Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
El peronismo, mayoría en la Cámara alta provincial, respaldó la nueva emergencia en seguridad.
La emergencia en seguridad recientemente solicitada por el gobernador Omar Perotti obtuvo ayer media sanción en la Cámara alta provincial, pero será modificada durante su próximo tratamiento en Diputados. Es que persisten las discrepancias en torno a los plazos de vigencia de una herramienta considerada clave por la Casa Gris para enfrentar la ola de violencia, razón por la cual oficialistas y opositores deberán aceitar las negociaciones para eludir una nueva y desgastante puja legislativa.
Con el aval de la mayoría peronista (once votos), el Senado santafesino avanzó con la emergencia en seguridad y en el Servicio Penitenciario Provincial hasta el 31 de diciembre, aunque con la opción —acordada con el Ejecutivo— de que el próximo gobierno pueda prorrogarla en 2024 por idéntico plazo al que mantuvo su vigencia durante 2023.
En ese marco, los siete senadores radicales rechazaron el despacho de mayoría, aunque facilitaron el quórum y la sesión con sus votos.
Los legisladores de la UCR pretendían levantar la mano a favor de su propio despacho de minoría, que terminó siendo incluido en el expediente ya remitido a Diputados.
Por su parte, los bloques Lealtad y Juan Domingo Perón, del oficialismo, le dieron luz verde al pedido de la Casa Gris con modificaciones en el plazo de vigencia original, como también en los topes de los montos máximos para las compras de bienes y servicios y los mecanismos para su actualización, entre otros puntos.
Si bien no prosperó el planteo de la oposición para que la emergencia en seguridad cubriera los primeros dos años de la próxima administración santafesina, el oficialismo destacó la decisión de permitir una eventual duplicación de esa herramienta para garantizar la compra de bienes y servicios ligados al Ministerio de Seguridad provincial y al Servicio Penitenciario.
La bancada radical también promovió, en su despacho de minoría, un refuerzo del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Durante la sesión, el radical Felipe Michlig defendió el despacho de minoría e instó a un acuerdo con el oficialismo para evitar los cambios que, según se prevé ahora, introducirá la Cámara baja. “Mientras no nos ponemos de acuerdo, siguen matando gente”, arengó el senador, que también promovió una ley de narcomenudeo para Santa Fe, como la que ostentan otras provincias vecinas.
A su vez, en los pasillos de la Cámara baja deslizaron a La Capital: “La emergencia contó solamente con los votos de senadores del oficialismo. Vamos a trabajar para que la iniciativa salga de Diputados en la próxima sesión y con cambios”.
Es que el expediente remitido a la Cámara baja, donde predomina la oposición (radicales y socialistas), contempla las modificaciones fogoneadas por la UCR en el Senado.
El mensaje del Ejecutivo con el pedido de que la emergencia en seguridad vuelva a ser sancionada había ingresado a fines de febrero pasado al Senado. En ese contexto, el ministro del área, Claudio Brilloni, debía asistir por entonces a la Legislatura, pero la creciente ola de violencia en Rosario alteró su agenda.
Finalmente, el 22 de marzo, Brilloni, defendió la iniciativa en la Cámara alta frente a la presidenta del cuerpo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y casi todos los senadores.
De cara a la Asamblea Legislativa prevista para el 13 de abril, ya fueron ingresados al Senado provincial los mensajes del Ejecutivo con los pliegos para la designación de fiscal general, auditor general de gestión, fiscales regionales, defensor provincial y defensores regionales.
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