heterogénea marcha de las paritarias y a los bonos acotados y excepcionales. Otra forma ortodoxa de buscar un ancla inflacionaria a costa del consumo y la actividad económica.

Paso a paso

Las metas de Massa son módicas y urgentes. Se entusiasma con cerrar el año con un aumento del IPC que no supere los dos dígitos. El 4,9% de noviembre lo pone más cerca de lograrlo. La magia de la política le regalará el saludo victorioso del Frente de Todos. Una gracia que no tuvo su antecesor, Martín Guzmán, cuando en el mismo mes del año pasado, logró tocar el piso de 2,5%.

La desaceleración del índice de precios agita la próxima discusión, relacionada con un programa de estabilización para 2023. En su último informe de coyuntura, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), analizó las “dos lecturas” que aparecen a la hora de discutir “algún esquema de shock" que busque reducir en poco tiempo la inflación a niveles de 2 ó 3% mensual. Por un lado, señala, están quienes “buscan un fuerte cambio de precios relativos antes de entrar en un período de estabilidad”. Y cita dos corrientes que, dentro de ese grupo, coinciden en prescribir una fuerte devaluación. La más ortodoxa, que la propone sin cortapisas, y la “heterodoxa”, que plantea acompañarla con “una fuerte recomposición de los sectores de menores ingresos".

El centro de estudios que conduce Andrés Asiaín está en la otra vereda. Entiende que no se puede avanzar en un cambio de precios relativos si no se ensaya primero una política de estabilización. El argumento es que un shock devaluatorio inicial generaría más inflación y más inercia, lo que volvería a desalinear los precios.

Por eso, considera que el bisturí debe apuntarse a los sectores que cuentan con “un exceso de rentabilidad, fruto de los aumentos acumulados en los últimos años por encima del resto de los precios”. Alimentarias, textiles, fabricantes de insumos para la construcción son algunos de los sectores con “colchón” para absorber subas de costos sin necesidad de trasladarlos. “Para lograrlo es elemental dar la discusión no sólo a partir de la Secretaría de Comercio sino poniendo sobre la mesa toda la interacción entre el Estado y el sector privado”. Es decir, las políticas de asistencia, de facilidades crediticias y la disponibilidad de dólares para sus importaciones. “Algo que recién ahora parece empezar a darse”, señala el centro de estudios.

Precio de los precios, el más debatido es el tipo de cambio oficial. Por distintos motivos, liberales y algunos economistas heterodoxos coinciden en reclamar un “sinceramiento”. Para el Ceso, “no hay mucho margen para continuar con la apreciación cambiaria pero es acertado evitar una devaluación brusca porque, en este escenario, aceleraría fuertemente la inflación”. En rigor, desde julio el gobierno busca que la devaluación mensual siga el ritmo de la inflación, incluso alguna décima por encima.

En su análisis, un programa de rápida desaceleración inflacionaria obliga a resolver “cuestiones operativas relevantes”. Por ejemplo, algún mecanismo de resolución de contratos hacia, que resuelva la variabilidad temporal de la indexación. Recuerdan que la tabla de desagio cumplió este rol en el Plan Austral.

Viejos planes

El recuerdo de viejos los planes de estabilización es frecuente en esto días. El economista Jorge Vasconcelos, del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), menciona al programa creado por Juan Sourrouille y a la convertibilidad, como ejemplos de “ajustes no recesivos”, cuyo éxito inicial estuvo basado en “la consistencia, credibilidad y apoyo” que tuvieron.

En su opinión, la economía argentina actualmente “no necesita un importante ajuste en el gasto agregado” pero “sí una mejora en las cuentas del sector público”. El déficit de cuenta corriente, que mide “el desequilibrio de gasto de una economía”, es de 0,3 % del PBI, cuando hace unos años era del 5%. Eso, señala, daría un margen para que el ajuste fiscal no derive necesariamente en una recesión, siempre que “sea compensado por un mayor gasto del privado, por más inversión y consumo y menos ahorro”.

Cabe aclarar que el camino del reducción del gasto publico ya se inició. “Como en los primeros meses de 2021 el gasto primario se había retrasado, la comparativa interanual favorece a 2022, pero a partir de julio se invierte la tendencia y el gasto se está reduciendo a una tasa significativa desde entonces”, señaló el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) en su último reporte.

La misma Fundación Mediterránea lo reconoce: “La política monetaria ya no es expansiva como lo fuera hasta mediados de año y la política fiscal se moderó, con el recurso de un gasto público que evoluciona por debajo de la tasa de inflación en la medición interanual”, señaló en su último informe de coyuntura.

Aun así, aclaró que “las presiones inflacionarias subyacentes no se han aplacado” porque el dólar soja y las compras en el mercado secundario de deuda del Tesoro activaron “factores de emisión monetaria que acumulan el equivalente a 2,9 puntos del PBI, a lo que se suman los 4 puntos que se contabilizan por el pago de intereses de Leliq”.

Las reservas

Paso a paso, Massa prioriza la acumulación de reservas, que siguen en terapia. En cada informe mensual, Mate recuerda una de las causas primordiales de esa debilidad. “Los dólares generados por el superávit comercial con el exterior se fueron porque el sector privado los usó para pagar intereses y deuda contraída durante el gobierno anterior (u$s 12.000 millones), para fugarla mediante diferentes mecanismos habilitados por la regulación cambiaria (u$s 7.000 millones), y porque el sector público, a pesar de la renegociación de la deuda, siguió pagando intereses (13.000 millones)”, señaló.

Para colmo, en 2022 el superávit comercial se redujo drásticamente respecto de 2021. Esta caída, advierten desde el grupo de trabajo que conduce Sergio Arelovich, impactará en las reservas más adelante porque se postergaron pagos por importaciones ya realizadas por u$s 7.500 millones y se cobraron por adelantado exportaciones que todavía no fueron hechas por u$s 1.900 millones”.

Este escenario no capta todavía todo el impacto potencial de la sequía que, como lo indicó Juan Manuel Garzón, del Ieral, amenaza cada vez más los flujos productivos del 2023. En un escenario moderado, el economista estima que las exportaciones asociadas a la actual campaña agrícola serían de u$s 36.400 millones, unos u$s 6.600 millones menos que las del ciclo previo. En el escenario pesimista, se ampliaría la caída a u$s 10.400 millones.

Actividad económica

El costo de la falta de lluvias se mide en dólares pero también en actividad económica. En su mensaje de fin de año, el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Eduardo Borri, recordó que el sector viene de dos años “con viento a favor”, que les permitió crecer en ventas y crear 6.000 puestos de trabajo más por año. Pero ahora los golpea la sequía. “Lo que hoy se produce se vendió hace seis meses, pero ahora se vislumbra una baja en las ventas del 70%”, advirtió. A diferencia de 2020, no cuentan ahora con una tasa de interés que los ayude a promover la inversión de los productores.

Si bien el Indec sorprendió con un dato de crecimiento cercano al 6% para el tercer trimestre, lo cierto es que, aun sin computar el efecto climático, la actividad viajaba al 10% interanual hasta la crisis política de mediados de año y hoy lo hace casi a la mitad. “Sigue con su tendencia positiva aunque se sigue observando, mes a mes, un aplanamiento de la curva”, señalan desde Mate.

Según el “índice Ieral”, elaborado en base a la recaudación de impuestos asociados al mercado interno, la actividad bajó 0,4% real en octubre y 0,8% en noviembre.

En tiempos turbulentos y de crisis distributiva, el crecimiento de la actividad y el empleo son los principales activos de la actual política económica. A pesar de la pandemia se crearon 700.000 empleos desde el comienzo de mandato de Alberto Fernández, recordó Mate, aunque aclaró que “más de la mitad del trabajo registrado generado en este período corresponde a nuevos monotributistas”. Con datos a septiembre, el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) aportó un dato optimista: el empleo privado registrado creció 0,4% mensual y está a 47 mil empleos de recuperar el nivel anterior al gobierno de Cambiemos, durante el cual se perdieron 276 mil puestos.

Con 21 meses consecutivos de crecimiento en el nivel de ocupación, el desafío de este activo será sobrevivir al ajuste prescripto por el FMI y ejecutado por Massa. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) recordó que si se cumplen las previsiones del presupuesto 2023, el año próximo será el segundo consecutivo de reducción del gasto primario. Un fenómeno poco visto en un período de elecciones presidenciales. De hecho, en las ultimas siete, sólo hubo una que coincidió con una baja interanual del gasto público primario. Fue en 2019.