La polémica por el programa de conectividad en la cárcel federal de Marcos Paz conlleva una antigua preocupación: el acceso que los presos de alto perfil tienen a distintas formas de comunicación con el exterior. Una verdad que nadie puede negar. Numerosas investigaciones dan cuenta de cómo, sea en cárceles santafesinas o federales, las principales bandas criminales de Rosario organizan sus movimientos mediante el uso de celulares que ingresan y utilizan ilegalmente en los penales.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, no tardó en salir al cruce al enterarse de que en el penal federal de Marcos Paz, en el que está detenido el líder de Los Monos, Ariel Máximo "Guille" Cantero, se instalará un tendido de fibra óptica que optimizará la conectividad. "Van a ser más muertes para Rosario", apuntó.
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La respuesta a su crítica apareció de parte de Gonzalo Quilodran, del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), quien en su cuenta oficial de Twitter explicó que dicho programa "tiene por finalidad la toma de declaraciones directamente desde los penales en lugares acondicionados para tal fin, sin que los reclusos tengan acceso a dicha conectividad para otra actividad ni en otro momento". También sumó su punto de vista el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Toniolli, para quien las críticas del intendente son parte de "una estrategia de campaña para salir en los medios nacionales". El dirigente peronista agregó: "Acompañamos los reclamos por medidas de control más efectivas sobre reclusos peligrosos, de probada relación con delitos cometidos en Rosario y ordenados a distancia, pero rechazamos que se opere contra medidas orientadas precisamente a brindar más seguridad y una mejor justicia.
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La resolución 2183/2021 que estableció el Programa de Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal, tiene pasajes en los que habla de "atraso tecnológico" para el "acceso a la educación, el trabajo, la salud, la asistencia social, el contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales de las personas privadas de la libertad". Pero también, en el mismo párrafo, menciona "las adecuaciones en el plano de la seguridad".
Son detalles que se pierden en la polémica. Lo cierto es que ningún funcionario niega que los presos utilizan dichas tecnologías para cometer y ordenar delitos desde sus lugares de detención. También es cierto que nadie ampara públicamente que el desarrollo tecnológico se utilice en esos términos. Asimismo, poco se hace que este asunto deje de ser uno de los principales ejes de la problemática de la violencia y la narcocriminalidad en Rosario. Las preocupaciones, entonces, parecen quedar apenas en el plano de la corrección política.
Un repaso por los últimos años deja a la vista que el tema es una constante en la lectura que funcionarios políticos y judiciales hacen acerca del incremento de la violencia relacionada a la narcocriminalidad en Rosario. Tanto en cárceles federales como provinciales, los pabellones y celdas donde están alojados los llamados presos "de alto perfil" funcionan como oficinas en la que se diagraman los movimientos en las calles.
Ya lo había manifestado en octubre de 2021 el fiscal provincial Pablo Socca, cuando imputó por asociación ilícita a una banda que respondía a las órdenes intramuros de "Guille" Cantero. "Es agotador, si las autoridades no logran impedir el ingreso de celulares a las cárceles esto no se termina más", había avisado el funcionario. En ese causa, de 16 personas imputadas ya había 12 que estaban presas y se les acusó delitos ordenados desde la cárcel.
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Los fiscales provinciales consultados por La Capital explican que sus intervenciones son acotadas a los hechos investigados. Cuando una de estas pesquisas revela el uso de celulares desde las cárceles lógicamente los aparatos se secuestran y esa falla en el control penitenciario queda expuesta. "Después no podemos evaluar si esa situación continúa o no", contó una fuente del Ministerio Público de la Acusación. "Ahora bien, la sucesión de investigaciones con similar fuente de información (escuchas de conversaciones que se dan desde la cárcel) hace pensar y afirmar que el sistema de comunicaciones en cárceles federales es incluso más permeable que en las provinciales", agregó.
"El poder administrador toma decisiones tanto en las formas de comunicación como de ejecución de las penas. Y la verdad es que dejan mucho que desear", opinó la fuente. En ese marco el uso de celulares por parte de presos de alto perfil aparece como un privilegio alcanzable: "Son servicios que se pagan".
Al menos desde 2019 el acceso de los presos de alto perfil al uso de celulares es un tema que atraviesa estas discusiones, pasando también por polémicas y cruces entre funcionarios de turno. En mayo de aquel año la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo en Rosario en el marco de un operativo que concluyó con la detención de un hombre ligado a "Guille" Cantero. En ese contexto, la ex funcionaria dijo que el gobierno sabía que el líder de Los Monos, en ese momento alojado en la cárcel de Ezeiza, tenía celulares en su celda pero que no secuestrarlos era parte de aquella investigación en curso.
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Ante ese hecho salió al cruce el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien recordó que en 2018 le había solicitado a Bullrich que asegurara que Cantero quedara incomunicado. Fue en octubre de ese año, luego de que "Guille" fuera imputado como instigador de una serie de ataques a edificios y viviendas vinculados a funcionarios judiciales que lo investigaban.
"Guille" volvió a quedar en el foco de esta cuestión cuando en agosto de 2021 fue baleado el Centro de Justicia Penal, horas antes de que iniciara el juicio a Los Monos por aquellos ataques imputados en 2018. Luego de ese episodio, los fiscales que investigaron el ataque ordenaron buscar cualquier dispositivo digital que Cantero tuviera en su celda de la cárcel de Marcos Paz. Pero lo que encontraron fue un teléfono fijo en funcionamiento, suministrado por los propios funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.
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Ese mismo año se dio el traslado de presos de "alto perfil" desde cárceles provinciales a federales, con el supuesto fin de profundizar medidas de seguridad luego de la fuga de 8 reclusos del penal de Piñero. Después de aquel episodio, reclusos como Brandon Bay, Esteban Alvarado, Julio "Peruano" Rodríguez Granthon, Joel Pucheta, René Ungaro y los hermanos Alan y Lautaro Funes, todos sindicados líderes de facciones narco, fueron trasladados a los penales de Marcos Paz y Ezeiza.
Pero en marzo de 2022 llegó la muestra de que el traslado no había resultado en ese aspecto. Alan Funes fue imputado como líder de una asociación ilícita, la cual dirigía desde la cárcel de Ezeiza mediante el uso de celulares. Fue en el marco de una investigación de la fiscal Valeria Haurigot, de la unidad especializada en balaceras, surgida a partir de la investigación del asesinato de una joven de 21 años ocurrido en octubre de 2021 en barrio Tablada. Es decir que Funes ordenó un homicidio cuando ya había sido trasladado al penal federal.
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Otro botón de muestra surgió en diciembre de 2022, cuando la fiscal Haurigot solicitó un allanamiento una serie de allanamientos en el marco de una investigación a la banda liderada por Rodríguez Granthon. Además de domicilios en Rosario, Funes, Roldán y Arroyo Seco, hubo procedimientos en las cárceles de Piñero y Ezeiza. En el complejo provincial se hallaron 30 celulares, mientras que en el federal encontraron 11. La fiscal, al hablar sobre el resultado de los operativos, fue tan concisa como clara: "Hay algo que no está funcionando".
Aseguran que dejaron de recibir los pagos sin previo aviso y que les deben prestaciones de octubre y noviembre pasados. "Nos dicen que no hay plata", afirman
Por Luis Castro
