Pocas veces se relaciona al campo con los pequeños y medianos productores, sino que se lo vincula directamente con los grandes latifundistas y las economías concentradas que manejan los volúmenes más importantes en materia agrícola. Los más pequeños del agro son los que tienen las tareas más difíciles de abordar en un mundo globalizado que demanda productos específicos y sin valor agregado en pos de adquirirlos a bajo costo.
En rigor, la falta de industrialización, la escasa inclusión social y formal del peón rural y el éxodo constante de pueblos enteros hacia las zonas más urbanizadas de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, generan el despoblamiento de distintas geografías del país dejando tierras valiosísimas a merced de los grandes capitalistas extranjeros que invierten en los "desiertos" argentinos, limitando cada vez más la soberanía nacional sobre sus propios suelos.
Vale recordar que en su primer recorrido cono jefe de Estado en el interior del país, Mauricio Macri, había expresado que en su gestión "el desafío es dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo". En ese sentido resaltó la necesidad de "ponerle valor agregado" a la producción primaria y en buscar acuerdos para "ayudar a quien tiene que producir". Por ello, pidió "el mismo compromiso de la mano de los grandes empresarios, los grandes inversores" para poder "generar mejores trabajos" para la población.
En el marco de la "Jornada Nacional del Campo Argentino", que se llevó a cabo en la sede de la Corriente Nacional de la Militancia, se debatió en distintos paneles los desafíos y propuestas para el agro desde la provincia de Santa Fe con distintos disertantes que realizaron sus exposiciones y trataron las materias pendientes.
Entre algunos de los temas más destacados que se expusieron en la agenda del debate, las "políticas públicas para un desarrollo soberano y sustentable" y la "actualización de la legislación en tenencia de la tierra, ocupación territorial, contratos agrarios y semillas", fueron sobre los cuales más se discutieron y polemizaron.
EL DESAFÍO: INDUSTRIALIZAR. En ese contexto, Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo graduado en la UBA, hizo una comparación entre las corrientes políticas del pensamiento y los cultivos. Así, resaltó que "la derecha no es la soja, sino el maíz, porque se trata de un cultivo muy caro" con lo cual es difícil generar mayores productores en dicho rubro. "Hay que entender que trabajo se genera si industrializamos lo que producimos, porque no éramos ni somos competitivos con valor agregado y es grave", dijo.
Al respecto, Preciado Patiño ejemplificó: "Nos sale más barato importar pulverizadoras que producirlas en el país y eso que en Argentina hay muy buenas fábricas que se encargan de hacer productos realmente muy interesantes" y agregó: "El modelo actual va hacia la producción de commodities; estamos yendo directo a la destrucción de Sancor y liquidar Atilra y solamente quedarán los empáticos con el modelo, mientras que el chiquitaje morirá".
Por su parte, el Javier Rodríguez, apuntó que "el sector agropecuario no pudo entre 2003 y 2015 armar un proyecto nacional y popular en el rubro; no se debatió seriamente de cara a la sociedad el modelo de desarrollo" y destacó: "No nos preguntamos qué producimos, sino cuánto; es clave esto, porque es necesario hacernos esa pregunta en un modelo de desarrollo con inclusión social, es decir necesitamos políticas públicas diferenciales ara el sector agropecuario para las pymes productoras".
El candidato a diputado nacional, Agustín Rossi, quien se encuentra en plena campaña realizó su aporte al respecto aseverando que desde que asumió el nuevo gobierno "se está llevando a cabo un modelo agroexportador para sectores concentrados en busca de precarizar cada vez más la mano de obra".
SOBERANÍA EN RIESGO. Raúl Druetta, militante y ex diputado nacional por el peronismo santafesino entre 1983 y 1987, abordó en profundidad la problemática del "despoblamiento" del país y la necesaria "industrialización" de la Argentina.
"Tenemos un problema de construcción de poder; hay que armar y organizar los pueblos del país para que no desaparezcan, porque emigran por falta de trabajo y se concentran en las mismas zonas urbanas", dijo.
En caso de continuar de esta manera, "vamos a generar un gran desierto con ciudades hiperconcentradas, por eso es importante organizar la ruralidad porque de lo contrario vamos a perder soberanía", admitió Druetta y advirtió: "Cuando nosotros nos planteamos el tema del campo argentino nos basamos en cómo hacemos del país un terreno en extensión total para ser ocupado. Argentina tiene concentrada la mayor parte de su población en media docena de grandes ciudades, donde la vida es cada vez peor, en el que el hacinamiento empeora cada día, las cuestiones de seguridad e infraestructura se tornan cada vez más imposibles y solamente si hay una corriente progresiva desde la ciudad hacia el campo para poder repoblarlo es posible crear una Nación distinta".
En tanto, otra de las disertantes fue Florencia Gómez, quien durante el gobierno anterior fue asesora de la comisión de confección del proyecto de ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, recordó que se encuentra en debate en el Congreso de la Nación la ley 26.160 para discutir una nueva extensión de la legislación que declaró la "emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y vence el próximo 23 de noviembre.
La ley 26.160, sancionada en 2006, interrumpía los desalojos a los pueblos aborígenes mientras se realizaba un censo a las comunidades, que nunca culminó. La ley establece la necesidad de un relevamiento técnico catastral de Territorio Indígena a los fines de proceder a la escrituración.
Según datos de Amnistía provistos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígena (Inai), el universo es de 1.532 comunidades indígenas a relevar. Hoy se encuentran relevadas 459 comunidades. Falta relevar 926, es decir más del 60 por ciento.
"Sin prórroga de la 26.160 muchas comunidades indígenas serán despojadas de sus territorios, más del 65 por ciento quedarán vulnerables", había sentenciado la senadora de la CC-ARI Magdalena Odarda, flamantea presidenta de la comisión de Pueblos indígenas.
"La conflictividad de la tierra, la mayor extranjerización y los pueblos originarios, se encuentran en las zonas extra pampeanas, es decir son tierras en las que se encuentran los salares, las minas, los ríos como en Bariloche, Esquel, Lago Puelo, todo ese conglomerado de lagos y emprendimientos turísticos que se encuentran en su mayoría en manos de extranjeros: más del 50 por ciento en Bariloche, por ejemplo", resaltó Gómez.
En sintonía, explicó que "Benetton tiene casi un millón de hectáreas repartidas en varias provincias, que en algún momento fueron de los pueblos originarios, que no son tierras adquiridas por la ‘Conquista del Desierto' de Roca, sino que son obtenidas en el marco de la ley Avellaneda, que establecía que se iban a conceder las tierras para colonización, para que se puedan poblar los terrenos, que finalmente quedaron en manos de extranjeros".