El fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable la conmutación de pena por el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad recibió ayer el rechazos de un amplio y heterogéneo arco político e ideológico, que incluyó al gobierno nacional, partidos políticos, sindicalismo y organismos de derechos humanos.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, consideró que "la decisión de los tres miembros (de la Corte que votaron en favor del fallo: Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) de equiparar los delitos comunes con los de lesa humanidad le hace un daño profundo a toda la sociedad y al derecho de verdad y justicia".
También el abogado Daniel Sabsay, discrepó con el fallo que benefició al condenado Luis Muiña, integrante del grupo de tareas que hizo desaparecer a trabajadores del Hospital Posadas durante la última dictadura, porque —argumentó— "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no pueden ser indultados ni amnistiados, y no es posible ponerlo en un mismo nivel con los comunes en lo que hace al 2x1".
En representación del gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, si bien dijo que no le correspondía opinar sobre los "fallos de la Corte", consideró que la llamada ley del 2x1 "fue uno de los peores engendros jurídicos", cuyos "efectos tan gravosos siguen estando". Y agregó que "un fallo del 2x1 en ningún escenario me parece bueno".
Aliada del gobierno, la UCR expresó su "enérgica disconformidad" con el fallo: "Lamentamos y repudiamos el criterio adoptado que implica un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia".
También formularon críticas el Frente Renovador, el FpV-PJ, el GEN, el Partido Socialista, el bloque Justicialista, partidos del FIT, Unidad Popular y organizaciones sindicales y sociales, entre ellas las tres expresiones de la CTA.
El GEN de Margarita Stolbizer replicó en Twitter un mensaje sobre el fallo del secretario general del partido a nivel bonaerense Horacio Alcuaz, que sugiere responsabilidad gubernamental: "Quisieron imponer 2 jueces en la Corte, negaron cantidad desaparecidos, quisieron cambiar feriado 24/3. Ahora esos jueces dan 2x1. Son PRO".
El Partido Socialista consideró que el fallo "favorece a la impunidad y golpea a la memoria, verdad y justicia". "En momentos que la ciudadanía exige el cumplimiento efectivo de las penas, la Justicia toma la determinación de dilapidar la historia reciente de memoria, verdad y justicia", indicó el PS en un comunicado, y también relacionó el fallo "con la decisión primaria del presidente de elegir por decreto a los jueces Rosatti y Rosenkrantz".
Desde el Movimiento Evita, el diputado nacional Remo Carlotto afirmó la Corte adoptó "un fallo amañado" sobre la base de "una legislación que imperó entre 1994 y 2001 y la aplican para crímenes cometidos entre el 73 y el 83", y adelantó que propondrá que el Congreso se pronuncie en contra de esa decisión. El titular del bloque de diputados del FpV-PJ, Héctor Recalde, opinó que el fallo es un "retroceso inadmisible" y adelantó también que presentará un proyecto de ley "para que se excluya de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad".
Por su lado, el bloque Justicialista consideró al fallo como "un grave retroceso en la política de derechos humanos" y exigió "que los criminales de lesa humanidad no gocen de ningún beneficio".
El Frente Renovador de Sergio Massa calificó al fallo de "mensaje pésimo para una sociedad y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa".
En el Senado, Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) presentó un proyecto de declaración en el que se expresa el "más profundo rechazo" al fallo. También el senador Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) rechazó la sentencia".
Desde el sindicalismo, la asociación bonaerense de profesionales de la salud Cicop repudió el fallo en un comunicado y también en un acto en el Hospital Posadas, del que participaron Nora Cortiñas (Madres Línea Fundadora) y dirigentes políticos como Vilma Ripoll (MST) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista).También lo hicieron las tres expresiones de la CTA.
Claudio Lozano (Unidad Popular) dijo que se trata de un "fallo de la impunidad" y que "la política económica del endeudamiento del gobierno de Macri está asociada al perdón a los genocidas". También repudiaron la sentencia los gobernadores Mario Das Neves (Chubut) y Juan Schiaretti (Córdoba).
En los extremos. Rosatti, Highton, Rosenkrantz avalaron el 2x1. Lorenzetti y Maqueda (centro), no.
Por Matías Petisce