El expresidente Alberto Fernández fue procesado este jueves sin prisión preventiva en la llamada causa de los seguros por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La medida contra el expresidente es sin prisión preventiva. Lo acusan de “negociaciones incompatibles con la función pública”
Foto: Archivo / La Capital.
Fernández insistió con su pedido de retrotraer el proceso a “foja cero”.
El expresidente Alberto Fernández fue procesado este jueves sin prisión preventiva en la llamada causa de los seguros por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Fernández en el marco del expediente en el que se investigan irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su mandato.
El procesamiento fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que tiene una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua al funcionario.
En la causa también están involucrados María Cantero (exsecretaria de Fernández), su marido, Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021.
Con ese decreto, Fernández impulsó la obligación a todos los organismos del Estado de contratar pólizas únicamente a través de Nación Seguros.
Según el juez, el expresidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo Martínez Sosa con el Estado argentino.
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Las comisiones durante su gobierno fueron de 2.242 millones de pesos y representaron casi el 60 por ciento del total que pagó Nación Seguros.
Además, el juez ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández de 14.000 millones de pesos y procesó a otras 33 personas, incluidos Pagliano, Martínez Sosa y demás miembros del exdirectorio de Nación Seguros.
El gobernador participó de un evento junto a referentes del sector, tanto provinciales como nacionales. “Es momento de debatir un modelo nacional que privilegie la generación de empleo", afirmó
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