La Fiscalía de Estado contestó el pedido de exmagistrados para frenar la nueva ley. Argumenta que no afecta su subsistencia y defendió los topes. Nuevo paro de judiciales este miércoles y jueves
Por Facundo Borrego
Foto: Archivo / La Capital.
La quiebra de Bioceres S.A. se tramita en el juzgado civil y comercial a cargo de Fernando Mecoli.
La Fiscalía de Estado de la provincia respondió y rechazó la acción de amparo colectivo de 18 jueces jubilados del Poder Judicial y cónyuges de magistrados fallecidos, contra la reforma previsional sancionada en septiembre. En uno de sus argumentos sostiene que el descuento “no pone en jaque su subsistencia” ya que están en el tope de la escala salarial.
La acción judicial, que deberá resolver la jueza Silvana Quagliatti del Juzgado en lo Laboral N° 8 de Rosario, pide que se dejen sin efecto los descuentos por aporte solidario en los haberes previsionales y les sean restituidos en sus haberes en caso de haberse efectuado. El gobierno provincial sostiene que la acción pedida resulta improcedente porque la ley no es ilegal o arbitraria: “Por estos motivos, corresponderá, y solicitamos, el rechazo de este amparo”.
En particular, los amparistas cuestionan de la nueva ley la aplicación el aporte solidario y el tope jubilatorio máximo de 20 jubilaciones mínimas al considerarla inconstitucional. La provincia fundamenta que con el tope "se busca equilibrar la distribución de recursos, evitando beneficios excesivos que puedan comprometer la sostenibilidad del sistema a largo plazo".
Luego sostiene respecto al tope que debe considerarse que los amparistas se encuentran en el extremo superior de tal escala. “No puede equipararse la situación de quienes cobran los mínimos beneficios previsionales de quienes superan, en 20 veces, tal haber básico. Justamente por eso, sin desconocer la vulnerabilidad de la ancianidad, tampoco puede equipararse la situación de todos los jubilados y pensionados”.
Además, afirma respecto al aporte solidario que deben realizar durante los 36 meses de plazo de vigencia de la emergencia declarada: “Difícilmente pueda sostenerse que sobre los importantes haberes jubilatorios de los actores, que superan todos las 20 jubilaciones mínimas, pueda considerarse que el aporte retenido sea irracional o abusivo”.
La Fiscalía de Estado resalta que “muy recientemente” se han rechazado ya tres medidas en las que se peticionó cautelarmente la suspensión de la ley 14.283 por “cuestionamientos análogos”. Se refiere al rechazo de las acciones del bloque Somos Vida de Amalia Granata, de Amsafé y del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos.
De hecho, parafrasean la resolución de primera instancia del amparo de Amsafé donde el juez había dicho que “no estamos frente a una situación donde las implicancias patrimoniales de la ley 14.283 amenacen la línea de subsistencia de los sujetos comprometidos”.
Luego, argumenta que, de ningún modo, se puede considerar que la aplicación de dicha ley los coloque en “situación de indigencia o por debajo de la línea de pobreza”. Además recuerda que el amparo continúa siendo una vía excepcional o "heroica" porque su apertura implica la acreditación de circunstancias excepcionales”.
Vale recordar que la semana pasada, tras rechazar las acciones judiciales por parte de los distintos gremios de Santa Fe que pretendían suspender y declarar inconstitucional la reforma previsional, la Justicia hizo lo propio con la primera acción judicial de un particular, en este caso de una jubilada del Poder Judicial.
Según el representante legal de la provincia, los números demuestran tanto la situación de emergencia como la inminente e impostergable necesidad de su declaración. A continuación detalla que el déficit proyectado para el mes de septiembre 2024 era de $33.500.000.000 y en virtud de los mayores ingresos provenientes de aportes solidarios del sector activo y pasivo así como de las nuevas alícuotas de aportes personales y contribuciones patronales, aquel déficit pudo reducirse a la suma de $22.400.000.000.
En asamblea, los trabajadores judiciales de Santa Fe definieron este martes una nueva medida de fuerza por 48 horas.
Será este miércoles, durante cuatro horas a la mañana y otras cuatro a la tarde, y todo el jueves, sin asistencia a los lugares de trabajo.
Los procedimientos están bajo el nuevo protocolo del Ministerio de Justicia y Seguridad, que aplicó ante más de 150 casos
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