Bilardista de paladar negro, con la intervención del Indec Javier Milei jugó al límite del reglamento para defender su principal activo político: la baja de la inflación.
La intervención del Indec pone en riesgo la credibilidad de las estadísticas y del propio gobierno. La Oficina de Respuesta Oficial, un intento de blindar el relato. Horas tensas en Santa Fe
Por Mariano D'Arrigo
Javier Milei, Luis Caputo y una semana turbulenta por la intervención del Indec y la creación de una cuenta para responderle a periodistas y medios en las redes sociales.
Bilardista de paladar negro, con la intervención del Indec Javier Milei jugó al límite del reglamento para defender su principal activo político: la baja de la inflación.
Con la definición de sostener la vieja metodología para medir la variación de los precios, el presidente buscó un beneficio de cortísimo plazo por sobre un sacrificio de mediano y largo plazo.
El dato de inflación más bajo puede servir al relato de la estabilización macro pero daña la credibilidad de las estadísticas públicas y del propio gobierno.
La jugada tiene efectos económicos a varias bandas. Desde la actualización de las jubilaciones y prestaciones sociales, que tendrán una referencia de actualización al menos sospechada, hasta los bonos indexados por inflación.
Como sucedió con el kirchnerismo en 2007, la tolerancia social al gobierno le permite diferir el costo económico y político. Pero tarde o temprano la factura llega.
El viejo Frente para la Victoria recién perdió las elecciones ocho años después de la ocupación de Guillermo Moreno y su tropa del organismo estadístico. En el medio, el país se quedó sin dólares y la actividad se resintió. La palabra oficial se devaluó, no sólo en la economía: si el gobierno estaba dispuesto a retocar los índices de inflación, ¿qué más estaba dispuesto a manosear?
El problema más inmediato para el gobierno es que el programa de desinflación basado en el ajuste fiscal, el ancla salarial, la apertura importadora y el atraso cambiario llegó a un límite y requiere una calibración. El dilema es sostener una estabilidad precaria con la actividad fría o permitir una reactivación con un reacomodamiento de precios —entre ellos, los ingresos— y asumir el costo político de una inflación mayor.
El ministro de Economía, Luis Caputo, falló como encargado de la reducción de daños. Reconoció que sabía el dato de inflación de enero, una violación a las normas de confidencialidad del Indec, porque podría abrir la puerta a operaciones con información clasificada.
También admitió que la decisión de continuar con la vieja canasta 2004/2005 y no con la resultante de la encuesta de consumo 2017/2018 fue una decisión del propio Milei. Otra intromisión política sobre un organismo técnico.
La frutilla del postre fueron las declaraciones de Caputo contra la industria textil, un sector altamente demandante de mano de obra y en riesgo por la avalancha importadora. Lo más irritante del ex JP Morgan fue su declaración de que toda la ropa que compra es importada. Una frase que no marida bien con la narrativa anticasta del gobierno.
La autoeyección de Marco Lavagna del Indec desconcertó a la cúpula del gobierno. “Los tomó por sorpresa. Es un vuelto de Don Chatarrín”, dice un aliado libertario.
La familia Lavagna tiene una relación histórica con el presidente del grupo Techint, Paolo Rocca, el nuevo villano que encontró Milei. Marco también integró las filas del Frente Renovador. Por eso, algunos voceros libertarios salieron a instalar la teoría del complot de Sergio Massa. Esa versión choca con una pregunta obvia: si Lavagna junior era un topo del exministro de Economía, ¿por qué lo sostuvieron dos años en el órgano que produce el dato más sensible para el gobierno?
Otra vez, el gobierno cometió un error no forzado que disipó la calma de un verano donde parecía tener todo controlado. A la defensiva en el debate público, el gobierno lanzó la Oficina de Respuesta Oficial.
La cuenta de X creada a imagen y semejanza de la Rapid Response 47 de Donald Trump apunta a polemizar con medios y periodistas que dan informaciones que el gobierno tilda de incorrectas o malintencionadas.
La nueva criatura de la tuitósfera libertaria suma la voz oficial a un ecosistema comunicacional más complejo y fragmentado, que Milei y los suyos conocen bien. Un entorno con muchos más jugadores que los medios tradicionales y donde se arman nichos y burbujas informativas. En ese aspecto, la Oficina de Respuesta Oficial busca en primer término darle letra al activismo libertario en la primera línea de la batalla cultural.
Sin embargo, la novedad trae dos grandes riesgos. Uno, en términos de calidad democrática, es que la herramienta sea utilizada para señalar a periodistas y medios críticos, empujarlos a la autocensura y empobrecer el debate público.
La otra amenaza es para el propio gobierno. Es que se produzca el llamado “efecto Streisand”: el intento de neutralizar una información considerada dañina atrae más atención y tiene un impacto mayor.
La herramienta también apunta a otro objetivo hacia la propia interna libertaria, atravesada por la tensión permanente entre la hermanísima y Santiago Caputo. La Oficina de Respuesta Oficial trata de contener y encuadrar a muchos militantes digitales línea fundadora de La Libertad Avanza que perdieron en el armado de listas y tienen impacto en las redes. “Es la burocratización de los tuiteros. No responden a Karina y a Adorni y los tuiteros menemistas no funcionaron”, dice un referente que conoce el paño.
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En la intervención del Indec y la creación de un espacio oficial para confrontar a medios y periodistas Milei tiene dos ventajas para avanzar: la debilidad de un peronismo que también cayó en la tentación de esas prácticas y el silencio de muchos republicanos selectivos, que criticaban ayer pero callan hoy.
De lo que queda del PRO, el radicalismo y los provincialismos el gobierno recolecta votos para aprobar el proyecto de modernización laboral, la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con Estados Unidos.
La reforma laboral y el entendimiento con el gobierno de Donald Trump caminan con menos resistencia a la esperada por sus potenciales efectos colaterales en términos de empleo y la metamorfosis del perfil productivo de la Argentina.
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Como con el pacto Roca-Runciman de los años ‘30, la Argentina se ata a un acuerdo asimétrico con la potencia declinante. El Reino Unido entonces, Estados Unidos ahora. La diferencia es que hace un siglo la economía local y la británica tenían cierta complementariedad. Hoy el convenio con EEUU abre la puerta a la competencia en sectores históricamente protegidos y donde Argentina tiene desarrollo, como el farmacéutico. Una actividad, además, con históricos vasos comunicantes con la política.
Mientras el gobierno intenta controlar el frente económico y comunicacional, el frente político muestra nuevas tensiones en el interior del país.
La previa de la visita de Milei a San Lorenzo se recalentó por la ofensiva violeta contra el gobierno de Maximiliano Pullaro. Los libertarios acusan a la gestión provincial de perder 120 mil millones de pesos por no liquidar dólares de los fondos para infraestructura.
Primero fue un tuit de Toto Caputo. Después se sumó Romina Diez. Milei retuiteó a los dos, una forma de convalidar el mensaje.
Caputo pasó una semana complicada y le sirve desviar el eje de la conversación. Diez es la jefa indiscutida de LLA en Santa Fe pero necesita subir los niveles de conocimiento para 2027.
“Es un hostigamiento organizado. Lo de 120 mil millones es un brulote propio del que cree que con los fondos públicos alguien puede timbear a altos riesgos”, dicen desde el corazón del gobierno de Pullaro.
En la Casa Gris también creen que es una devolución por la crítica de Pullaro a la política industrial. Ambos gobiernos compiten por un mismo electorado, una situación que lleva a momentos de tensión. La línea roja es la seguridad, el único ámbito donde las diferencias no se ventilan en público.
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Esta semana el gobierno provincial vivió horas de zozobra con las protestas policiales. La chispa que encendió la pradera fue el disparo autoinfligido de un efectivo frente a la Jefatura rosarina, pero existían distintas causas de malestar.
Entre ellos aparecen el estrés por la sobrecarga laboral y los costos de traslado y alojamiento. Estos problemas los sufren sobre todo en los efectivos del interior de la provincia y que prestan servicio en Rosario. Son en su mayoría personas jóvenes con baja vocación por el trabajo policial y que encuentran en la fuerza trabajo estable, con obra social y jubilación.
La protesta sorprendió a un gobierno que siempre vio los principales desafíos a la política de seguridad fuera de los cuarteles policiales y no adentro. La velocidad de la respuesta y los anuncios de recomposición de ingresos y otros beneficios para los efectivos con tareas de calle dan cuenta de la urgencia del gobierno por desactivar el reclamo, pero generan un efecto dominó en la ronda de paritarias.
“Vamos al conflicto, hay mucho malestar en el sector público y se van a llevar una sorpresa”, advierte un dirigente del sindicalismo docente, a la defensiva después de dos años del Asistencia Perfecta y el descuento de los días de paro. Igual, en el mundo gremial reconocen que su poder de negociación no es equivalente al de los policías: “La maestra tiene la tiza y ellos las pistolas”.
Los hermanos, que están ligados al tráfico de drogas desde hace doce años, fueron imputados por contrabando de estupefacientes con varios agravantes
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