Al menos 20 personas murieron y decenas permanecen internadas en el conurbano bonaerense tras consumir una partida de cocaína adulterada. La noticia encendió nuevamente el debate sobre el uso de sustancias: aparecieron los habituales discursos prohibicionistas y punitivistas, pero también otros que plantean la legalización de todas las drogas y la necesidad de control estatal. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni salió a pedir a los consumidores que “descartaran” la cocaína comprada en las últimas 24 horas, mientras los hospitales siguen recibiendo intoxicados. En este marco, se plantean varias preguntas clave. ¿Con qué herramientas cuenta Argentina para abordar esta problemática? ¿Qué experiencias registradas en el exterior funcionan y pueden servir como posible camino a seguir? ¿Cuáles son los debates que hay que dar?
“Las campañas suelen insistir en no consumir. Malas noticias: los índices a nivel mundial van creciendo exponencialmente y se diversifica la cantidad de sustancias y personas que se acercan al consumo”, señaló a La Capital Mariano Fusero, abogado y presidente de RESET, una ONG de Argentina dedicada a las políticas de drogas respetuosas de los Derechos Humanos.
Para el especialista, lo ocurrido esta semana “no es algo excepcional sino la realidad cotidiana de muchas personas que consumen y desconocen los efectos de la sustancia y sus adulterantes”. Según explicó, estos adulterantes (químicos que se les agregan a las drogas, generalmente para estirarlas, y suelen ser más peligrosos que la sustancia psicoactiva en sí misma) van variando en el tiempo según las lógicas del mercado ilegal y es muy difícil tener precisiones al respecto. Las primeras informaciones afirman que esta partida de cocaína podría haber sido cortada con fentanilo, un opioide que provoca anualmente la muerte de entre 70 mil y 100 mil personas en Estados Unidos.
La falta de información, un derecho vulnerado
Fusero explicó que el principal derecho que se vulnera a las personas consumidoras de sustancias ilegalizadas es el derecho a la información.
Para el especialista los consumidores deben saber, sin caer en discursos alarmistas, sensacionalistas o prohibicionistas, qué es lo que están por ingerir. “Hay diversas sustancias con diversos efectos: depresores, alucinógenos, estimulantes, entre otros. Además juega un rol importante la relación subjetiva de cada persona con esa sustancia”, amplió.
Al respecto, argumentó: “Si sos una persona adulta y consumís, hay que garantizar que al menos tengas información de la calidad de la sustancia que circula en el mercado y los efectos que te puede causar”.
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La experiencia en "reducción de daños"
Para que esto sea posible muchas organizaciones luchan por la implementación de la política de reducción de daños, que se viene implementando internacionalmente hace ya muchísimos años. La premisa fundamental es no buscar la abstención del consumidor, sino reducir los efectos negativos en su experiencia. La segunda es, una vez más, que se cuente con la información clara para poder decidir.
En Latinoamérica se registran iniciativas de este tipo en México, Colombia y Uruguay. España es otro de los países que más ha avanzado al respecto. “Se suele ir a fiestas electrónicas donde en el mismo lugar se pueden testear las sustancias, su pureza, sus adulterantes, los efectos nocivos, y la persona responsable toma la decisión que crea. Excede el contexto de divertimento, después se hacen también campañas en la vía pública respecto del circulante de esta sustancia”, detalló Fusero. Ejemplos hay y en los lugares donde se han implementado funcionan.
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La principal política de reducción de daños es el testeo de sustancias. El Sistema de Alerta Temprana (SAT), iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -organismo del que Argentina forma parte desde 2016-, contempla el monitoreo constante de las sustancias que circulan por el mercado y sus adulterantes, con el fin de informar a la población sobre sus calidades y efectos posibles.
“El organismo que sea que incautó una sustancia la manda a analizar a laboratorios públicos y se determinan estos adulterantes y se hacen campañas al respecto”, amplió el presidente de Reset. Esta podría ser una de las alternativas que podrían aplicarse en Argentina mientras se dan los debates que restan darse.
¿Qué herramientas tiene Argentina?
El experto denuncia que el Estado argentino incumple la regulación de la ley de Salud Mental y de Abordaje de Consumos Problemáticos, esta última fue sancionada hace ocho años y aún espera la reglamentación del Ejecutivo. Las mismas contemplan herramientas para evitar algunas de las muertes causadas por la adulteración de drogas y son fundamentales a la hora de hablar de consumo.
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“Algunos representantes políticos, que hacen tanto hincapié en discursos bélicos y sensacionalistas, deberían saber que hay una ley que está sin reglamentar hace ocho años. Pasaron tres gestiones y no se consiguió”, sentenció Fusero y aseguró que respetar los derechos de las personas que deciden usar sustancias es una de las deudas más grandes de la democracia.
Al respecto, mencionó que “los estados locales también tienen la facultad en materia de Salud y Derechos Humanos para llevar adelante políticas y abordajes de reducción de daños. Lo vimos después de Time Wrap (la intoxicación masiva en una fiesta electrónica ocurrida en 2016) y después fueron destruidas, pasó el tema y hubo muchos reveses institucionales”, recordó.
Los debates que hay que dar
Por último, el referente de RESET pidió evitar “caer en debates que son absurdos”.
“No llegamos a dar los debates interesantes, como implementar las políticas de reducción de daños, como ir hacia una regulación estratégica de las sustancias, como el golpe al mercado de las redes ilegales, como control de la calidad de las sustancias”. enumeró.
“Son debates que parecen políticamente incorrectos cuando son redituables en términos proselitistas y aportan a la demagogia punitiva y de prohibición”, concluyó.
Por lo pronto, este hecho volvió a poner el tema en discusión y se evidenció, una vez más, la necesidad del cumplimiento de las leyes que ya existen. El consumo de drogas existe y aumenta año tras año, mientras se espera por las discusiones de fondo, la única alternativa posible para evitar otras tragedias de esta magnitud pareciera ser respetar los derechos de quienes deciden usar sustancias y garantizarles un marco de información y cuidado.
