Si bien, en el seno del pueblo argentino todo sigue siendo emoción y algarabía por el triunfo mundialista, el descontento social sigue estando presente. A tal punto, que hasta los propios jugadores hicieron propia la idea de darle una alegría a la gente que viene pasando, en general, por una mala situación económica, y esto se debe principalmente al mercado de trabajo.
Ahora bien, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó el informe del mercado de trabajo, según los datos del tercer trimestre de 2022, se puede afirmar que, el aglomerado Gran Rosario no presenta problemas de empleo. La tasa de empleo, asciende a 47,6 por ciento es decir que de 1000 personas 470 tienen efectivamente un trabajo. Y la tasa de desempleo alcanza el 6 por ciento es decir que de 100 personas que forman parte del mercado de trabajo, sólo 6 de ellas no tienen un empleo pero lo buscan activamente.
Lo mismo confirma la Encuentra de Indicadores Laborales (EIL), que muestra un incremento en la evolución del empleo desde marzo hasta octubre (último dato disponible), en el aglomerado. Es más, el valor de octubre es el más alto reportado desde mayo de 2018.
Complementado esto con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados por el Ministerio de Trabajo tomando datos administrativos en este caso y no de encuestas. En septiembre hubo 27.246 empleados asalariados registrados del sector privado más que en agosto, alcanzando los 6.211.325 en el país. Esto tiene un correlato con los datos de Santa Fe, donde se registró un aumento de 2.081 empleados asalariados privados registrado, alcanzando los 513.606 en la provincia.
Entonces la tesis de que el malestar social viene dado por el mercado de trabajo parece no sustentarse en base a los datos comentados previamente; es decir una tasa de empleo alta y una de desempleo baja. ¿Por qué afirmamos que la raíz del descontento social es el mercado de trabajo? Para responder a esta pregunta haremos foco en dos conceptos, que están relacionados pero son diferentes.
El primero de ellos se refiere a la calidad del empleo. Con los microdatos del Indec del segundo trimestre (últimos datos disponibles) encontramos que el aglomerado Gran Rosario tiene 1.336.782 personas, de las cuales 647.602 son ocupadas. ¿Cómo vemos la calidad del empleo? Bueno, del total de personas ocupadas, sólo 316.270, menos de la mitad son empleados registrados. El resto está conformado por cuentapropistas, 157.317; empleados no registrados o informales 150.022; patrones 24.344 y 523 trabajadores familiares.
Entonces, si no tenemos en cuenta a los patrones, por considerarlo con un comportamiento diferente al de los ocupados, tenemos que apenas el 50,67 por ciento tiene un trabajo formal y registrado. El trabajo formal y registrado implica varios beneficios, entre ellos la continuidad, estabilidad, acceso a vacaciones, salario anual complementario, obra social y aportes jubilatorios. Aunque los cuentapropistas y trabajadores familiares pueden ser monotributistas y acceder a algunos de los puntos citados anteriormente.
Esto se conecta directamente con el segundo concepto al cual se señalaba anteriormente. Tal vez uno de los beneficios más importantes de ser empleado registrado en períodos inflacionarios es el de estar alcanzado por acuerdos paritarios gremiales que tienden a mantener (o al menos, no perder tanto) el poder adquisitivo del salario. Es decir que la mitad de los ocupados, seguramente puede negociar algún tipo de aumento o recomposición salarial, pero seguramente se encuentre por debajo de la inflación y por ende la pérdida del poder adquisitivo que ello implica.
El dato de inflación publicado la semana pasada por el Indec arroja un aumento de precios a noviembre del 92,4 por ciento en términos interanuales (nov 2021-nov 2022). Para poder compararlo con los salarios debemos tomar el dato de septiembre, en ese momento la inflación interanual alcanzó el 83,03 por ciento ¿Qué pasó con los salarios en ese mismo lapso? Aumentaron un 78,74 por ciento es decir que perdieron más de cuatro puntos porcentuales en promedio.
Pero dicho comportamiento es heterogéneo, en este sentido los asalariados privados registrados aumentaron sus ingresos un 80,25 por ciento perdiendo casi tres puntos porcentuales. En tanto los empleados públicos lograron un incremento del 78,24 por ciento perdiendo casi cinco puntos porcentuales, pero los más perjudicados son los empleados informales quienes sólo lograron un aumento del 74,91 por ciento perdiendo más de ocho puntos porcentuales.
Es más, si tomamos todo el período de la administración Fernández, los empleados informales vieron incrementados sus ingresos un 192,90 por ciento, en tanto la inflación acumulada alcanza el 241,27 por ciento.
Ejemplifiquemos, tenemos un trabajador que ganaba en diciembre de 2019, unos 75.000 pesos, y gastaba 65.000 pesos por mes, es decir tenía un resto para poder ahorrar. A septiembre de 2022, el mismo trabajador ganaría unos 219.672 pesos, pero el precio de los productos que esta persona compra hubieran aumentado llevando la cuenta de gasto a 221.835 pesos. Es decir que no solo hubiera perdido su capacidad de ahorro, sino que también su ingreso no le alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que adquiría anteriormente.
Si lo pensamos en términos constantes, si en diciembre de 2019, cuando comenzaba la actual gestión usted siendo trabajador podía comprar bienes por un valor 100.000 pesos, en el mes de septiembre de 2022 tendría un ingreso que le alcanzaría para comprar bienes por un valor de 94.470 pesos a precios de 2019, en el caso del total de los trabajadores. Ahora cuando nos centramos en los informales ese valor disminuye a 85.065 pesos a precios de 2019.
En conclusión, el malestar social tiene que ver con la calidad del empleo, pero principalmente con las remuneraciones que perciben los trabajadores. El ingreso que recibe la mayor parte de la sociedad se ve deteriorado mes a mes, durante un período de tiempo más que considerable.
En este marco las personas que no tienen empleos registrados son doblemente perjudicadas, por un lado porque no obtienen todos los beneficios citados anteriormente, pero principalmente por la pérdida de su poder adquisitivo. Si a esto se le suma la situación de jubilados, y quienes cobran planes sociales, personas que han sentido de lleno la reducción de su poder adquisitivo tenemos los fundamentos del descontento social que se percibe en el ambiente.
(*) Luciano Jara Musuruana es licenciado en Economía por la UNR y magíster en Economía Aplicada por la Universidad Austral. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas. Subdirector del Observatorio Económico Social, UNR, …
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