Diferencias entre el gobierno de Santa Fe y cerealeras por quién paga las rutas hacia los puertos

Los intendentes del cordón agroexportador quedaron medianamente conformes tras la reunión en la que el gobierno de Santa Fe les blanqueó el nuevo formato para el mantenimiento de rutas y accesos de puertos, que implicaba tocarles el bolsillo. La propuesta para compensar la quita de la tasa vial municipal les cierra y, así, las tensiones que se proyectaban por ahora se aplacaron.

En cambio, las diferencias parecen llegar desde el sector exportador, clave en el esquema y que, hasta ahora, se los anotaba adentro sin objeciones al nuevo modelo: un fideicomiso público-privado para administrar el mantenimiento entre el gobierno, las cerealeras, transportistas y municipios. Lo que no les cierra es la forma de cobro que, en el fondo, es quién paga.

Como adelantó La Capital, el sistema se piensa nutrir del cobro por tonelada de cada camión que ingrese a las terminales portuarias. Ingreso por carga retenido por la terminal y girado directamente al fideicomiso, donde se separaría un porcentaje para municipios. En el gobierno explican, como por ejemplo el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, que el que pagaría por esa carga sería directamente la terminal portuaria y ya no el transporte.

Puertos y cerealeras

Probablemente ese monto se termine trasladando a los costos hasta llegar a los productores, pasando por los transportistas. Pero que digan que las cerealeras son las que financiarán es toda una definición que se fundamenta en algunos puntos.

En primer término, porque el sector no paga Ingresos Brutos y porque, al fin de cuentas, es el que usufructúa las rutas y accesos para exportar. "Que pague el sector agroexportador sino la provincia le arregla algo a quien no tributa", agrega otra fuente.

Las cerealeras prefieren un peaje diferencial por tipo de camión y no cobrar en las terminales sino en un peaje electrónico, que es el que está preparando la provincia para controlar el stop de banda horaria. O sea, que pague el transporte.

En el sector cerealero le dijeron a La Capital que entienden que cobrar por tonelada es una especie de retención, por eso quieren ir hacia un peaje diferencial. Esto es un mecanismo totalmente distinto.

El presidente de la Cámara de Industria Aceitera, Gustavo Idígoras, dijo en el Congreso de Puertos Privados que apoyan la idea del fideicomiso y que reconocen la inversión en infraestructura del gobierno de Santa Fe. "Pero no nos gusta que se le pida a la agroindustria un aporte de u$s1,5 por tonelada", afirmó.

Dicen que están dispuestos a charlar y consensuar, pero piden sumar al resto de la cadena del agro, como dadores de carga y productores. Es decir, los que pueden terminar compartiendo los gastos.

Cerca de dos millones de camiones transitan las rutas santafesinas hacia los puertos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Incluso con ese esquema por peaje podría ser distinta la recaudación. Hasta ahora, en el modelo de cobro por tonelada pensado por la provincia se cobraría u$s1,50 por tonelada, de los cuales u$s0,40 irían a los municipios.

Entonces, un camión con acoplado carga unas 25 toneladas promedio a cuenta de dos millones de camiones por campaña/año. Como dijo el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, son unos 50 millones de dólares para mantener el sistema y para coparticiparles a los municipios un 26% de ese total, es decir, unos 13.000.000 millones de dólares.

En el cálculo habrá disponible u$s1,10 para el mantenimiento. En tanto, para obras de fondo el fideicomiso debería funcionar para buscar dinero en el mercado de capitales, como se hizo con el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Más aún cuando el gobernador en la reunión dejó en claro que no va a embarcarse en un crédito externo nuevo para obra pública. El del CAF todavía no se ejecutó.

Maximiliano Pullaro encabezó la reunión el jueves pasado junto a los ministros Enrico, de Obras Públicas; Gustavo Puccini, de Desarrollo Productivo, y Pablo Olivares, de Economía.

Del otro lado se sentaron Leonardo Raimundo, de San Lorenzo; Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez; Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Antonio Fiorenza, de Timbúes; Daniel Tonelli, de Arroyo Seco; Carlos Pighín, de Alvear, y Natalia Giovacchini, la vicepresidenta comunal de General Lagos.

“Se logró un punto de encuentro y equilibrio con los intendentes de las ciudades interesadas”, contó la provincia en un comunicado oficial, algo que ratifican en off los intendentes. Ahora se verá cómo ajustan la forma de cobro y la pregunta de fondo: quién termina pagando.