Los procesamientos que se dictaron en el marco de las causas por los incendios en las islas dejaron sabor a poco entre los sectores ambientalistas, a pesar de que es un pequeño paso hacia el esclarecimiento de tres años seguidos de quemas en el humedal y una degradación sin freno del ecosistema. Mientras que algunos consideraron que los poderes ejecutivos de las provincias y la Nación podrían actuar con mayor firmeza en el plano preventivo, otros aseguraron que los procesados son “perejiles” y que falta determinación para avanzar hacia el fondo de la cuestión.
Las consecuencias jurídicas de los incendios en las islas arrojaron un primer resultado concreto, luego de que la Justicia Federal de Victoria procesara a seis apicultores y a un puestero bajo el delito de incendio doloso. Se les impuso la prohibición total para ingresar a la zona del Delta del Paraná durante 90 días y se les trabó embargo de sus bienes. Las penas establecen de 3 a 10 años.
Se trata de un primer paso de detenciones que se realizaron “in fraganti”, mientras se aguardan resultados de datos catastrales y otras pericias para determinar más responsabilidades por las quemas que consumieron cientos de miles de hectáreas de los humedales.
Los primeros en celebrar públicamente los procesamientos fueron funcionarios y concejales ligados a la gestión municipal. “La justicia a favor del humedal. Después de hacer denuncias, aportar pruebas, insistir, visibilizar y reclamar por el ecocidio terrible en nuestro Delta, la Justicia comienza a dar señales concretas en defensa de los humedales. Seguiremos trabajando para que se profundice la investigación y que sean condenados los responsables”, dijo el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago.
Por su parte, la edila María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, manifestó: “Por fin la Justicia Federal de Victoria avanzó con las imputaciones a quienes son penalmente responsables del ecocidio. El primer procesamiento tras años de investigaciones, espero no sea el único. Hay más responsables que deberán responder ante la Justicia”.
Desde el sector ambientalista reconocen que esto significó un paso, pero que el verdadero problema de fondo no recae en siete personas que fueron encontradas prendiendo fuego.
El titular del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, señaló a La Capital la falta de responsables “no es sólo un tema de la Justicia” e hizo un desglose de la situación, en el que consideró: “El Poder Legislativo no pudo consensuar ni votar siquiera con media sanción una ley de humedales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó un fallo que encomendó a los Ejecutivos a que realicen acciones a través de un comité de emergencia ambiental, además de la puesta en marcha del Piecas, pero no se puso en marcha nada”.
“Siento gusto a poco; no hay un análisis sobre la responsabilidad de los Ejecutivos en base a lo que se encomendó. Si la CSJN encomienda a un comité de emergencia ambiental para llevar a cabo acciones y no se realizan, hay una responsabilidad de funcionarios públicos por omisión”, agregó.
En tanto, hizo una referencia a la Justicia: “Se designó a un juez en Victoria y a partir de los operativos específicos que se armaron se pudo capturar a personas. La Justicia Federal de Paraná no hizo nada desde que se iniciaron los incendios”.
De Bueno consideró que la única solución “es la conformación de una fuerza de seguridad interjurisdiccional que controle en el territorio, para el humedal, entre Nación y las tres provincias. La única vez que se hicieron operativos, se capturó gente prendiendo fuego”.
Por su parte, desde El Paraná No Se Toca consideraron, en diálogo con este medio, que los siete procesados son “perejiles” y agregaron: “Tienen miedo de meterse con los poderosos y los que bancan las campañas políticas, sobre todo en Entre Ríos”.
