La Convención tocó un nervio sensible: división de poderes, contrapeso a la Justicia y seguridad

La comisión de Poder Judicial de la Convención de la Reforma de la Constitución de Santa Fe evidenció una real disputa de potestades al poner en debate temas de fondo como la división de poderes, enjuiciamiento y controles republicanos, en el marco de la primera reunión temática.

Hubo dos posiciones bien marcadas y hasta algunos cruces conceptuales entre el presidente de la comisión, representante de Unidos y ministro del gobierno provincial, Lisandro Enrico, y la exdefensora general y convencional de Más para Santa Fe Jaquelina Balangione.

En primer término, se discutió sobre el control de los poderes, un tema delicado que puede afectar la independencia de la Justicia.

Enrico sostuvo que debe ser la Legislatura la que controle a los magistrados, de modo similar a como ocurre con los fiscales hace unos años, y no un tribunal de enjuiciamiento con miembros del Poder Judicial como establece la ley orgánica.

Convención y Justicia

“Cuando hablamos de independencia del Poder Judicial no quiere decir que no haya control de poderes o se hable de privilegios. En cualquier Constitución del mundo, los poderes son independientes pero tienen controles. No hay poder intocable, excepto el del rey. Soy defensor de que tiene que haber un control a la actividad de la Justicia y los fiscales”, aseveró.

Enrico sostuvo en el recinto que los jueces tienen la facultad de que una norma con sanción parlamentaria sea inaplicable y “ningún legislador se enoja si es inconstitucional”. Lo mismo ocurre, dijo, cuando la Justicia paraliza una medida del Ejecutivo. “El Poder Judicial también tiene que tener el contrapeso”, enfatizó.

“No digo que estén al lado de los jueces o fiscales para firmar una sentencia pero, si hay que hacer un análisis de su desempeño, deben ser los otros poderes los que controlen”, aseveró. Y agregó: “No hay interferencia cuando un legislador debe analizar el desempeño”.

“El blindaje del Poder Judicial, que así tiene que ser para no ser afectado, debe ser sujeto a controles de otros poderes. Y quién mejor que el Legislativo con su diversidad”, insistió.

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La Convención se empieza a meter en temas complejos.

Foto: Archivo / La Capital.

Enrico afirmó que el control y contrapeso de poderes nació con el constitucionalismo y está en la Carta Magna norteamericana. "No podemos, con el so pretexto de garantizar independencia, no permitir que haya controles”, añadió.

Luego defendió el rol de los legisladores al resaltar que son legitimados cada cuatro años, algo que en la “Justicia no ocurre por la independencia, pero eso no puede convertirse en un cheque en blanco”. De ese modo, el convencional pisa el umbral de una polémica.

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A su vez, dijo que no pretenden “interferencias, pero sí controles”. Y disparó sin analizar la afectación de la intromisión de poderes: “No podemos sostener esquemas cerrados de poder que se defiendan a sí mismos (...) Tanto se criticó el sistema para sancionar fiscales (de la Legislatura), pero define una mayoría agravada de 69 miembros. Más democrático no se consigue. Acá (tribunal de enjuiciamiento) se reduce todo a 7 ú 8 personas, eso achica la democracia”.

Seguridad y MPA

Por último, agregó el tema de la seguridad para contraponerse al Poder Judicial y darle mayor potestad al Ejecutivo en la persecución penal.

“Si algo atraviesa esta Constitución es la seguridad. Tenemos propuestas disruptivas, pero que están dentro de un marco donde el gobierno debe ser parte de la respuesta en seguridad a la sociedad. No puede decir ‘no me meto’, como dejaron gobernadores porque era un tema federal, y nos costó horrores en los barrios cuando crecía el narcotráfico. La sociedad nos mira como poder, no como división de poderes”, argumentó.

Balangione le respondió que “la seguridad es un tema del Poder Ejecutivo, no Judicial”. Y que éste último "actúa posfacto, no antes, puede tener incidencia con prevención general positiva o especial negativa, por el efecto de las normas a través de las sentencias”.

Enrico recogió el guante y le respondió: “No puede decir que actúa después del hecho consumado, porque después la persona ya está muerta. La puerta giratoria es un problema de la Justicia, no del Ejecutivo”.

Lionella Cattalini, socialista de Unidos, reforzó la idea de que no es exclusividad del Poder Ejecutivo. "El MPA es parte del diseño de la política criminal que, por supuesto, la tiene que hacer el Ejecutivo y que también la Constitución tiene que tener una cláusula de coordinación de los tres poderes", dijo.

Para finalizar, Enrico no anduvo con vueltas y expuso la intención del gobernador Maximiliano Pullaro de trabajar en la política criminal: “Por supuesto que el Ejecutivo y los fiscales tienen que sentarse a definir cuáles delitos atacar primero, cuáles son las políticas de persecución penal”.

“Queremos, como en otros países del mundo, que sea el gobernador el que diga 'la política criminal es esta'. La persecución, obvio, le pertenece exclusivamente a los fiscales, pero la gente quiere un gobernador que se comprometa y de respuesta a eso. Por eso, hay que impulsar que al fiscal general lo proponga el gobernador como en Canadá, Suiza, Estados Unidos, Francia y Alemania", precisó.

Es más: avisó que tiene una propuesta en la que el Ejecutivo debe presentar su proyecto de persecución penal del delito.