Unidos logró dictamen en un tema sensible de la Convención. Novedades en enjuiciamiento y selección de magistrados. El Ejecutivo se quedó con lo suyo. El MPA, avanza
Por Facundo Borrego
Foto: Archivo / La Capital.
Presidencia de la comisión de Poder Judicial de la reforma constitucional.
El dictamen más pesado de la Convención de la reforma constitucional, aquel sobre el que se rediseñará el Poder Judicial provincial, terminó saliendo por la mayoría de Unidos, que tuvo un trabajo interno complejo de negociación en el que el Ejecutivo provincial será determinante en algunos aspectos.
En total, se modifican cinco artículos, y se agregan dos secciones y nueve artículos, entre ellos la composición y facultades de la Corte Suprema, la institucionalización del Ministerio Público como “extrapoder”, es decir, independiente del Poder Judicial dividido en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa, y un nuevo esquema para selección y enjuiciamiento de magistrados, fiscales y defensores.
La UCR, socio mayoritario de Unidos, que integra con el socialismo y el PRO, entre otros, había presentado un proyecto que otorgaba al Ejecutivo facultades, que puso en tensión no solo a los integrantes del Poder Judicial sino también al PS, aliado en la coalición. Se presentaba como un proyecto que tiraba lejos las pretensiones para luego poder recoger y tener una buena pesca.
Finalmente, cedió en algunas cuestiones y se fortaleció en otras, por ejemplo en que el Ejecutivo tendrá bajo su ámbito el nuevo cuerpo técnico llamado Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público. "Tiene por funciones la organización de las diferentes instancias del procedimiento de selección, la ponderación de los postulantes, la convocatoria a los jurados evaluadores, la confección de listas para ser utilizadas en la cobertura de las vacantes y la elevación de una propuesta al Poder Ejecutivo", establece el dictamen de Unidos.
El gobernador tendrá cierto margen de discrecionalidad, como establece el decreto actual del año pasado. "Se eleva una lista que supera la idoneidad técnica, entonces el gobernador ahora tiene facultades de elegir al que quiera entre un montón y sin plazos. Es una bolsa que van agarrando", explicó un convencional opositor de la comisión. Había propuestas alternativas de otros dictámenes de minoría, como el proyecto de La Libertad Avanza (LLA), de ternas vinculantes y plazos.
“En cualquier Constitución del mundo, los poderes son independientes pero tienen controles”, dijo el presidente de la comisión, el radical Lisandro Enrico, sesiones atrás. Finalmente, se logró que la política tenga más injerencia en ese “control” en el juzgamiento y remoción de los mismos.
En la Constitución aún en vigencia la remoción de los jueces es mediante un jury integrado por la Corte, un senador, un diputado y dos abogados. Mientras que los fiscales y defensores eran sancionados o removidos exclusivamente por la Legislatura.
Ahora habrá un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público para jueces, fiscales y defensores por la comisión de faltas graves, integrado por un magistrado, fiscal o defensor -según corresponda-, dos senadores y dos diputados y dos abogados. Es decir: hay preponderancia cuantitativa política.
El MPA termina siendo uno de los ganadores con el dictamen, sobre todo porque quedó bajo el paraguas de un ministerio público y no con la sola intervención penal. En primer lugar, porque obtuvo lo que buscaba: salir de la órbita del Poder Judicial y convertirse en extrapoder. Un tema delicado y sensible a las tensiones con el resto del Poder Judicial y hasta el sindicato de judiciales.
Ahora se ingresa en un esquema de acusación y de defensa integral. Dos puntos se lleva el Ejecutivo: el MPA “orienta su actuación al resguardo de los intereses de las víctimas”, algo con lo que insistía el propio gobernador Maximiliano Pullaro.
>>> Leer más: La Convención tocó un nervio sensible: división de poderes, contrapeso a la Justicia y seguridad
Además, el MPA “coordina sus decisiones con las demás autoridades de la provincia y el ejercicio de la acción penal pública”. Esto es, incorporar al diseño de la política de percusión al Ejecutivo provincial, otro tema con el que insistieron Pullaro y Enrico.
“No es problemático porque se coordina particularmente con el Ejecutivo, pero con los restantes poderes del Estado también”, opinaron en la fiscalía. Pero aclararon que “la política de persecución penal es una especie dentro de la política criminal que le compete exclusivamente al MPA, aunque siempre de modo coordinado”. Se verá cómo se conjuga en la práctica.
La definición sobre los cambios en la Corte Suprema era uno de los puntos abordados hace meses, incluso hubo una ley en 2024 que hizo modificaciones. Hace unas semanas, los integrantes del máximo tribunal pusieron sus propuestas en el recinto.
Finalmente, se establece: “Los miembros de la Corte Suprema y los demás jueces son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos a los setenta y cinco (75) años de edad”.
No hay una extensión especial de cinco años más, como se planteó, ni se establece el límite de 20 años como máximo al frente de la vocalía. "A los 75 años se van todos. Corte, jueces, fiscales y defensores. Punto", simplificó un convencional.
Además, se le quita a la Corte la resolución de los recursos contencioso-administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que establezca la ley, los juicios de expropiación que promueva la provincia y los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas en los casos y modos que establezca la ley.
“Podría haber sido peor, pero definitivamente no es bueno”, dijo como primera impresión un magistrado que estuvo encima del proceso, que seguramente pretendía menos cambios, sobre todo en la selección de jueces.
En Unidos, Lucas Incicco, alfil del PRO en la comisión, opinó: “Es positivo, va a mejorar todo. Es un sistema novedoso, más moderno, con más controles, autonomías”.
En el radicalismo opinaron que es un dictamen “equilibrado” porque había muchas opiniones dando vueltas y se logró acuerdo. “Estamos todos conformes”, agregaron.
El proceso de consenso excedió el ámbito de la comisión de Poder Judicial porque también ingresaron en negociaciones temas de otras comisiones. Otra fuente oficialista se sinceró: “¿Es el ideal? No lo creo, pero se acerca, es lo posible. Se contemplaron las posiciones de todos en Unidos”.
La misma fuente razonó que sirve de garante de institucionalidad: “Hoy somos gobierno, pero el día de mañana, si no estamos, lo único que nos garantizará que todo funcione son las instituciones fuertes y bien diseñadas”.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
Por Lucas Ameriso
Por Guillermo Ferretti
Por Ricardo Terán
