Luego de la masiva movilización en todo el país en defensa de la universidad y la educación pública, el Boletín Oficial publicó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, tal como había prometido la Casa Rosada. Desde el gobierno sostienen que la norma, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pretende "dañar al gobierno políticamente" y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Más temprano, en un comunicado, el Ejecutivo acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la marcha de conformar "un nuevo frente de izquierda populista".
Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei firmó el veto total a la normativa sancionada por el Congreso a mediados de septiembre, que estipulaba un incremento tanto para gastos de funcionamiento como en los salarios de docentes y docentes. Desde las casas de altos estudios advierten que 7 de cada 10 trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza.
Argumentos del veto
El texto publicado en el Boletín Oficial señala que "el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente". Además, alerta que "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".
En otra parte del documento, el Gobierno justifica el veto para "limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional". Y agrega: "la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno".
Para el gobierno, la recomposición salarial para el personal de de las entidades de educación representó un incremento del 87% por el período entre diciembre y agosto y en términos comparativos con el resto del personal de la Administración Pública Nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el 78%, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Indec para ese período alcanza un 144 %. Es decir, admite que los salarios están por debajo del índice de precios.
Más temprano, la Oficina del Presidente difundió un comunicado donde cuestionó la iniciativa aprobada por el Congreso y responsabilizó a algunos dirigentes políticos de la oposición de estar detrás de un ataque al gobierno. "El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quiénes han decidido unirse públicamente públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente", afirmaron.
Según el comunicado de la Oficina del Presidente, la participación en la marcha universitaria de estos dirigentes se trata de una convergencia que "deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política".
El comunicado advierte además que el gobierno libertario "no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios".
Ley de financiamiento
A mediados de septiembre, la Cámara Alta nacional aprobó la ley de financiamiento universitario, que propone una actualización bimestral del monto de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, además de un aumento mensual de los salarios de docentes y no docentes según la inflación.
Tras su sanción, el presidente prometió un "veto total", como sucedió con la movilidad jubilatoria, con el argumento que se pone en riesgo el equilibrio fiscal y el déficit cero. Sin embargo, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto, la ley universitaria implica un impacto fiscal del 0,14 por ciento del PBI.
