La violencia en Rosario: una transformación cultural y la política en silencio
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La violencia en Rosario: una transformación cultural y la política en silencio

El drenaje de hechos de sangre muestra una novedad sociológica: una trama donde no solo se repiten los ofensores sino las víctimas. Algo que genera inestabilidad en un sistema político que de la inseguridad social y pública habla poco y nada.
27 de julio 2022 · 15:07hs

Vivimos en una ciudad donde hace unas semanas en la autopista le pegaron un tiro en la cabeza a un muchacho de 28 años que residía en Arroyito para robarle la moto y lo mataron. Fue el 3 de este mes, ocurrió en Alvear, todavía no hay nada que se sepa del hecho, aunque saberlo, que es importante, no repondrá las cosas. El muchacho se llamaba Luciano Muscio. En su Honda Tornado llevaba a una chica que la acompañaba. Ella solo pudo decir que alguien se le puso a la par y le disparó a la cabeza. Se llevaron la moto, lo dejaron al joven en agonía y a la chica sola.

Imaginemos un momento la escena y la vivencia de esa chica. Tener que seguir adelante después de asistir a cómo matan delante de los ojos a la persona a la que uno acompaña. El nivel del trauma es proporcional a un destrozo sobre el que no solemos meditar. Ver cómo le pegan un tiro en la sien a un ser querido y quedarse sola en una carretera al lado de ese alguien que ya no se moverá.

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Hace dos semanas un par de hermanas tomaron una merienda en un bar de Oroño y Salta y se subieron a un Chevrolet Cruze. Una hora después estaban aniquiladas a balazos en un descampado de Pérez. Estaban conectadas con personas ligadas al narcomenudeo. Estefanía Gorosito, de 25 años, tenía ocho tiros en el cuerpo y Marianela, de 28, cuatro. Las dos recibieron disparos en la cabeza. La languidez de la vida que se escurre es inimaginable. Estar tomando café con leche en un bar y a las dos horas masacradas en un baldío. ¿Pensamos un minuto en ese tobogán de vivencias, en el momento irreversible en que alguien asume que será exterminado?

A veces eso se puede intuir en los relatos de personas que conocieron la violencia. Mercedes tuvo una vida en la que se forjó su propio milagro. Se pasó 20 años vendiendo curitas y pañuelos en la calle para bancar a sus cinco hijos, el primero de los cuales tuvo a los 14 años. Por una serie de azares hilvanados con su increíble voluntad se pudo convertir en conductora de un taxi. Hace dos semanas un joven la abordó en Rodríguez y Montevideo. Le pidió que la llevara a una dirección de zona oeste. En el camino la asaltó, sacó un revólver, se lo apoyó en la nuca. Le gatilló cuatro veces, ella escuchó el reiterado clack del percutor y después sintió una bala que rompía el parabrisas.

Al día siguiente de la magnífica crónica que este diario publicó sobre la vida de Mercedes su testimonio salió en TV. Casi pegada en el 3 se emitió otra nota en la que una mujer hablaba con una hilacha de voz. Era la madre de Angel Ocampo, un muchacho al que asesinaron de tres tiros en Dorrego y Tucumán. Una mujer humilde que le habló a la cronista con el tono vacuo de una vida terminada, diciéndole que era de Formosa, que no podía entender, que no quería seguir adelante.

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Mercedes tiene 38 años y cinco hijos. Maneja un taxi desde hace tres años

Mercedes tiene 38 años y cinco hijos. Maneja un taxi desde hace tres años

Para apuntar que la violencia no es una experiencia aleatoria ni aislada tomemos cada caso volviendo para atrás. A Angel Ocampo lo mataron por una cuestión de drogas. Sus agresores son un muchacho de 23 y una chica de 26 que le dispararon desde un Nissan al que abandonaron al chocar en Moreno y Catamarca. Olvidaron en un asiento un celular con el cual no solo se pudo saber quiénes eran. También desde allí se obtuvieron referencias que lo vinculaban al muchacho a otra ejecución ocurrida un día antes: la del policía Gabriel Sanabria, que recibió seis tiros a quemarropa en un control vehicular en zona sur el 27 de mayo pasado, un hecho por completo inhabitual que demuestra el cambio cualitativo de los hechos de alta lesividad. Porque dispararle a un policía desde un auto a sangre fría es algo todavía muy inusual pero pasó.

Mercedes, la taxista que salvó la vida gracias al defecto de un revólver, sufrió otros tres asaltos con arma denunciados arriba del taxi. Estefanía y Marianela, las chicas que tomaron su merienda en Anajuana y dos horas después estaban muertas, estaban relacionadas con un grupo de jóvenes dedicados al narcomenudeo en barrio Godoy. Luciano Muscio, acribillado en la autopista, vivía en la misma cuadra de Arroyito que Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años asesinado el año pasado para robarle el auto, que motivó movilizaciones.

Estas observables combinaciones son producidas por algo más que caprichos del azar. Son las expresiones de una ciudad en donde la violencia tomó no solo un estatuto nuevo sino mucho más desplegado. Esta novedad que lleva una década de números pavorosos que vuelven a acentuarse perfilan el contorno de un cambio socioeconómico. El narcomenudeo en Rosario es feroz porque el negocio se ordena mandando gente a la morgue. Pero los que participan del negocio, que pueden morir por no pagar a tiempo una deuda, son cada vez más notoriamente personas que no tienen una vocación delictiva sino muy a menudo desesperados que encuentran en la venta de un papel con cocaína la forma de tener o aumentar un ingreso. Es muy impresionante cómo desde el banquillo de acusados cuentan estas historias en los juicios orales de Oroño al 900 trabajadores modestos de muchos barrios que encontraron en la droga un rebusque.

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No cuesta imaginar por qué lo hacen. El jueves pasado según informó el Indec una familia necesitó 104.216,80 pesos para no ser considerada pobre. El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sostiene que una porción relevante de la población ocupada es pobre: en el cuarto trimestre de 2021 el 41 por ciento de los trabajadores de la economía popular lo eran. Si se excluye a este segmento la pobreza alcanza a uno de cada cuatro trabajadores. La inflación que no frena destruye los ingresos. El salario real de los integrados entre diciembre de 2015 y abril de 2022 acumula una caída del 32 por ciento. La última medición del Indec, al 30 de marzo de 2022, indica en Rosario 439.356 pobres y 95.698 indigentes. Estos últimos son los que no alcanzan una alimentación elemental. Es más de medio millón de personas carecientes en un aglomerado urbano de 1.300.000 habitantes.

La política está callada. No es solamente que no conecta los dos fenómenos, el de la inseguridad social con el de la inseguridad pública. De esta última el gobierno de Omar Perotti no está pronunciando una palabra. Se suele decir que aludir a esto es antipolítica. El descrédito a la política en rigor lo practican los que no ofrecen una voz continua a este permanente desangre con la devastación emocional que es su lamentable derivado. Eso fue expresado de viva voz por los vecinos que este martes se congregaron en distintas zonas por el ataque a tiros contra Claudia Deldebbio de 58 años y su hija Virginia Ferreyra de 32 en una parada de colectivos en el Parque del Mercado.

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Una referencia en un canal nacional sobre la violencia en la ciudad

Una referencia en un canal nacional sobre la violencia en la ciudad

Atemperar la criminalidad y la violencia no es tarea fácil ni se puede resolver rápido. Pero exige políticas públicas proyectadas y mantenidas más allá de los mandatos de cuatro años que dura un gobierno. Hay en este campo un siempre costoso arrancar de cero. En julio de 2018 en los monoblocks del largo corredor que forma avenida Grandoli al oeste comenzó una intervención que concentró centenares de recursos humanos del municipio, provincia, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fuerzas de seguridad. Eso se tradujo en una disminución notoria de la violencia letal que lo plantean los fiscales que intervinieron del MPA. Pero tal acción se discontinuó y aunque ahora se reanudó en el trabajo cesante los dueños violentos del barrio reaparecieron. El sábado con el saldo trágico de la muerte de Claudia y con la internación de Virginia en grave estado.

"La sangre caída aquí es la nuestra, de nuestros vecinos, de nuestros hijos y no de los políticos que solo ven lo que ocurre por la televisión", sostenían ayer allí los vecinos. Hay dirigentes de diversos partidos afligidos por este panorama y genuinamente comprometidos para transformar esta realidad sinuosa. Pero es oportuno marcar que estas cosas se dicen porque los estandares de vida _materiales y humanos_ se degradan y con ella la calidad del régimen político no podría quedar incólume. El gobierno provincial que tiene la mayor responsabilidad no hace comentarios. La oposición lo hace de manera inconstante. La improvisación y la lejanía son rasgos comunes. Mientras Rosario es reconocida en el país por su cara más cruenta, lo que a esta altura no puede tomarse como una arbitraridad, su dirigencia vive en campaña proselitista, atada a las mediciones aún desvaídas de la contienda que viene.

Las tramas donde se despliega la violencia exponen una novedad como matiz muy visible. Y es que la violencia teje lazos en los que reaparecen en más de un hecho los ofensores, pero también las víctimas. Eso está en los casos citados arbitrariamente en esta nota pero que tienen la singularidad de haber sido noticia en los últimos 30 días. Otro detalle que decanta es el endurecimiento de un patrón asociado con la tercerización de la violencia. Se afianzó un segmento profesional que no sabe a quién le tira pero que se encarga de matar al que le indiquen. Está en decenas de legajos y en audiencias penales. Es una idiosincrasia, una forma de ser más sectorial o colectiva que incorpora la idea de que se resuelve un conflicto mediante la violencia y que para eso se busca en el mercado al recurso que proporciona ese servicio. Si se vuelve difícil de transformar es porque esta transformación es cultural.

Lo que funda un escepticismo peligroso es que pasa el tiempo y esa realidad no se mueve. Los hechos de alta lesividad implican cada vez más a personas _lo que es un propulsor de inestabilidad política_ que no tienen que ver con los hechos. Y no apenas en barrios populares. La semana pasada el conductor de una camioneta a quien le intentaron arrebatar una mochila sacó una pistola y empezó a los tiros. Fue en Zeballos y Corrientes. No le acertó al ladrón pero sí a dos peatones, una mujer y su hijo, que resultaron baleadas en las piernas. ¿Qué habría pasado si morían?

Que esta brutalidad haya pasado con rapidez al olvido es impresionante como síntoma social. Se procura enfocar esto en esta nota: la naturalización de hechos gravísimos en lo físico, arrasadores en lo emocional, que tienen un alto poder de desintegración del tejido comunitario, a la vez que de recusar el vigor de la autoridad. Matan los narcos en los barrios por una deuda de alguien que demoró un pago y que quizá entró al negocio para redondear la canasta familiar. Tal vez en esa acción el que dispara mate a alguien que esperaba el colectivo. Pero también un tipo en el centro desde su camioneta se transforma en sheriff y abre fuego para acertarle a dos transeúntes que caminan por la vereda de enfrente. La cifra dura de 159 homicidios en Rosario hasta este miércoles, en siete meses, no deja ver toda la compleja transformación que se operó en la violencia letal aunque a este ritmo la proyección indique que este año se pueden superar marcas históricas. Tampoco marca el daño que la falta de empatía y la negación de la comunidad política, que tiene la obligación de hacer otra cosa, se está infligiendo a sí misma. Es lo que la ciudadanía, de manera dispersa pero firme, está advirtiendo en cada reclamo.

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