Un país sin retenciones es posible y deseable

El campo y la agroindustria ocupan un rol central en la economía argentina. Tanto es así, que hace dos décadas se recurrió de modo extraordinario a este sector para asistir al Estado nacional en un momento puntual como fue la crisis de 2001. Desde entonces están vigentes, una vez más, estos derechos de exportación, conocidos como retenciones, que gravan la venta al exterior de productos agrícolas.

Estos impuestos son parte de un sistema tributario que tiene rasgos atípicos, impactan negativamente en la producción, profundizan las inequidades regionales exacerbando el centralismo y son regresivos hacia el interior del sector.

Como representante de Santa Fe y de la Región Centro, un espacio que explica más del 40% del total de las exportaciones del sector agroindustrial, me uno a quienes piden el fin de las retenciones. ¿Es posible pensar una Argentina sostenible sin este impuesto? Parto de la respuesta final: sí, es posible.

Resolver el problema fiscal y el precio de los alimentos

Para eliminar las retenciones habría que resolver dos cuestiones: el precio de los alimentos y la sostenibilidad fiscal del Estado nacional. Comencemos por esta última.

Argentina tiene un sistema tributario completamente atípico: cobra pocos impuestos a los ingresos y a los bienes personales, la forma más racional y moderna que hoy se utiliza en el mundo entero para financiar al Estado, y ello lo compensa con impuestos a las exportaciones. Las retenciones representan entre el 1,5 y el 2% del PBI, algo que nos pone en una triste lista junto a Rusia (1% del PBI), Kazajstán (1%), Costa de Marfil (1,2%) e Islas Salomón (3,7%), únicos casos en toda la economía global.

Se hace imperiosa entonces una reforma para tender hacia un sistema tributario como el del resto de los países que no figuran en la lista, es decir, eliminando retenciones y subiendo impuestos a los ingresos y a los bienes personales. La estructura actual penaliza la producción, es regresiva en términos distributivos y supone una transferencia de las rentas territoriales desde las regiones exportadoras (como la Región Centro) al Estado central, mientras que exime de impuestos a las regiones de altos ingresos como la Capital Federal.

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Un proyecto legislativo busca redistribuir a las provincias parte de la recaudación por las retenciones a la exportación de soja.

La segunda cuestión a resolver es el precio de los alimentos en la mesa de los argentinos. Este tema es de gran complejidad y merece ser tratado con mayor profundidad, pero, en líneas generales, tenemos el desafío de construir políticas comerciales y de diferenciación de precios internos en los que participen los principales sectores y territorios involucrados, trazando objetivos estratégicos de largo plazo.

La definición acerca de los precios internos para una canasta básica alimentaria accesible para todos es un asunto prioritario para la Argentina, a tratar con múltiples herramientas, y en este caso queremos remarcar que ello no se puede hacer con un impuesto centralista que, en rigor, suplanta una baja participación de los impuestos a los ingresos y a los bienes personales.

Potenciar el Desarrollo Productivo

Las retenciones no son solo una traba al comercio, sino que también afectan la producción y el agregado de valor. Un estudio de Tomás Allan (Fundar) mostró que, entre 2002 y 2015, Argentina fue el país del Mercosur que registró la menor tasa de crecimiento en cultivos extensivos y en las exportaciones de granos y subproductos y una producción menos intensiva en tecnología. En la investigación se puso en evidencia que, en 2015, cuando se sacaron las retenciones al maíz y al trigo y se redujeron las de soja, se produjo un aumento del 35% en la producción de trigo y de 25% en el consumo de fertilizantes, así como una mayor sustitución de la soja en favor del maíz. No nos olvidemos que este aumento de la producción y por ende de las exportaciones fortalecen el ingreso de divisas, necesarias si queremos superar los estrangulamientos externos recurrentes por la escasez de las mismas, un problema estructural de la economía argentina.

El planteo es bastante lineal: las retenciones impactan sobre la actividad y, por lo tanto, también reducen la base de la recaudación. Bajar o eliminar las retenciones provoca aumentos en la inversión, en la producción y en el valor agregado, tal como ocurrió en el pasado, y ello impacta en la recaudación.

A su vez, las retenciones afectan a una cadena altamente complejizada. Pensemos por un momento si estos recursos que hoy se van en retenciones se volcaran al encadenamiento productivo. En Santa Fe tenemos un entramado científico tecnológico que fue responsable del desarrollo de semillas resistentes a la sequía, el avance más importante en términos productivos de los últimos años, tenemos industria metalmecánica con empresas locales en maquinaria agrícola, producimos el 82% de biodiesel del país, fertilizantes, drones y equipamiento de agricultura de precisión. Somos una provincia líder y tanto más podríamos crecer con la decisión del Estado nacional de brindar apoyo y recursos.

Profundizar un modelo federalista

Las retenciones no son parte del paquete de impuestos coparticipables y provocan una transferencia de rentas entre las regiones, básicamente del interior productivo al AMBA, que lesiona las bases federalistas de Argentina y encarna todas las contradicciones del modelo unitario.

CABA tiene salarios que superan aproximadamente en un 40% a la media nacional. Al no cobrarse impuestos a los ingresos, pero sí a la exportación, los que más se benefician son estos sectores de altos ingresos, en tanto las regiones productoras, agropecuarias e industriales, que abastecen de divisas al país, son las que cargan con mayor peso tributario.

Un ejercicio de estimación puede servir para comprender esta distorsión que causan las retenciones. Tomemos el caso de puente Santa Fe-Paraná, un proyecto largamente esperado que busca integrar una gran área económica de más de 1.200.000 habitantes y trazar un eje entre el Atlántico y el Pacífico. Según cálculos estimados el año pasado, el costo total del proyecto es de 920 millones de dólares. Solo en 2023, año en que debido a la feroz sequía cayeron las exportaciones un 60%, se estima que el gobierno nacional recaudó cerca de US$ 4.120 millones en concepto de derechos de exportación, lo que equivale a 4 puentes como este. Ni hablar si ese monto se utilizara para habilitar los puertos de Santa Fe al norte que, con las correspondientes obras y gestiones sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las autopistas fluviales más grandes del mundo, nos permitirían ampliar considerablemente los mercados de países limítrofes como Paraguay y el sur de Brasil.

Con ese convencimiento creemos que es hora de abandonar definitivamente las retenciones. La Región Centro cuenta con capacidades institucionales, productivas, educativas, científicas y tecnológicas muy desarrolladas que pueden y deben liderar un proyecto nacional que integre al resto de las provincias y que le dé a este país la posibilidad de alcanzar lo que intenta desde hace cincuenta años: el desarrollo productivo y social de una Argentina que sólo se logrará con un federalismo en serio.