Advierten que cada vez más familias no logran afrontar el alquiler y que las deudas ya arrastran a garantes y fiadores. "En 20 años nunca vi una situación tan compleja como ésta", afirman desde el Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda
Foto: Héctor Rio / La Capital
El pago de alquileres se ve afectado por el atraso salarial.
El análisis de los últimos cambios en torno a los alquileres en Rosario arrojó un dato preocupante este jueves. Un especialista del Concejo Municipal advirtió este jueves que los índices de morosidad actuales oscilan entre el 8 y el 9 por ciento, cifras que superan largamente el nivel histórico.
El coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda, Ariel D'Orazio, señaló que sienten "mucha preocupación" en el organismo estatal ante la situación de los inquilinos. "Vemos que se han incrementado las consultas por problemas para hacerle frente al pago mensual", comentó a través de La Red Rosario.
El aumento de los casos de familias que ya no pueden afrontar el pago del alquiler es uno de los temas principales de la agenda local. En este sentido, el funcionario manifestó: "Hay mucha morosidad en comparación con años anteriores. Hablamos de un 8 o 9 por ciento, es muchísimo ese número. Recordemos que los índices históricamente eran del 1 %".
El subdirector de la Oficina Municipal del Consumidor confirmó que las deudas de los inquilinos suelen generarse inicialmente alrededor de los impuestos y las expensas. Sin embargo, el registro de atrasos en el cobro por parte de los dueños de las viviendas es más que una situación aislada: "Con la cantidad de casos que hemos recepcionado desde el año pasado, ya es alarmante".
Antes de incumplir con el alquiler, los locatarios prefieren dejar de lado otras obligaciones. "Lo primero que dejan de pagar a veces es la TGI o el API", comentó D'Orazio.
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El relevamiento de los trámites en el organismo dependiente del Concejo señala que no sólo hay atrasos ocasionales de uno o dos meses. También empezaron a recibir consultas sobre conflictos más graves: "Otros ya han sido intimados, no sólo los inquilinos sino también fiadores y garantes".
"Hay situaciones en las cuales tenemos que trabajar para regularizar la deuda y situaciones en las que tenemos que trabajar para finalizar de manera anticipada esos contratos", explicó el funcionario. En este último caso impulsan la firma de convenios de desocupación y un plan de pagos, aunque esto no implica un solución de fondo.
El referente del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda advirtió que los casos más delicados son los de las familias que no tienen dónde ir cuando se vuelve imposible pagarle al dueño. Sobre esta cuestión, enfatizó que la salida "se torna más compleja y más angustiante".
Cuando se genera el atraso, los integrantes del organismo municipal apuntan a "evitar la judicialización porque es un problema mucho más severo". Frente a los gastos y la deuda que se incrementa, el coordinador concluyó: "No es conveniente para ninguna de las partes intervinientes en el contrato".
En algunos casos, las familias deben mudarse a un lugar más barato porque sus ingresos quedaron desfasados frente a la inflación. A la hora de revisar los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), D'Orazio apuntó que los alquileres subieron un 60 por ciento y prácticamente duplicaron la variación general del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
"A pesar de que se derogó la ley, el mercado se fue incrementando con mayor voracidad", manifestó el funcionario respecto de los cambios en los últimos dos años. Además destacó que los nuevos contratos no sólo tienen aumentos con mayor frecuencia en plazos de tres o cuatro meses, sino que también incluyen cláusulas que acaban por "trasladar responsabilidades económicas de dueños a inquilinos". En esa lista incluyó las expensas no habituales y el 50 % de la TGI.
A la hora de analizar la situación actual a nivel local, el subdirector de la Oficina Municipal del Consumidor recordó que un departamento con dos dormitorios cuesta unos $ 600.000 en promedio, de acuerdo a un relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso). Si se suma un 15 o 20 por ciento de expensas junto con el pago de servicios, tasas e impuestos, una familia de Rosario debe gastar un millón de pesos mensuales.
Por último el representante del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda remarcó que las deudas generan problemas mucho más complejos cuando están vinculadas a despidos. Al respecto: señaló: "Vemos gente que se ha quedado sin laburo y tiene que salir a buscar una forma de no endeudarse y no comprometer a sus garantes".
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