Tormentas de palacio

Mientras la sociedad sigue con preocupación y angustia los problemas del día a día, la política se tienta con encerrarse en su propia agenda y en disputas de palacio que no registran ecos en la calle.

Embanderada en su defensa, Cristina Fernández de Kirchner alegó el viernes en la causa por la obra pública en Santa Cruz y sumó a sus tópicos habituales contra la Justicia y los medios el atentado que sufrió frente a su departamento en Recoleta.

Más que la asociación ilícita o que se trata de un nuevo caso de lawfare contra la vicepresidenta, por ahora en la llamada causa Vialidad lo único confirmado son los sesgos de confirmación.

El viernes fue un gran test a cielo abierto. Lo que para unos fue una colección de burradas jurídicas, manotazos desesperados de una persona que se hundirá más temprano que tarde en una condena, para los otros era una clase magistral de derecho de una líder popular perseguida por los más oscuros factores de poder. Cada quien ve lo que quiere ver.

Esos mismos sesgos permean a la dirigencia. Si el cristinismo empieza a ver en las movidas judiciales y los vínculos de la banda que organizó el ataque del 1 de septiembre con el submundo de la inteligencia y dirigentes opositores más que una red de relaciones, el comienzo de una cadena de responsabilidades, en Juntos por el Cambio la mirada es opuesta.

En la UCR, la Coalición Cívica y sobre todo el PRO decodifican que la votación del Senado para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, el tono del alegato de CFK y el creciente operativo clamor para suspender las Paso son señales de una emboscada. En este marco, es lógico que el intento de diálogo político que sondearon oficialistas y opositores muriera nonato.

En el peronismo observan que la bala que, por obra del azar, quedó en la recámara de la pistola que empuñó Fernando Sabag Montiel, consolidó un impasse en el vértice del Frente de Todos y reafirmó el liderazgo de Cristina, pero no corrió ni un centímetro la frontera de apoyos. Y concentrar la artillería en los tribunales, lamentan, no ayuda precisamente a hacerlo.

“Es el anti win-win, vamos a perder en Diputados y en la opinión pública. Tenemos que salir con proyectos que conecten con la agenda de la gente y que podamos ganar en el recinto”, señala un legislador del PJ.

En ese sentido va la ley de humedales, una norma que implica un delicado trabajo de orfebrería legislativa que debe satisfacer tanto a los movimientos ambientalistas como a los distintos lobbies sectoriales que agitan el fantasma del prohibicionismo.

En la bancada del Frente de Todos aseguran que tenían los votos para sacar dictamen pero quieren evitar ruidos con otros bloques opositores y que remarquen el precio de sus votos en la previa de la negociación del presupuesto.

Por el momento en el Congreso no hay noticias de ningún proyecto para suspender las Paso. Se trata de una jugada no exenta de conflictos en el mundo peronista -donde varios sectores son beneficiarios y defensores de las primarias- y cuyo principal atractivo es inyectar más tensión en Juntos.

Eso no significa que la principal alianza opositora se parta y no encuentre otro mecanismo para dirimir sus candidaturas -como una interna o que alineen detrás de quien mida mejor- ni, mucho menos, garantiza un triunfo en 2023.

“Para tener chances el año que viene Massa tiene que estabilizar la economía. Tenemos que meternos en el balotaje y después ver qué pasa”, indican desde el PJ, donde aceptan a regañadientes un ajuste todavía más profundo que el que intentaron Martín Guzmán y Silvina Batakis.

Más pesimistas son aún respecto a Santa Fe, donde no hay chances de que se suspendan las Paso y la oposición antiperonista va armando el rompecabezas. “Si se evapora el escenario de tercios estamos jugados”, reconoce un dirigente.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Perfiles

Esta semana, diputados de prácticamente todo el espectro opositor -incluso, de espacios que están fuera de la negociación del frente de frentes- denunciaron por “poco transparente” el proceso de elección de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y mostraron su poder de fuego en la Legislatura.

Con su propio recorrido en la Justicia y vinculaciones con distintas terminales políticas y centros de poder institucional de la provincia, cada uno de los trece postulantes para reemplazar a Jorge Baclini como fiscal general tiene el desafío de presentarse no como el mejor candidato sino un candidato tolerable. “Tiene que ser una figura digerible tanto para la Casa Gris como para la Legislatura”, dicen desde una oficina clave del Poder Judicial.

Lejos de ser roles técnicos, los cargos de fiscal general y fiscal regional requieren habilidades políticas. Por ejemplo, para negociar recursos con las autoridades, relacionarse con distintos sectores de la sociedad civil, como los familiares y víctimas del delito, y leer el impacto político de determinadas decisiones judiciales más allá de su validez procesal.

Lo cierto es que los tiempos se acortan. El próximo fin de semana ya comienza octubre, en diciembre terminan las sesiones ordinarias y en enero todos se ponen en modo campaña. “Está todo dado para que naufrague”, advierten desde los tribunales.

El mandato de Jorge Baclini como fiscal general vence en abril

A eso se suma un problema extra: la ley orgánica del MPA, la 13.013, deja un vacío legal sobre quién ocupa el cargo que dejará automáticamente Baclini en abril. Otro motivo para que peronistas, socialistas y radicales acuerden sobre quiénes ocuparán los cargos clave del organismo encargado de llevar adelante la investigación penal.

En este marco, la difusión de otra tanda de audios escandalosos puso al inefable Marcelo Sain de vuelta en el centro de la escena pública santafesina.

Las comunicaciones del ex ministro con sus entonces colaboradores de la cartera de Seguridad reavivan la polémica por tareas de espionaje ilegal ordenadas desde los peldaños más altos del poder provincial y amenazan con armar una tormenta política e institucional cuya capacidad de daño no puede ser todavía calculada.

>> Leer más: Causa por espionaje ilegal: trascienden polémicos audios del ex ministro Sain

Pese a que Sain es el villano perfecto -es porteño, bravucón, se peleó con todos los partidos políticos, aumentó durante su mandato la violencia urbana y es investigado por delitos gravísimos- el problema de fondo es que la crisis en seguridad trasciende a los nombres propios y a los gobiernos.

Ni la conducción civil con puño de hierro, ni la administración negociada ni ahora el autogobierno policial sirvieron para desarticular -o, al menos, hacer retroceder- a las bandas que ganaron la calle y buscan infundir terror a sangre y fuego en la población.

Ese es el caso de quienes dispararon contra Virginia Ferreyra, la profesora de danza baleada el 23 de julio junto a su madre mientras esperaba el colectivo en zona sur y que murió ayer en el Heca. Otro hecho que aviva la bronca de la sociedad contra una política obsesionada con hablarse a sí misma.