¿Qué es lo que cambió el domingo 28 de julio en Venezuela que desató tamaño descontento popular y una crisis de dimensiones internacionales? La diferencia con lo que ya se vivía en el país y también se conocía fuera de él, es que el régimen bolivariano encabezado por Nicolás Maduro cortó el último hilo que lo conectaba con cualquier apariencia de democracia.
Para considerar que un sistema político se configura como una democracia, deben cumplirse mínimamente tres principios en simultáneo, a saber: aplicación de la regla de la mayoría -es decir que se considera ganador a quién mayor cantidad de votos obtiene en una elección-, respeto irrestricto de los derechos de las minorías y absoluta libertad de opinión e información.
La mayor parte de los regímenes autoritarios han tendido habitualmente a sobredimensionar la regla de la mayoría en detrimento de los otros dos principios en busca de un bien muy preciado por cualquier gobierno, la legitimidad.
Toda forma de gobierno requiere en el ejercicio del poder de una forma de legitimación, inclusive aquellos regímenes extremistas que aparentan no necesitarla. La legitimidad supone un sistema de creencias y acuerdos entre gobernantes y gobernados acerca de las reglas de juego mediante las cuales se selecciona a los primeros para que conduzcan a los segundos. Esas reglas de juego pueden estar sujetas a la tradición, el carisma, o la racionalidad y la legalidad. La última de esas variantes es propia de las democracias occidentales modernas. Es precisamente por estas razones que buena parte de los autoritarismos actuales, en su afán de aparentar modernidad y buscar aceptación propia y ajena, simulan tener una legitimidad fundada en procesos racionales y legales.
¿Cómo lo hacen? Mediante la sobreactuación y el abuso de la regla de la mayoría, para poder esconder detrás el cercenamiento del derecho a la información y a la opinión, y el avasallamiento de los derechos de las minorías. Dicho de otro modo, aumentan el maquillaje electoral -generalmente amañado y disminuido a fuerza de proscripciones, represión y prisión para opositores- para simular una apariencia democrática que permita mantener el poder fronteras adentro y alcanzar un mínimo de aceptación fronteras afuera.
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El régimen bolivariano, cuya cara visible es Nicolás Maduro pero que en realidad se encuentra diseminado en todas las estructuras formales del Estado, con especial atención en las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y también en la sociedad civil a través de la generación de grupos armados paraestatales y alianzas con sectores del crimen organizado, seguía ese modelo arriba esbozado, aunque en una pendiente autoritaria agudizada con el paso de los años.
Lo que sucedió el domingo 28 de julio, es que el régimen cortó el último hilo que lo ligaba a alguna apariencia de democracia, se quitó el maquillaje, rompió la última regla que le quedaba por romper: incumplió con la regla de la mayoría.
Toda la información disponible antes y durante el proceso electoral estuvo plagada de indicios de que el domingo la oposición se encaminaba a una victoria sin precedentes. Algunos de esos indicios que vale la pena repasar, hablan por sí solos. Los sondeos de opinión que no dependían del oficialismo, arrojaban ventajas para el candidato opositor Edmundo González Urrutia de más de 20 puntos porcentuales. Los padrones fueron deliberadamente restrictivos para que la comunidad venezolana en el exterior no pudiera votar. Existió una clara restricción de observadores internacionales independientes (con la excepción del Centro Carter). Hubo impedimento de participar a los testigos -fiscales- en momentos clave de la transmisión de datos. Se demoró sin justificaciones la presentación de resultados. Finalmente, la presentación de los resultados fue inverosímil y no contó con un mínimo respaldo en datos comprobables.
Inclusive, el mencionado Centro Carter hizo público que no le fue posible cumplir con su labor de verificación y que, por esa razón, no pudo corroborar la autenticidad de los datos: “el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, dejaron trascender.
El caos desatado: ¿qué pasa ahora?
El régimen bolivariano es calificado por José Natanson como un “autoritarismo caótico”, porque fue constituyéndose a los tumbos, es decir que no fue planificado como en otros casos, el cubano por ejemplo. Ese autoritarismo aflora en su vertiente más caótica desde el pasado domingo, ya sin ningún maquillaje que facilite ninguna clase de justificación, especialmente entre los gobiernos de la región que se consideran democráticos.
Buena parte del pueblo venezolano parece dispuesto a sobreponerse al miedo de una represión en aumento y que sin dudas crecerá sostenidamente en manos de un gobierno cuya legitimidad, si es que algo lo queda, es microscópica. Poder y legitimidad forman parte de una balanza indispensable para gobernar. Cuando el poder se ejerce con legitimidad, el gobierno goza de autoridad. Cuando el poder se ejerce a secas, con poca o nula legitimidad, se gobierna autoritariamente.
Al pueblo venezolano se le debe reconocer su derecho de resistencia pero no puede exigírsele heroísmo, porque sólo tiene para poner en juego el cuerpo y la palabra. Las armas las domina el Estado y las organizaciones paraestatales. Está claro entonces quién tiene la responsabilidad por la violencia y la muerte que ya están instaladas en las calles.
A la comunidad internacional puede y debe reclamársele mayor presión aunque eso no garantice resultados. Eso sí, la intervención extranjera en Venezuela no es ni será nunca una opción para quien se considere demócrata.
Al escrutar el futuro, aparecen al menos dos escenarios alternativos. En uno, sobre la base de una represión sin freno, el autoritarismo encabezado por Maduro se aferra al poder por tiempo indeterminado y millones de personas abandonan Venezuela para acompañar a los casi 8 millones que ya habitan en el extranjero, profundizando la enorme crisis migratoria actual, principalmente el Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos. En el otro escenario, producto de la presión interior y exterior combinadas, el régimen deja el poder, en cuyo caso, Venezuela se enfrenta a una titánica tarea de reconstrucción política, social, económica y cultural, en la cual las y los migrantes venezolanos estarán ansiosos por participar.