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Por lo pronto, hay coincidencias entre los integrantes del organismo multisectorial respecto de la necesidad de sanear el sistema previsional de Santa Fe y hacerlo autosustentable, como también de garantizar la permanencia en la provincia de la Caja de Jubilaciones.
Hasta el momento, las opciones para modificar el esquema previsional santafesino contemplan una suba de aportes con diferenciación de sectores, para que los que más cobran sean los que contribuyan de un modo superior.
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También se evalúa una equiparación progresiva en la edad de jubilación para hombres y mujeres en torno a los 65 años y el fin de los regímenes especiales en cómputos de aportes.
A la comisión especial la integran referentes del Ejecutivo y el Legislativo y dirigentes gremiales de ATE, UPCN, Amsafé (docentes públicos) y la Festram (municipales). Y su misión es redactar conclusiones sobre la sustentabilidad del sistema previsional vigente en la provincia.
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Además de tomar nota de las sugerencias de los expositores que representaron a los distintos sectores afectados por la problemática, los integrantes del órgano multisectorial solicitaron a la Gobernación detalles de los reclamos administrativos realizados a la Nación por la abultada deuda previsional.
En ese contexto, la Casa Gris tiene lista una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia nacional por el DNU Nº 280 del presidente Javier Milei que eliminó los adelantos mensuales a cuenta de un déficit previsional que la Casa Rosada se comprometió a cubrir.
Una vez recibido el documento de la comisión especial, junto a los datos provenientes de la propia Caja de Jubilaciones, el gobernador deberá enviar a la Legislatura un proyecto de reforma del régimen previsional de la provincia.
El oficialismo procura sancionar la reforma en agosto, o a más tardar en septiembre, y que la nueva estructura de la Caja de Jubilaciones debute a fin de año.
Puntos clave de la reforma previsional
La Caja de Jubilaciones de Santa Fe está compuesta por unos 103 mil beneficiarios de diferentes sectores y subsectores: personal docente, administración central, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, Registro Civil, Vialidad, Salud, Gráficos, Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Assa, EPE, bancarios, Seguridad, trabajadores de municipalidades y comunas sin cajas propias que están adheridas a la provincial, entre otros.
Casi un 39 por ciento de los beneficiarios corresponde al sector docente y un 23% a la administración central. Luego sigue el sector de Seguridad con un 16% del total de beneficiarios de la Caja y los trabajadores de municipios y comunas, EPE, Arte de Curar y Poder Legislativo.
En relación a la cantidad de dinero que se le destina a cada uno, el que más recibe es el sector docente con casi el 37 por ciento, le siguen la administración central con aproximadamente el 17% y Seguridad con un 12,5%.
Pero en cuarto lugar, los miembros del Poder Judicial reciben el 11,3 por ciento del dinero de la Caja. Luego vienen los trabajadores de la EPE (5,9%), los de municipios y comunas (5,2%), los legislativos (2,9%) y el resto.
En abril, la jubilación mínima era de 325.052 pesos y la máxima de $9.443.822. En promedio, la jubilación de un empleado de la administración central fue de 638.856 pesos, de un docente de $850.730 y de un empleado del Poder Judicial de $3.650.505. Todos los empleados del Estado que están en ejercicio aportan el 14,5 por ciento de su sueldo, sin importar el monto del mismo.
Idealmente, la Caja de Jubilaciones debería sostenerse con los aportes de Ansés (que desde el 10 de diciembre la Nación dejó de mandar) y de los trabajadores activos. Sin embargo, el gobierno santafesino destina cerca del 30 por ciento de las Rentas Generales para financiar la Caja.
Algunas de las modificaciones que se analizan
El objetivo del gobierno provincial es generar un sistema sustentable y revertir el déficit. Para Pullaro, ese 30 por ciento de Rentas Generales de la provincia que se destina a sostener la Caja, es dinero que “debería estar en otro lado”, como obras de rutas, puentes, gasoductos o patrulleros para aumentar la seguridad.
Hay algunas cuestiones que ya se saben acerca de la posible reforma. En primer lugar, que la Caja de Jubilaciones seguirá siendo competencia de la provincia. Es decir, que no se va a transferir a la Nación y no se va a privatizar. Otra de las certezas hasta el momento es que el 82 por ciento móvil no se modificará.
“No queremos joderle la jubilación a nadie, vamos a defender los derechos de los pasivos, de los jubilados y de los trabajadores”, indicó el gobernador.
A su vez, en el gobierno provincial trajeron un poco de calma a los que ya forman parte del sistema de jubilados y pensionados y a los que están cerca de ser incluidos en el régimen. Aclararon que cualquier modificación se hará de modo paulatino, lo que implicará pensar en unos tres o cuatro años hacia adelante.
Otro de los puntos que el gobierno provincial pone en discusión es la edad jubilatoria. Algunos representantes del Ejecutivo afirmaron que cuando se definió la edad de jubilación de varios de los sectores, la expectativa de vida era más corta. Al elevarse la cantidad de años que viven los santafesinos, se prolonga su estadía dentro del sistema previsional. Eso hace que aumente la cantidad de pasivos en relación a los activos. Por ese motivo se habla de elevar progresivamente las edades de jubilaciones.
A su vez, señalan que hay sectores que son más deficitarios. La tasa de sostenimiento del sector docente fue del 2,43, la de la administración central del 2,59 y la del Arte de Curar del 3,80. Mientras que la de Seguridad fue de 1,5, la del Poder Judicial de 1,60 y la del Legislativo 1,80. Es por eso que la tasa de sostenimiento de cada sector es una de las cuestiones que también se pone en revisión.
Por último, todos los trabajadores de los diferentes sectores que componen la Caja santafesina aportan lo mismo: 14,5% de su salario. Eso sin importar el monto de los ingresos promedio de cada uno de los sectores.
Es por eso que otra de las posibilidades de modificación del régimen previsional tiene que ver con establecer una escala diferencial de aportes de acuerdo al monto de los ingresos de cada sector: a mayor ingreso, mayor aporte.