Rosario y Santa Fe se encuentran, hace ya largo tiempo, sumidas en una espiral de violencia e inseguridad que parece desafiar toda lógica y todo análisis. Indicador que se mira, indicador que demuestra cabalmente que las cosas van mal, y que lo único que ha sucedido en la última década es empeorar. Las gobernaciones socialistas y el gobierno peronista no han podido ni resolver ni encarrilar la problemática de seguridad en Santa Fe. En algunos casos, podría afirmarse que la han empujado por el actual sendero. Sin embargo, extrañamente, escasas son las ocasiones en las que el foco se ubica sobre la Justicia Federal y su rol en toda esta situación.
Corría el año 2013 cuando la oficina de Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya recomendaba a la Argentina que considerara seriamente la posibilidad de que el sistema judicial penal federal hiciera el correspondiente tránsito, de manera integral, del sistema inquisitivo al acusatorio. Esto es decir, en resumidas cuentas y de una manera muy simple, de un sistema donde el peso investigativo y de trámite del proceso está sobre los jueces a uno donde el mismo reside en los fiscales. Para hacerse una idea, algo bastante similar a la reforma procesal penal que le tocó transitar a la provincia de Santa Fe en el fuero penal de la Justicia ordinaria.
Seguidamente, recién en el año 2018 es cuando en el ámbito de la Procuración General de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución PGN Nº 16/2018, se crea la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UNISA). Dicha estructura tenía la tarea específica de intervenir en la promoción de la adecuación institucional y operativa del Ministerio Público Fiscal frente a las necesidades y desafíos del nuevo código procesal penal acusatorio, todo ello a cargo de los titulares de las secretarías de Coordinación Institucional y de Disciplinaria y Técnica. A más de ello, será en el mes de febrero de 2019 cuando finalmente se publique en el Boletín Oficial el texto del nuevo Código Procesal Penal Federal que ordena los procesos del fuero penal en todo el territorio argentino.
Al día de la fecha, en las provincias de Salta y Jujuy el modelo acusatorio federal ya ha cumplido tres años desde su implementación. Relevamientos dentro de la órbita fiscal salteña dan cuenta que, del universo de casos resueltos, dos tercios (el 66%), corresponden a formas tempranas de finalización (archivos y desestimaciones), un 14% a formas de soluciones alternativas (aplicación de criterios de oportunidad, conciliaciones, reparaciones integrales y suspensiones del proceso a prueba), casi un 5% culminó en sentencias condenatorias y un 1,5% a sobreseimientos. Estadísticas que dan cuenta de los avances del nuevo sistema por sobre el anterior.
El pasado 12 de mayo se desarrolló con toda la pompa mediática una reunión organizada por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). ¿La consigna del encuentro? “El juzgamiento del narcotráfico”. En esa reunión se instaba la implementación del modelo acusatorio. No obstante, actualmente la Justicia Federal santafesina aplica el viejo Código Procesal Penal de la Nación, el cual debe hacer congeniar con los artículos del nuevo Código puestos en vigencia por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal de la Ley Nacional 27.482. Algunos de esos artículos son, por ejemplo, los referidos a las morigeraciones de las prisiones preventivas y de las detenciones, como los artículos 212 o 221, o también el artículo 375, que equipara ejecutoriedad a firmeza, no permitiendo que la sentencia se ejecute hasta que quede firme, es decir, que ya no resten instancias recursivas pendientes. Mezclas de un monstruo de Frankenstein normativo que produce diferencias de plazos y tratamientos, con un ritualismo y formalismo extremo en las instrucciones de las causas, generando juzgamientos de organizaciones criminales a destiempo, como en el caso de los Monos, que ya estaban condenados por asociación ilícita cuando fue recién en 2018 donde se los juzgó por narcotráfico.
Queda corto el análisis si decimos que Rosario y Santa Fe tienen un gravísimo problema de narcotráfico. Aun así, Rosario cuenta sólo con dos jueces federales de instrucción en lo Penal y tres tribunales orales, de los cuales uno de ellos tiene la totalidad de los cargos vacantes. Puestos vacantes que son subrogados por los mismos magistrados que integran los tribunales Uno y Tres de Rosario. Un fuero con escasos recursos humanos y con la particularidad de que el Poder Judicial de la Nación aún no cuenta con concurso democrático alguno para su ingreso en la carrera judicial, concursándose sólo los cargos de los magistrados. Se necesita de un sistema público, abierto y transparente de concursos. Lo requiere la carrera en la administración pública para profesionalizarse, rejerarquizarse y legitimarse frente a la ciudadanía.
La deuda pendiente de la Justicia Federal en la Argentina, y principalmente, en Santa Fe y en Rosario, es la deuda con el sistema acusatorio y con las reformas del Código Procesal Penal acusatorio y las mejores prácticas para la administración pública. Se habla puertas para afuera del combate al narcotráfico, se organizan reuniones, existe un Código Procesal aprobado en 2019, implementado en Salta y Jujuy ya hace tres años, pero en Rosario y Santa Fe todavía no sucede nada. La pandemia puso el parate, supuestamente, a Mendoza y Rosario que seguían en la lista. La pandemia fue una excusa muy útil para muchas cosas, pero ya no puede seguirlo siendo. No era una excusa válida en su momento y no lo es ahora. Debemos preguntarnos a esta altura si lo que falta no es una voluntad seria de implementación de los cambios que realmente se necesitan. Si no son los propios actores de la Justicia y de la política los que impiden el cambio. Si no desean una Justicia Feudal en vez de una Justicia Federal. Porque Rosario y Santa Fe hace rato que necesitan una Justicia Federal que funcione, que investigue y condene, que llegue a tiempo, que responda, que solucione, que apacigüe, que se gane de nuevo la confianza de la gente. La de hoy, lamentablemente, no lo está haciendo.
