Se reactivó la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial, con declaraciones de alto voltaje y empujones entre empleados y ministros. El oficialismo ajusta las clavijas en seguridad y se prepara para un fuerte desembarco de La Libertad Avanza
Por Mariano D'Arrigo
El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a la carga contra la Justicia provincial.
No era una tregua. Era sólo un alto el fuego. La nueva escalada de tensión entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y la Justicia pone frente a frente a dos bloques con sus intereses, sus jefes y sus narrativas. Una disputa en la que se entremezclan discusiones de recursos con pujas de poder y que sacude al edificio institucional santafesino en el último tramo de un año bisagra para la provincia.
Ambos campamentos se desconfían. El gobierno ve a la Corte Suprema como un obstáculo a la modernización del Poder Judicial. Descarta que con esta composición el máximo tribunal pueda, y quiera, encarar un proceso de autoreforma.
Desde el vértice de la Justicia creen que Pullaro retacea recursos como mecanismo de extorsión política. Su objetivo último, advierten, es colonizar el Poder Judicial.
Si existió algún canal de negociación para una renovación con algún nivel de acuerdo, hoy parece cerrado. Es una guerra de desgaste, en la que tanto Pullaro como los cortesanos apuestan a que el otro bando capitule antes.
En la mesa de decisiones de Pullaro apuntan directamente contra los cortesanos que superaron los 75 años y se mantienen en su puesto. “Ellos están fuera de la ley y están dispuestos a convertirse en funcionarios vitalicios. Han tenido un gasto escandaloso y se niegan a que los controlen o auditen. El gobierno les viene poniendo un freno, y eso genera reacciones”, dicen.
Chocan dos narrativas. El gobierno apela a la eficiencia y toca la fibra emocional de una sociedad cansada de los privilegios. La Justicia va por el andarivel republicano.
Es un juego rudo, al límite. Pullaro sostiene que tiene un mandato para ir contra el statu quo, pero tensiona la independencia de Poderes, con un estilo, en general, atribuido a los gobernantes peronistas. En la cima de la Justicia se amparan en Montesquieu pero estiran la interpretación de la norma en su favor.
El conflicto viene in crescendo. Lejos de quedar encapsulado a un sólo sector, la pelea involucra a cada vez más actores del mundo judicial. Primero fue la Corte. Después los magistrados y fiscales. Luego se incorporaron los empleados. Y ahora se sumaron los abogados litigantes. Entre los profesionales crece el enojo por las medidas de protesta y las vacantes.
El gobierno corre el riesgo de alinear en su contra a todos los sectores de la Justicia. También la disputa comunicacional está abierta. Lo que empezó como una ofensiva contra los privilegios de la casta muestra al oficialismo explicando que no quiere una Corte de amigos.
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Así lo hizo el ministro de Gobierno, Fabián Bastía. El titular de la cartera política fue empujado por empleados judiciales enardecidos, que montaron una protesta en la jura de los integrantes de un tribunal clave para Pullaro: la Cámara de Ejecución Penal.
La escena de un ministro rodeado por manifestantes puede favorecer en el corto plazo al gobierno, pero es una señal de alarma sobre la temperatura que está alcanzando el reclamo judicial.
A pedido del radicalismo, Unidos se abroqueló en defensa de Bastía, y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, los tres funcionarios que quedaron en medio de la batalla cuerpo a cuerpo asimétrica con los judiciales, pero puertas adentro socios de peso de la alianza advierten que se desdibujó el planteo de cambio y que el oficialismo puede quedar entrampado en una disputa de cúpulas.
En el gobierno aseguran que no se van a correr ni un milímetro. “Uno de los valores de Maxi es que avanza sin tanto cálculo de costo personal. No especula por un punto más o punto menos de una encuesta”, asegura un ministro del riñón pullarista.
“Se está evaluando”, deslizan en la Casa Gris sobre un decreto para que los ministros que superaron la edad cesen en sus funciones o un juicio político, aunque la primera batalla es comunicacional.
“Queremos generar una comprensión social de que están atrincherados, de que lo único que les importa son sus privilegios. Maxi maneja recursos de todos los santafesinos, y los resultados de la Justicia son bajísimos”, cuestionan.
Por lo pronto, el proyecto del Partido Socialista de reforma integral de la Justicia tiene preferencia para dentro de dos sesiones. En el PS confían en que el trazo grueso del proyecto se va a aprobar.
Así, la Corte sumará una séptima silla y se abrirá la puerta a un nuevo equilibrio de fuerzas en el máximo tribunal.
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“La expectativa es un acuerdo político global, no a cuentagotas”, señala un funcionario clave sobre las vacantes. ¿Nombres? “Todavía hay que tomar muchos mates”, ironiza.
Un dato: si el proyecto del PS tiene luz verde, las próximas vacantes deberán ser cubiertas por mujeres para alcanzar la paridad de género. Un tema que puede ser espinoso en las mesas de negociación con hegemonía masculina.
En paralelo, el gobierno ajusta las clavijas en seguridad, el parámetro principal de éxito —o fracaso— de la gestión.
Cococcioni le pidió por escrito a la Cámara de Ejecución Penal que se expida sobre la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 14 del Código Penal, que prohíbe conceder la libertad condicional a los reincidentes y a quienes cometieron delitos graves, como homicidios, secuestros y contra la integridad sexual.
En la provincia argumentan que la decisión de la Cámara permitirá planificar la ejecución penal, sumará eficiencia al sistema —por ejemplo, al no habilitar trámites administrativos y audiencias para personas que no están en condiciones de salir— e incluso le dará un horizonte temporal claro a los detenidos.
“Esperamos un criterio duro”, blanquean en el ministerio de Seguridad y Justicia sobre el tribunal cuya designación elevó al máximo la tensión con la oposición en la Legislatura.
Hoy Santa Fe tiene una población carcelaria de 12 mil presos, de los cuales 1.200 están alojados en comisarías. Del total, unos 500 están etiquetados como alto perfil —una categoría dinámica, vinculada al riesgo que puede significar para otros, pero también porque peligra su vida— pero sólo 60 están detenidos bajo un régimen híper restrictivo.
La población carcelaria crece de manera exponencial. Cada día, por cada persona que sale en libertad ingresan cinco a los penales. El gobierno planifica llegar al final del mandato con entre dos mil y tres mil nuevos detenidos, con cuatro mil plazas carcelarias extra.
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Con los homicidios en baja en Rosario, aunque ven intentos de rebrote, en la provincia apuestan a que se estabilicen en niveles normales para una ciudad grande del país. En contraste, aumentan los delitos contra la propiedad, la violencia de género y aparece el alcohol como un combustible de la violencia interpersonal.
En el gobierno defienden las detenciones en la vía pública a personas que no tengan su DNI. “De cada 18 personas, una tenía pedido de captura, en general desde hace años. Es un costo social aceptable”, considera un alto funcionario.
El foco en la gestión posterga otros debates, como la reforma constitucional. La incertidumbre política también pesa.
En Unidos se preparan para un desembarco de los jefes libertarios en la provincia, con un Milei que despeja los escenarios apocalípticos y se anima a ir por más. Luego de poner a la venta los valiosísimos terrenos en Puerto Norte, esta semana funcionarios nacionales firmarán un acuerdo con el intendente Pablo Javkin para reactivar el plan de urbanización en barrio Tablada y el sábado Karina Milei, Martín Menem y Romina Diez festejarán en la capital provincial la confirmación del partido nacional.
La Libertad Avanza tiene a Rosario y a Santa Fe en el mapa. Milei y su tropa están envalentonados con la fragmentación del PRO, la UCR y el peronismo, el veranito financiero y números favorables en las encuestas, los materiales con los que arma su puente para las elecciones del año que viene.
Esto supone un desafío para Pullaro y Unidos. “Nos vamos a tener que abrazar mucho más, Maxi va a ser un socialdemócrata noruego al lado de los libertarios”, dice un dirigente de la alianza santafesina, que cree que el oficialismo provincial llegará fortalecido a fin de año.
La relación entre los gobernadores y el poder central siempre es compleja, y las provincias llevan las de perder en un choque frontal. De todos modos, en el búnker pullarista creen que la superposición de los electorados y los niveles de aprobación del jefe de la Casa Gris deberían disuadir un ataque abierto libertario.
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“Ellos están haciendo política y es normal que traten de armar su estructura, pero tenemos 70 por ciento de votantes compartidos. Si Romina Diez viene a hablar mal del gobernador, va a conseguir que se enojen los votantes de Milei. El presidente no se enoja con Maxi, en el fondo lo respeta, porque él plantea las cosas desde la racionalidad y no la chicana, y a nadie le conviene pelearse con alguien que tiene credibilidad”, señalan desde la Casa Gris.
Es probable que esta semana Pullaro participe del debate en el Congreso del presupuesto. También se rumorea que Milei podría juntarse con los gobernadores radicales, como ya lo hizo con los del PRO. “No fue una buena reunión”, dice un armador con información de primera mano.
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Igual, en la Casa Gris aseguran que si Milei lo invita, Pullaro irá a plantear su postura. “Pedimos que se cumpla con la ley, llegamos con déficit y tenemos superávit. Ayudanos con infraestructura porque somos la provincia que te puede ayudar a juntar dólares”, sugieren.
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