Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe participaron de la reunión de la comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales de la Convención Constituyente y llevaron sus propuestas para la reforma de la Carta Magna.
Los ministros levantaron la bandera de la independencia de la Justicia y sugirieron mecanismos para cubrir vacantes y remover magistrados
Prensa Convención Constituyente
Con asistencia perfecta, los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llevaron sus propuestas para la reforma constitucional.
Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe participaron de la reunión de la comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales de la Convención Constituyente y llevaron sus propuestas para la reforma de la Carta Magna.
El encuentro se realizó en el recinto del Senado y lo condujo el presidente de la comisión, Lisandro Enrico (Unidos).
Además, se sentaron en la mesa de coordinación los convencionales de Unidos Lionella Cattallini, Pablo Farías y Rodolfo Giacosa, Jacquelina Balangione (Más para Santa Fe) y Ariel Sclafani (Frente de la Esperanza).
La Corte Suprema tuvo asistencia perfecta. Participaron el presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco, y los otros ministros: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.
La reunión transcurrió en un buen clima. Al comienzo, Enrico llamó a Falistocco por su nombre de pila y le dijo: “No olvidamos sus palabras en la entrega de diplomas: traten de hacer una Constitución sencilla y entendible, no compliquen las cosas”.
Falistocco presentó un documento con los consensos a los que llegaron los ministros de la Corte.
Por ejemplo, los integrantes del tribunal acordaron con dos puntos nodales de la reforma judicial que votó el año pasado la Legislatura. Uno es que la Corte deberá estar integrada por siete miembros y un procurador general.
El otro es que la inamovilidad de los miembros de la Corte cesa a los 75 años, y para continuar en su cargo deberán obtener un nuevo aval de la Legislatura.
La propuesta de los cortesanos introdujo dos novedades. Uno son los plazos: proponen que los concursos se abran dentro de los treinta días de producida una vacante y que el Poder Ejecutivo remita dentro de los treinta días una terna de candidatos.
El otro es todavía más sensible: postulan que la terna sea vinculante, una situación que empodera al sector judicial.
En julio del año pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro modificó por decreto el reglamento del Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, fiscales y defensores públicos. Al eliminarse la categoría “superó ampliamente” y poner en pie de igualdad a todos los que superaron el examen, el Ejecutivo tiene mayor discrecionalidad a la hora de elegir postulantes para cubrir los cargos vacíos.
Respecto al Consejo de la Magistratura, la Corte propone un órgano de siete miembros, presidido por el titular de la Corte Suprema (al igual que el nacional); un juez, fiscal o defensor, según el origen de la vacante; un representante del Poder Ejecutivo, otro del Senado y otro de Diputados; un abogado con matrícula electo por sus pares, y un profesor concursado de una universidad pública domiciliada en Santa Fe.
Para el tribunal de enjuiciamiento, también proponen que esté presidido por la cabeza de la Corte Suprema, y que esté integrado por un juez, fiscal o defensor, según corresponda, un diputado, un senador, y un representante de los abogados.
Con sus matices internos dentro del cuerpo, la Corte también se manifestó a favor de reconocer constitucionalmente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y darles autonomía funcional y autarquía financiera.
Luego se abrió una ronda de pronunciamientos individuales de los integrantes de la Corte y preguntas de los convencionales.
Zabalza, por caso, se pronunció a favor de establecer un límite de tiempo en el cargo, de 15 o 20 años, en línea con el proyecto del Partido Socialista. “Genera recambio y que no haya acostumbramiento”, argumentó.
También propuso alejarse del esquema del Consejo de la Magistratura nacional, un organismo mucho más pesado, burocrático, y paralizado por las disputas políticas. “No podemos replicar modelos nefastos. En Rosario sobran ejemplos”, dijo en referencia al caso del juez Marcelo Bailaque, que renunció jaqueado por denuncias de corrupción.
En esa línea, Erbetta planteó “un método y no un órgano”, con un tribunal no permanente. Además, propuso que el juicio popular por jurados amplíe sus alcances, más allá del fuero penal. “Colocaría a Santa Fe a la vanguardia”, consideró.
A su turno, Weder expresó sus dudas sobre si la reválida del cargo a los 75 años afecta la independencia de los jueces y planteó un cambio respecto al Tribunal Electoral. “Es hora de sacar al presidente de la Corte de ese ámbito”, sostuvo.
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En tanto, Gutiérrez advirtió que los proyectos del socialismo, el radicalismo y el PRO le generaron “preocupación sobre la independencia del Poder Judicial” ante una posible pérdida de la autarquía. “La administración del Poder Judicial debe ser una competencia de la Corte”, resaltó.
Además, Gutiérrez alertó sobre las demoras para ocupar las vacantes. “No se designan magistrados desde octubre de 2022, eso atenta contra el buen funcionamiento de la Justicia”, cuestionó.
Aparte de los integrantes de la comisión, asistieron convencionales de otros grupos de trabajo. Incluso se acercaron la vicegobernadora Gisela Scaglia y la presidenta de la Cámara baja, Clara García.
Una señal del interés que generó la reunión en la política. Sobre todo, porque durante 2024 y el comienzo de 2025 la relación entre el oficialismo y la Corte estuvo atravesada por momentos de tensión y distensión.
Más temprano, los integrantes de la comisión recibieron a la titular del MPA, María Cecilia Vranicich. La fiscal general de la provincia defendió la postura de independencia total del organismo, por fuera del Poder Judicial.
El primer encuentro, a la mañana, fue con integrantes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, encabezados por su titular, Estrella Moreno Robinson, quien también pidió un diseño institucional que garantice su independencia respecto de los tres poderes del Estado.