El gobernador Maximiliano Pullaro intenta mandar un mensaje ejemplificador y depurar la fuerza policial que arrastra vicios y delitos
Por Facundo Borrego
Foto: Archivo / La Capital.
Pullaro muestra a nivel nacional el modelo de seguridad de Santa Fe.
La investigación judicial por el robo de combustible para los patrulleros de la policía de Santa Fe que terminó con la detención de 13 efectivos con jerarquía le sirvió al gobierno de Maximiliano Pullaro para empezar a depurar la fuerza y, a la vez, mandar un mensaje a la vieja camada que sigue despuntando el vicio de la corrupción institucional.
En un primer momento pareció asomar un escándalo en un tema clave para el gobierno como la Seguridad, pero la comunicación gubernamental demostró que era una crisis contenida e intenta salir para adelante. Claro que debe hacerlo a base de sanciones y consecuencias, y mostrarlo a opinión pública.
El gobierno parte de la idea de que la corrupción en la fuerza policial es más bien residual y ya no endémica. ¿En qué se basa? En parte, en que la fuerza se fue renovando con la llegada de nuevos egresados de policías, lo que puede ayudar a moldear el perfil y hacerlo más profesional.
Hay algunos datos que muestran el escenario actual de la policía. El 70% de los efectivos que hay hoy en Rosario son policías de nuevas camadas y, según entienden quienes administran la fuerza, más dóciles. Las últimas dos camadas de egresados -unos 2.000 efectivos- están en Rosario y eso es positivo para el gobierno que, incluso, se anima con que este año terminará la primera camada propia de policías.
Retomando, son más dóciles al menos en comparación con la vieja policía que se caracterizaba por ser silvestre, con otros códigos y otros comportamientos, que se desarrollaron en un sistema corrupto en el cual se debía sobrevivir. Por eso, lo más probable es que si se escarba en algún punto, algo se encuentre. Por ejemplo, los detenidos por el caso del combustible pertenecen a camadas viejas según confirmaron La Capital.
Por su puesto que no aplica para todos, como siempre, hay excepciones. Vale aclarar que el gobernador se apoyó en parte de esa vieja camada para encaminar una fuerza que en los últimos años se desbandó. Es el caso de Daniel Acosta, titular desplazado de la Unidad Regional II intervenida por la investigación.
A Acosta le valoran que tuvo mando por ejemplo para modificar el horario de la policía y les hizo cumplir 48 horas por semana. Antes con suerte cumplían 33 horas. Por ahora no hay indicios de complicidad en el fraude y se lo apartó por la "salud de la intervención".
Hacia esos se dirige las declaraciones del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien decidió encabezar una conferencia de prensa y darle una vuelta a la conversación que amagaba con ser perjudicial. De esta manera, buscaron dejar en claro que el gobierno reacciona ante la corrupción de la fuerza.
“Invertimos miles de millones de pesos en seguridad, en armas, en chalecos, uniformes, en vehículos y vienen delincuentes vestidos de policías a afanarse 45 millones por mes… no se puede permitir”, explican. “Este es un mensaje para el policía que labura, que tiene familia y se sacrifica. A ellos el mensaje”, sostuvieron, como forma de explicar que con este caso se consolida el vínculo con la fuerza y no se debilita.
El mensaje es simple y repetido: "Síganme los buenos". De esta manera dicen continuar con la línea de respaldo que se le dio hasta ahora, con el caso Nocetti como el ejemplo paradigmático. "A los policías que respetan la ley, a muerte; a los que no tendrán consecuencias".
Rápidamente se podría pensar en falta de prevención, sobre todo en un robo y artimaña vieja como el robo de combustible con complicidad de civiles. En el gobierno aclaran que se pusieron controles pero que iban perfeccionando la manera de evadirlos. Lo cierto es que se trabajó lento el contragolpe oficial. Se trata de un caso que tuvo margen para seguirlo y abordarlo, aunque hay otros que no se pudieron prevenir ni contener.
La investigación duró 10 meses y se guardó bajo siete llaves porque si se alteraba la normalidad, se alertaría a los implicados. Es por eso que demoraron tanto hasta que el fiscal terminó su trabajo y logró allanar y posteriormente acusar. Ante la consulta, niegan algún tipo de anuncio armado para dar otro tipo de mensaje hacia la fuerza.
Uno de los puntos a tener en cuenta después de una puesta en escena semejante son las reacciones de los componentes afectados de la fuerza. Según explicaron en Seguridad, no tuvo reacciones negativas en la calle, algo que se monitoreó y que se seguirá haciendo.
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