Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

El espacio público sigue en debate pese a la llegada de las fiestas de fin de año. Y en este contexto, el jefe coordinador del Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, adelantó que en 2026, el de los cuidacoches "será un gran tema a abordar, luego de haber duplicado la cantidad de personas demoradas ejerciendo esta actividad en 2025 en comparación al 2024". El tal sentido, el funcionario del Palacio de los Leones adelantó que abordará tanto la actual normativa como el desarrollo de tecnología con inteligencia artificial a través de las cámaras de videovigilancia para "enfocar el tema y detectarlos, sin que los vecinos tengan que denunciarlos". Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, consideró que en el marco de la autonomía se podrá trabajar en forma articulada con la provincia para "acabar con la extorsión de los trapitos".

La discusión sobre un tema complejo de múltiples aristas vuelve a generar debate, máxime cuando el primer proyecto para identificar a quienes cuidaban autos con pechera y DNI se había hecho en 1995. En estas décadas, el Palacio Vasallo produjo iniciativas más punitivas, como la prohibición con arresto de los cuidacoches, o aquellas que lo reconocían como un trabajo, con un registro oficial y aportes. En el medio, quedaron proyectos de reinserción en el mercado laboral y hasta la creación de cooperativas.

Cuidacoches y videovigilancia

"Sin dudas es un tema para el año que viene, un eje a profundizar y estamos de acuerdo en tratarlo en lo normativo pero también en lo operativo. Y además de estar incorporando más control físico en las calles con inspectores, también apostamos a incorporar tecnología, desarrollando un sistema de cámaras de videovigilancia (se terminarán colocando unas 6 mil para febrero en la ciudad) que mediante inteligencia artificial os permitirá un monitoreo no solo de la movilidad en materia de estacionamiento, sino enfocar cuidacoches y detectarlos. Vamos a incorporar todos los medios que están a nuestro alcance para que seamos nosotros quienes veamos situaciones anómalas sin que los vecinos necesariamente tengan que denunciarlas", marcó Biazzi.

Por su parte, la secretaria Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti, sumó su mirada sobre la problemática. "El articulo 300 del Código de Convivencia no da potestad para que los agentes actúen más que en el registro labrado del acta, ahora con un contexto de autonomía se podría avanzar a facultades más profundas que tengan que ver con la aprehensión de personas y luego remitirlas a la Justicia. También es real que con mayor cantidad de cámaras se generan registros y pruebas de algo irregular y pueden servir como elemento para corroborar la comisión de la falta tal como hoy está regulada", indicó la abogada del municipio.

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Cuando se la consultó sobre una eventual reforma al artículo 300 (vigente desde 2022 en el que la víctima de extorsión para estacionar tiene que hacer la denuncia pertinente) , Conti admitió que es "modificable" pero advirtió que hay "un problema más de fondo que refiere a las facultades que puedan tener las fuerzas de control municipal". La funcionaria aclaró que por el momento no se está pensando en una policía metropolitana "sino en las potestades y en que no queden interferir sin coordinación con la Justicia, es decir, nos debemos un trabajo sobre las competencias de los agentes".

Competencias y control

Schmuck también se mostró abierta a revisar el artículo 300. "Es una opción, coordinando nuestras competencias con provincia se puede. Vamos a trabajar el Código de Convivencia para a articular con provincia a partir de la autonomía y acabar con la extorsión de los cuidacoches. Hoy la actividad está prohibida. Es ilegal cobrar por el estacionamiento en el espacio público, excepto en las áreas concesionadas para estacionamiento medido. Además, la mayoría de los cuidacoches reportan a bandas vinculadas con la venta de drogas", manifestó, para agregar que a partir de ahora "con un gobierno provincial que tiene un plan, que invierte recursos y que tiene un método para combatir la inseguridad, sumado a una ciudad autónoma, 2026 va a ser el año del abordaje del gravísimo problema de los cuidacoches en la ciudad".

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Casi una decena de proyectos

El Concejo tiene en estado parlamentario casi una decena de proyectos para abordar la problemática de los cuidacoches. Opciones que van por un registro, padrón, reconocimiento de su trabajo; otros por el lado de una reinserción en capacitación de oficios para dejar de ofrecer el cuidado de autos, hasta los punitivistas que piden la prohibición y hasta el arresto (una figura que había existido en el ex Código de Faltas municipal y que fue derogado en el actual Código de Convivencia).

El más reciente que ingresó por mesa de entradas el lunes es el del concejal por La Libertad Avanza (LLA) Juan Pedro Aleart.

De movida, en el artículo primero establece la prohibición en todo el ejido de la ciudad la actividad de cuidacoches, trapitos, abrepuertas o cualquier otra modalidad análoga que implique el ofrecimiento, exigencia o percepción de dinero a cambio del supuesto cuidado, vigilancia, lavado o autorización para estacionar vehículos en la vía pública, con excepción de aquellas actividades expresamente autorizadas por ordenanza especíca y debidamente reglamentadas por la autoridad municipal competente, como el sistema de estacionamiento medido.

Prohibido las 24 horas todo el año

Dicha anulación de esta actividad es sin distinción de días, horarios, zonas o eventos de cualquier naturaleza. Y además se propone la modificación del Código de Convivencia en una serie de artículos, en los que establecen tipos de sanciones: severa amonestación, multa, decomiso, clausura, inhabilitación, remediación, demolición, tareas educativas o concientizadoras, además la prohibición de acercamiento o concurrencia.

En este proyecto también se promulga, al igual que otras iniciativas anteriores, la modicación del artículo 300 del Código, "el que quedará redactado de la siguiente manera: la persona que en la vía pública ofrezca o preste servicios de cuidado, vigilancia, limpieza de vidrios o estacionamiento de vehículos, de manera onerosa o gratuita, sin autorización formal de la autoridad competente, será sancionada con multa de cien (100) a quinientas (500) Unidades Fijas (cada Unidad Fija equivale al costo del litro de nafta súper) y el decomiso de los elementos utilizados.

El proyecto impone agravantes y hasta arresto. La sanción se elevaría al doble de multa (200 a 1.000 UF) y podría corresponder sanción de arresto de hasta 15 días, no redimible por multa, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias: cuidar autos en espectáculos públicos, eventos masivos, deportivos, artísticos o culturales, se constate la actuación organizada de dos o más personas, exista exigencia de dinero bajo amenaza, intimidación o coacción hacia los particulares y se verifique la participación de organizaciones, asociaciones o grupos informales que administren la actividad.

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Poder de policía y control

En un capítulo del proyecto de ordenanza, Aleart establece competencias y responsabilidades de las autoridades tanto municipales como provinciales. Se faculta al Ejecutivo a realizar operativos preventivos, disuasivos y permanentes, actuando de oficio cuando la falta se detectara en flagrancia. Le impone al municipio coordinar acciones con fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Y además priorizar zonas de intervención en función de denuncias, antecedentes y mapas de calor de delitos o faltas.

En lo que va de 2025 los operativos de control en las calles arrojó un saldo de más de 200 detenciones de cuidacoches.

Para canalizar las denuncias, se establece la línea gratuita del municipio y el Munibot. Y le agrega el uso de las cámaras de videovigilancia para cooperar con el control. Y un tema que va más allá de lo que hoy establece el artículo 300 en el que el damnificado es quien tiene que hacer la denuncia pertinente. "La actuación de las autoridades de control no quedará supeditada a la denuncia previa de particulares, debiendo intervenir de oficio ante la constatación de la falta", se establece.

A su vez, y para no dejar librado al azar el tema de las autorizaciones para ejercer la actividad, Aleart expresa: "Prohíbese la creación de registros, padrones, permisos, credenciales, cooperativas, asociaciones civiles, sindicatos u otros mecanismos que impliquen la habilitación, regularización, intermediación o reconocimiento formal, directo o indirecto, de la actividad prohibida por la presente ordenanza". Y luego apunta más directo: "El Estado municipal no podrá delegar el cobro de tarifas por uso del espacio público en organizaciones de la sociedad civil".

Y en el caso "excepcional" de una autorización para cuidar autos, se indica que dicho pago deberá realizarse exclusivamente mediante medios electrónicos, digitales y trazables. Y que dichos montos percibidos deberán ser registrados y bancarizados.

No obstante el perfil prohibitivo del proyecto de ordenanza, se establece una articulación con programas de empleo y mecanismos de acceso a programas de capacitación y reconversión laboral para aquellas personas que cesen voluntariamente en la actividad prohibida, sin que ello implique reconocimiento de derechos adquiridos ni indemnización alguna.