La Justicia Federal de Santa Fe recibirá un impactante apoyo; sumará 50 cargos clave en todo el territorio, 27 en Rosario, aunque no será inmediato. Implicará un aporte mínimo de unos 7500 mil millones de pesos anuales que el presupuesto nacional dirigirá a la bota, con la pretensión de dar una batalla consistente contra el narcotráfico. Con 40 firmas, la totalidad de los presentes, la comisión de Presupuesto de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de ley que se prevé podría llegar al recinto el próximo martes. Y que contaría con apoyo prácticamente unánime de todos los bloques.
Luego deberá ir al Senado, convertirse en ley, y recién luego lo más complejo de materializar: que el Ejecutivo nacional constituya los pliegos, determine los candidatos, esos nombres pasen por la comisión de Acuerdos del Senado, y finalmente cada nuevo juez y fiscal se siente en su despacho (en muchos casos, aún inexistentes), y ponga en marcha la rueda de la investigación y juzgamiento de los delitos que han convertido a Rosario en la ciudad con índices calamitosos de homicidios que quintuplican los promedios nacionales.
Como miembro informante, Roberto Mirabella (FdT) valoró que la nueva norma rescata el código de procedimiento penal de 2014 que no se aplicó aún (excepto Salta y Jujuy), y el sistema acusatorio vigente en la provincia de Santa Fe. “No estamos impulsando una norma que tendrá efectos inmediatos, pero es necesaria, se trata de una buena señal para todo la política”
El debate en la comisión de Presupuesto, no muy extenso, de tono santafesino, y con acuerdo entre los bloques que habitualmente adversan, sin embargo, se tiñó inesperadamente de virulencia; por caso, el diputado Enrique Estévez (PS) culpó a Cristina Kirchner por ser “la responsable de que estemos hoy reunidos sancionando esta ley”. Estévez, molesto con el discurso de la vicepresidenta antenoche en el Centro Cultural Kirchner (Foro Mundial de Derechos Humanos), en oportunidad de la presentación del libro “Objetivo; Cristina. El lawfare contra la democracia Argentina”, le imputa (Estévez) a la presidenta del Senado una presunta responsabilidad por la no constitución de una Comisión bicameral de monitorio en la implementación de la ley del Código Procesal Penal, que, curiosamente, fue sancionada en 2014, con el rechazo opositor de entonces argumentando que era “para generar impunidad”, y el voto del oficialismo en soledad.
Para los diputados del Frente de Todos (FdT), el súbito interés de la oposición por constituir una comisión bicameral que impulse la implementación de una ley sancionada en soledad por el kirchnerismo constituye una chicana para tensionar el sistema de mayorías.
El diputado socialista de Rosario, Estévez, en su enfervorizada arenga contra CFK, dijo, además, “no tenemos Procurador general (el cargo lo ocupa un interino, desde hace varios años) porque la vicepresidenta no quiere”. Para nominar un nuevo procurador se necesita un acuerdo en el Senado de dos tercios de los presentes; y la oposición sólo se presenta en las sesiones luego de que el oficialismo consigue abrir la sesión con el quorum propio (37 miembros, lejos de los dos tercios necesarios para mayorías agravadas como requiere un procurador).
Por lo demás, el rosarino del PS, fue contra CFK porque “ahora le preocupa el lavado de dinero – discurso del martes en el CCK-, pero por favor, tienen la cara de amianto”, disparó Estévez, que agregó, “¿pueden dar una explicación de algo, o se van a dedicar a dar charlas internacionales?” en clara alusión a Cristina Kirchner, en su última aparición pública, acompañado de varios ex presidentes extranjeros, entre otros el español José Luis Rodríguez Zapatero, ex titular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Antes del socialista, fue el peronista Marcos Cleri también de Rosario, quien rescató el acuerdo entre 18 de los 19 diputados nacionales de la provincia (con la excepción de Laura Castets de la Colación Cívica en Juntos por el Cambio) que apoyaron la nueva ley. Cleri, en su intervención, señaló que el tema (narcotráfico) “también es responsabilidad de quienes han gobernado Rosario por casi 40 años, y 12 años la provincia, justo cuando el problema de la violencia se empezó a incrementar”. Para Cleri, el problema de la violencia se dio no sólo porque la justicia federal necesitaba más recursos, sino porque se aplicaban políticas neoliberales que hacía que el Estado se retire de los barrios. “Entonces ¿qué pasó?, avanzó el crimen organizado”
Para Cleri, además, la creación de un régimen de inscripción simplificado de empresas (una ley impulsada y votada durante el gobierno de Macri) “facilitó el lavado de dinero que proviene del narcotráfico”.
La nueva ley que todo indica verá la luz en el otoño, tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, en línea con la implementación del Código Procesal Penal Federal (ley de 2014, que en su momento impulsó en soledad el kirchnerismo), pero que sólo aplican de manera efectiva dos provincias del norte argentina, Salta y Jujuy.
Se crean 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, 15 de ellos tendrán asiento en la ciudad de Rosario, siete en Santa Fe cuidad; uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto, y otro en San Nicolas (Buenos Aires). También se crean nueve cargos de Defensor Público Oficial Federal (Ministerio Público de la Defensa), tres en Rosario, dos para Santa Fe y uno para Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela y San Lorenzo.
Por lo demás, y entre otros cargos, se agregan jueces Penal Federal con funciones de garantía en Santa Fe ciudad, Rafaela, Rosario, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
