Trece policías y cuatro civiles fueron detenidos este lunes en una investigación por malversación de fondos en la Unidad Regional II
Virginia Benedetto
La Unidad Regional II de Rosario, donde un policía se autolesionó con el arma de una compañera
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino la Unidad Regional II de Rosario por al menos noventa días en el marco de la investigación por malversación de recursos destinados a combustibles. El jefe y subjefe fueron apartados de sus cargos y 17 personas fueron detenidas por una sobrefacturación de 45 millones de pesos por mes.
La investigación por malversación de recursos destinados a combustibles en el área de la policía rosarina, en cuyo marco se realizaron este lunes 38 allanamientos, culminó con la intervención de la Unidad Regional II por al menos tres meses y la remoción del jefe y el subjefe. La novedad fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien adelantó que la pesquisa por corrupción continúa y confirmó la detención de 17 personas: trece policías y cuatro civiles.
Según anunció el funcionario provincial, la intervención estará a cargo de un antiguo titular de la URII, el director general retirado Claudio Romano, quien será reincorporado al servicio y tendrá “todas las facultades inherentes a la jefatura y con reporte directo al ministerio”. Además se encomendó una auditoría de la Jefatura a la secretaria de Coordinación Técnica del ministerio, Georgina Orciani, que examinará con especial énfasis el área de movilidad y los controles de carga de combustible. Si bien la investigación continúa en curso y todavía no se realizaron imputaciones, otros funcionarios que cumplen tareas en la URII también serán desplazados.
En cuanto a las maniobras investigadas, el fiscal José Luis Caterina resumió que se trata de una investigación iniciada hace unos diez meses a partir de una denuncia anónima que le llegó por correo postal. Básicamente se trata de cargas de combustible en las que no se siguen los protocolos y procedimientos vigentes, lo cual habilita a una sobrefacturación que preliminarmente se estima en unos 45 millones de pesos por mes.
Por su parte, el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Matías Merlo precisó: “Se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías”.
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Finalmente, Caterina, a cargo de la investigación, señaló: “Todo se inicia con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”.
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