La trastienda del acuerdo entre los Milei y Pullaro por la A012

El convenio que firmaron Nación y Santa Fe por la ruta A012 es el punto de llegada de una larga serie de negociaciones entre los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro. Pero también abre opciones en el plano político, tanto en el Congreso como de cara a 2027.

Las conversaciones para ceder la ruta de circunvalación del Gran Rosario se aceleraron en diciembre. Ese mes, Gisela Scaglia volvió a Diputados y abrió un canal con Martín Menem.

El director de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, responde al presidente de la Cámara. Esa gestión reservada se complementó con la presión pública del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y del propio Pullaro.

También ayudó el protagonismo creciente de Diego Santilli, primero como ministro del Interior y después como jefe de Gabinete. Santilli y Scaglia son PRO línea fundadora y mantienen una relación de confianza. También Pullaro estuvo en comunicación permanente con el Colo.

Desde diciembre corrió mucha agua bajo el puente. Los legisladores más cercanos a Pullaro —Scaglia y José Núñez, otro dirigente del PRO— acompañaron las leyes que le interesaban a la Casa Rosada y no se plegaron a la ofensiva contra Manuel Adorni.

En paralelo, el gobierno habilitó recursos. Abrió la canilla cerrada de los fondos para la Caja de Jubilaciones e incluyó a Santa Fe entre las provincias autorizadas a pedir anticipos de coparticipación.

Pese a los gestos recíprocos, el traspaso que Toto Caputo anunció en abril en la Bolsa de Comercio de Rosario recién pudo concretarse esta semana.

El acto en la Casa Rosada dejó varios hechos curiosos. Uno fue el protagonismo de Karina Milei. Acostumbrada a ejercer un liderazgo tras bambalinas, esta vez le puso voz al video institucional.

La pieza audiovisual y la escena también mostraron quién da las órdenes puertas adentro. En los papeles, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete están por encima de la secretaria general de la Presidencia. Pero la que manda es ella.

Otro dato llamativo fue la presencia de diputados nacionales de Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Esos actos suelen estar reservados a funcionarios del Poder Ejecutivo.

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La composición de la foto permitió que cada sector exhibiera sus recursos políticos. Pullaro presenta a Scaglia casi como una vicegobernadora honoraria. Los libertarios muestran su poderío legislativo: nueve de los 19 representantes de Santa Fe tienen la camiseta violeta.

La jefa de LLA en Santa Fe es Romina Diez. Karina la sentó en la mesa donde se firmó el acuerdo. En diciembre de 2027 termina su mandato y suena como candidata a senadora nacional.

Esa hipótesis tiene una derivada: en el último tiempo, Carolina Losada, que suele jugar con libertad en el Senado, se acercó más al oficialismo santafesino. Su mandato termina el año que viene y los libertarios no suelen ceder lugares expectantes a sus aliados.

Mucho más que el traspaso de una ruta

Más allá de las fotos y los gestos, lo que está en juego es cómo se reparten las responsabilidades entre el Estado nacional y las provincias: quién se hace cargo de qué y con qué recursos.

El traspaso de la ruta A012 a Santa Fe forma parte de una redefinición del contrato federal argentino. Como pasa en salud, educación, transporte y otras áreas, Nación se corre y las provincias tienen que asumir nuevas responsabilidades con fondos propios. La reducción del Estado es una ilusión óptica: se achica arriba, pero crece abajo.

Los libertarios le cargan épica a una decisión que también contiene la admisión de una falta. No quisieron, supieron o pudieron gestionar la ruta.

“No se entiende qué festejan, pero a nosotros nos sirve”, dicen desde Santa Fe.

El gobierno de Pullaro asume al fin la gestión de una ruta estratégica para el principal polo agroexportador del mundo. La puesta en marcha de las obras le permite mostrarse como una administración que resuelve problemas y reforzar sus lazos con el sector productivo.

La jugada abre un flanco que el peronismo pretende explotar. En lugar de insistir con el reclamo, la provincia se hace cargo de una ruta que es responsabilidad del Estado nacional. Nación, además, cobra un impuesto a los combustibles que no reinvierte en el fin establecido por la ley: reparar la infraestructura vial.

Seguramente la Casa Gris responderá que la vía administrativa estaba agotada y que con la gestión provincial se conseguirán dos objetivos: mejorar la logística y reducir la cantidad de accidentes.

La foto mostró que el vínculo entre Pullaro y la Casa Rosada ingresó en una nueva etapa. Pero una cosa es coordinar la gestión, otra construir mayorías en el Congreso y otra muy distinta compartir una estrategia electoral.

Un interrogante es si la presencia de legisladores en la Casa Rosada abre una etapa de mayor colaboración parlamentaria. En Provincias Unidas, sin embargo, no esperan grandes cambios.

El gobierno ya tiene un elenco estable de aliados: el PRO, el radicalismo y los gobernadores peronistas del norte. “Va a ser igual que siempre: llamarán a pedir los votos a último momento”, deslizan desde el bloque.

El oficialismo se muestra hiperactivo en la producción de proyectos, pero se empantana en el trámite legislativo. Llega al área, pero le cuesta hacer goles.

La ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo que postergarse en medio del fervor nacionalista del Mundial. Inocencia Fiscal II despertó resistencias por la posibilidad de que ingresen funcionarios y familiares. La eliminación de las Paso tampoco convence a los socios del gobierno: sin primarias, quedarían más expuestos a la lapicera de Karina Milei.

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Santilli podrá conocer los códigos de la política, pero no hace magia. Tampoco ayudan los errores no forzados de Adrián Ravier, que abrió nuevos frentes al responderle a Lionel Messi y especular con un dólar a 1.700 o 1.800 pesos. Por momentos, el vocero parece una versión del primer Adorni con buenos modales y mejor currículum académico.

El segundo semestre, entre el bolsillo, la calle y una reforma clave para el 2027

El gobierno podrá ordenar su estrategia, pero el pulso político seguirá marcado por el bolsillo. El dato de actividad de mayo volvió a mostrar una economía en forma de serrucho: creció 0,2% interanual, pero cayó 0,5% respecto de abril.

A eso se suma el pesimismo de los consumidores y la vuelta de la protesta a la calle de la mano de los movimientos sociales, la CGT y las CTA, que anticipa un segundo semestre de mayor conflictividad.

En ese marco, el gobierno necesita que la economía del metro cuadrado tome temperatura y, al mismo tiempo, sostener su dominio del escenario político. Un control que se basa, sobre todo, en el vacío de alternativas.

La reforma electoral oficialista apunta a balcanizar todavía más a la oposición. En el Congreso creen que el gobierno dejará caer el proyecto y enviará un texto más minimalista, pero centrado en lo esencial: suspender las Paso.

La mayoría de los gobernadores está de acuerdo por dos motivos. El primero es que la jugada cristalizaría la división del PJ. El segundo, que las elecciones provinciales quedarían separadas de las nacionales. En ese esquema, los jefes territoriales buscarían su reelección o el triunfo de otro integrante de su espacio durante la primera mitad del año, mientras que el cierre de listas nacionales quedaría para agosto.

La presencia de Karina en la foto con Pullaro abre otra pestaña. Ella es la jefa del partido y la responsable de la estrategia electoral. ¿Puede haber algún tipo de acuerdo con Unidos?

Hay dos niveles. Uno es el plano nacional. La alianza santafesina contiene todas las posturas: desde el PRO, que comparte el rumbo del gobierno y no descarta sumarse a algún formato de colectora con LLA, hasta el PS, que coquetea con un frente amplio anti-Milei en el que converjan el peronismo y otras expresiones progresistas y republicanas.

Con la UCR en un difícil equilibrio, la resolución dependerá de cómo llegue Milei a la mitad de 2027 y de si toma forma una tercera vía.

El otro plano es el local. En el corazón de la alianza descartan que LLA se sume a Unidos. El socialismo no lo aceptaría y el gobernador quiere cuidar la herramienta política. “Maxi no va a permitir que Unidos pierda a uno de sus socios fundadores”, dice una fuente de máxima confianza del dirigente criado en Hughes.

Eso no significa que no pueda haber otros tipos de entendimiento entre Unidos y La Libertad Avanza. Por ejemplo, una especie de pacto de no agresión. Para eso será importante la ley electoral que la Legislatura votará en las próximas semanas.

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Con la idea de cerrarles la puerta a los aventureros de la política, el radicalismo plantea que toda lista de diputados debe ir acompañada de una candidatura a gobernador. Lo mismo propone para las listas de concejales e intendente.

Algunos referentes de Unidos consideran que es un error táctico. Piensan, sobre todo, en Rosario. Un escenario de tercios podría abrirle la puerta a un triunfo del peronismo. “Si querés acordar algo con los libertarios y que bajen la lista de intendente, tenés que permitirles presentar su lista de concejales. Tenés que dejarles una opción”, razonan.