“La solución de este conflicto está en manos del gobernador de Santa Fe”. Así de tajante fue el secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Rosario, César Aybar, a la salida de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia para intentar una conciliación en el conflicto laboral en el puerto de Rosario. La instancia de negociación fracasó luego de que la concesionaria de los muelles I y II, Terminal Puerto Rosario (TPR), decidiera abandonar la reunión y ratificar el despido de 50 trabajadores.
Mientras los obreros portuarios calentaban el asfalto de la calle Ovidio Lagos, frente a la sede de la cartera laboral rosarina, representantes del Supa, de los ministerios de Trabajo nacional y provincial y del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) asistían a la negativa de la empresa de continuar en ese espacio de negociación.
“Estaban todos los funcionarios habidos y por haber, está claro que TPR no quiere solucionar el conflicto sino profundizarlo”, señaló Aybar a este diario, al tiempo que reiteró su convicción de que la concesionaria del puerto “no está dando ya una discusión salarial sino plantándole un conflicto político al gobernador”.
El sindicato reclamó formalmente el lunes, durante una reunión en el Enapro, que el Estado provincial rescinda el contrato con TPR, cuyas propietarias son Vicentin y la chilena Ultramar, para gestionar las terminales multipropósito del puerto. El argumento es que la firma acumula “múltiples irregularidades e incumplimientos, desidia y falta de inversión”. De hecho, el ente regulador apercibió en más de una oportunidad a la empresa.
“No puede ser que todos los santafesinos sigamos rehenes de la empresa Vicentin, con todos los delitos que cometió y sigue cometiendo”, insistió Aybar, y agregó. “Esta situación no da para más, la decisión sobre cómo se resuelve el conflicto la tiene el gobernador”.
Tras el fracaso de la audiencia de ayer, en la que se dejó constancia de la incomparecencia de la empresa, el gremio presentó una denuncia penal en la Fiscalía federal de turno por “retención indebida de aportes previsionales y patronales” contra la concesionaria.
El conflicto portuario se reaviva en forma intermitente desde hace un tiempo. Pero la semana pasada se espiralizó cuando la empresa decidió pagar la mitad del salario a los trabajadores y llevar adelante despidos, a pesar de que estaba vigente la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Esa cartera había intervenido para intentar encauzar una disputa salarial, ya que el Supa realizó medidas de fuerza en noviembre en apoyo a su reclamo de actualización de la paritaria anual. En un comunicado difundido el miércoles pasado, la concesionaria defendió su decisión de no abonar los salarios caídos a los trabajadores que “no prestaron servicios” en aquel conflicto y de despedir a trabajadores que “atentaron contra la vida de los empleados y los bienes de TPR”.
Para sostener su pelea, los trabajadores del Supa mantienen un corte parcial en los accesos al puerto, sobre avenida Belgrano. Hacia allí se dirigieron en los últimos días referentes políticos y sociales para expresar su solidaridad. También fue escenario, el lunes, de un extraño incidente. Un automovilista detuvo su Corsa blanco y efectuó disparos, obligando a los obreros a tirarse cuerpo a tierra.
Intervención provincial
Ese mismo día, durante su presencia en el brindis de fin de año de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), el gobernador Omar Perotti se mostró preocupado por el conflicto. “Ojalá las conversaciones empresa y trabajadores encuentren cauce para resolverlo, más allá de las particularidades propias del desempeño de quien tiene hoy la concesión”, dijo a este diario. Y reconoció que, “por otro andarivel”, el ente de control “viene haciendo un seguimiento exhaustivo de cuáles son las responsabilidades” de la operadora portuaria.
De hecho, el Enapro, cuyas autoridades no contestaron la requisitoria de este medio, intimaron a la empresa en más de una oportunidad por incumplimientos en los compromisos de inversión. De hecho, la nueva gestión echó por tierra una negociación encarada por los anteriores administradores para extender la concesión a TPR a cambio de realizar las inversiones que, entiende el organismo, ya estaban estipuladas en el contrato. Un capítulo reciente de esta tensión es el desplazamiento del representante de la concesionaria del puerto multipropósito del directorio del ente, y su reemplazo por el titular de la concesionaria de los muelles graneleros VI y VII.
Según la federación que nuclea a los trabajadores portuarios en todo el país, el conflicto portuario podría nacionalizarse.
