El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se reunió ayer con ex secretarios del área para conformar un consejo consultivo y negociar un "acuerdo federal" con partidos políticos y gobernadores que habilite un aumento de tarifas energéticas. Al mismo tiempo, reforzó la presión para que la Corte respalde el tarifazo al gas.
Aranguren precisó que las audiencias públicas para analizar los cuadros tarifarios serán en octubre, manteniendo así en suspenso la convocatoria que había anunciado a principios de semana, con la atención puesta en algún pronunciamiento favorable de la Corte la semana próxima.
Fuentes del sector refirieron que, de no mediar una instrucción o recomendación judicial específica sobre el tema audiencias, el ministerio descartará su realización y ratificará la ya prevista y anunciada para octubre en el marco de la revisión tarifaria integral (RTI).
A la defensiva por la reacción social que provocó su tarifazo, Aranguren recurrió al grupo de ex secretarios con los que se ha venido relacionando en los últimos años para dar un contragolpe.
Los lobbistas crearon un consejo consultivo federal permanente "para trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios para el establecimiento de políticas energéticas de mediano y largo plazo junto al Estado nacional", comunicó el Ministerio de Energía.
Sus integrantes son los ex secretarios Daniel Montamat y Emilio Apud (ahora directores en YPF), Jorge Lapeña (actual director en la estatal Enarsa), Alieto Guadagni, Julio César Aráoz, Alberto Devoto y Raúl Olocco.
Aranguren insistió en que si la Corte no autoriza el nuevo cuadro tarifario del gas "los pobres seguirán subsidiando a los ricos". Para el ministro, "pase lo que pase" con la decisión del tribunal, "tarde o temprano hay que recuperar el costo económico de generar energía".
Respecto del acuerdo federal, señaló que esperaba lograrlo "antes de fin de año" y que la intención "es lograr condiciones para tener una política de Estado del sector energético", basada en los 14 puntos de un documento elaborado por los ex secretarios durante la campaña presidencial.
Respecto de su participación el martes próximo ante distintas comisiones de Diputados, Aranguren expresó: "Vamos a explicar lo que hicimos y lo que vamos a hacer". Luego destacó que "a partir de la intervención de la Corte vamos a tener una respuesta sobre un tema crucial para saber cuál es la capacidad de las empresas para abastecer" tanto de gas como de electricidad.
Sobre las críticas de la oposición al tarifazo, indicó que "tenemos el respaldo político del 52 por ciento que votó a Mauricio Macri" y puntualizó que el gobierno instrumentó una tarifa social que "alcanza a 3,8 millones de hogares en el caso de la electricidad y que en el del gas a 1,5 millón de hogares, a los que hay que sumar los 2,6 millones que reciben la garrafa social".
Los ex secretarios respaldaron la posición del gobierno, entre ellos Montamat, quien puntualizó que "las audiencias públicas no se podían hacer antes de octubre", mientras que Lapeña cuestionó a los candidatos que suscribieron el documento que ellos elaboraron y que ahora "muestran incongruencias respecto de lo que firmaron".
El pastor evangélico y diputado provincial Walter Ghione cuestionó a la Iglesia Católica que pide ordenar y regular la actividad de trapitos y cuidacoches.
Por Nicolás Maggi