Rechazan la destitución de la fiscal de Cañada de Gómez, Gabriela Lescano

La Legislatura provincial avanzará este jueves con la sanción contra la fiscal de Cañada de Gómez Gabriela Lescano. La mujer está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba, en una galería, una oficina externa donde tenía una persona ajena al Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabajando legajos de investigación.

El abogado defensor, Gustavo Feldman, confirmó que diputados y senadores van a destituirla en el marco del Procedimiento para la Gestión de Denuncias y Trámites de Remoción, aseguró que Lescano no está en condiciones de salud de poder defenderse y rechazó los cargos en su contra.

Feldman presentó este miércoles un nuevo recurso para que no se avance en la sanción, debido al estado psicofísico en el cual se encuentra la representante del MPA. "Creo que este caso va a ser una bisagra, porque si la sesión conjunta de ambas Cámaras destituye a la fiscal Lescano, invocando la famosa interpretación política de este tipo de procesos, que es una manera velada de invocar la razón de Estado, vamos a empezar a vivir en una provincia en donde el estado de derecho va a tener cada vez más relatividad, cada vez menos contundencia", sentenció en diálogo con la prensa.

En la resolución que presentó a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, el abogado adjuntó un informe médico psiquiátrico elaborado respecto del estado psicofísico actual de su clienta. "El referido informe se realizó luego de sendas interconsultas y con la finalidad de esclarecer el estado de salud actual de la fiscal Lescano. Es deber de esta defensa mencionar el conocimiento de un dictamen de la Comisión de Acuerdos de esa honorable Legislatura que recomienda la destitución de la fiscal Lescano", dice el escrito.

"Entiendo imprescindible que todas y todos los legisladores que integran esa Honorable Cámara deben conocer la conclusión científica del estado de salud de mi clienta, de su impedimento de defenderse y de la imposibilidad de seguir sometida a proceso y muchísimo menos de ser destituida o de sufrir sanción alguna. En una república no se puede sancionar a alguien que no puede defenderse. La fiscal Lescano no puede defenderse", argumentó.

Antecedentes del caso

La fiscal Lescano fue sancionada en junio de 2021 por irregularidades en su desempeño. La medida disciplinaria de treinta días de suspensión del cargo sin goce de sueldo fue impuesta por la comisión de faltas graves. Las faltas atribuidas a la fiscal fueron divididas por la Auditoría General de Gestión en relación a dos investigaciones, el llamado “caso Canteros” y el “caso Vera”.

Se la acusó de haber arbitrado mecanismos a los fines de que un imputado revocara la designación de la defensa pública y designara en su lugar a una defensora privada, para, de ese modo, celebrar un acuerdo de procedimiento abreviado. También de haber arbitrado medios manifiestamente ilegítimos, vulnerando el derecho de defensa, para obtener el consentimiento del imputado respecto del acuerdo abreviado referido, entrevistándose personalmente con el mismo en el establecimiento penitenciario y con sus familiares, sin presencia del defensor técnico.

Con el acto simbólico de "encadenarse" la fiscal buscó el año pasado visibilizar una situación que consideró como "persecución", como consecuencia de investigaciones que lleva adelante en su dependencia.

Entre otras acusaciones, se le endilgó además haber presentado un acuerdo de procedimiento abreviado ante la Oficina de Gestión Judicial de Cañada de Gómez, luego de celebrada la audiencia preliminar, sin la conformidad del fiscal regional de la Segunda Circunscripción, en incumplimiento a lo establecido en instrucción por el fiscal general.

Luego se tomó licencia médica y a fines de agosto de 2022 retornó a sus funciones como fiscal titular del MPA Distrito Cañada de Gómez.

A su regreso dijo que fue víctima de un proceso injusto, con violencia institucional y mediática: "Si esto me pasó a mí, que soy fiscal, ¿cuanto más a las víctimas del delito que uno defiende?. Como fiscal yo defiendo los intereses del Estado, no de las víctimas. Sin embargo, no podemos dejar de entender que ellas son parte del Estado que defendemos".

“Una vez sancionada, pude empezar a tomar distancia con lo sucedido y tuve un proceso de contención médica y familiar al que las víctimas en muchos casos no acceden, y son revictimizadas una y otra vez. Me podría haber jubilado, pero por respeto decidí no hacerlo y seguir defendiendo los derechos que le son naturales a las víctimas. No fui una víctima más, tuve una estructura que me ayudó, después de muchas dudas y sufrimiento, a volver", expresó a su retorno.