Más de 25 ONG alertan que los cambios en la ley de tierras forma parte de un "plan de remate de la Argentina"

Ante el inminente debate en el Senado, organizaciones sociales, políticas y ambientales expresaron su preocupación por el proyecto de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca cambiar la ley de tierras rurales, y denunciaron que forma parte de un "plan de remate de la Argentina" junto al Súper Rigi y la ley de Sociedades.

El documento, al que tuvo acceso La Capital y que será presentado esta semana al Senado de la Nación, lleva la firma de más de 25 organizaciones, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), Fundación Biodiversidad Argentina, Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), Centro de Excombatientes de La Plata y Taller Ecologista. Las ONG denuncian que la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, del Súper Rigi y la de Sociedades "configuran un traje a medida para crear enclaves", es decir, porciones de territorio rodeadas por otro territorio de distintas soberanías.

El abogado rosarino director ejecutivo de Aadeaa, Lucas Micheloud, remarcó que en plena "crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”. En este sentido, Micheloud consideró que los proyectos de ley en discusión son "parte de un plan de remate de la Argentina" para "allanar el camino a los grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk".

El texto firmado por más de 25 ONG hace especial mención a la zona de la Patagonia por su alto valor en agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío ideal para enfriar servidores que se suelen usar para plantas de Inteligencia Artificial.

Frente al próximo debate del jueves 6 de agosto en el Senado de la Nación, las organizaciones convocaron a una movilización frente al Congreso y en Rosario habrá una concentración en la Plaza San Martín desde las 18. "Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos", concluyó el documento. Un día antes, la cámara Alta abrirá el tratamiento del Súper Rigi.

"Se presentan como iniciativas independientes, pero ambas reformas modifican de forma complementaria el régimen jurídico aplicable a la tierra y las grandes inversiones", sostuvieron las ONG.

Aunque obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrió cuatro intentos de sesiones fallidas.

Por qué rechazan

El grupo de organizaciones sin fines de lucro sentó postura ante los tres proyectos que recorren el Congreso de la Nación y explicó que "el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios".

En primer lugar, en el documento señalaron que la modificación de la ley de tierras rurales (26.737) remueve el límite de tierras en manos de extranjeros, que hoy está fijado en un 15% de la superficie rural en el país, en una provincia, dentro de los municipios. Además, alertaron que el proyecto oficialista quita la prohibición fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas sobre lagos o ríos, entre otros cuerpos de agua permanente. También se eliminan el máximo de superficie adquirida permitida por titular y el registro nacional de estas tierras. "Sin el límite del 15%, sin el tope por nacionalidad, sin el máximo por titular y sin la prohibición sobre lagos y ríos, un mismo actor extranjero puede adquirir tierra sin límite, incluidas las que contienen agua dulce, glaciares y nacientes", argumentaron las ONG. Países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Polonia o Brasil mantienen distintos mecanismos de autorización, límites y controles sobre la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.

Como segundo punto, para el grupo de organizaciones la ley de sociedades "permite que los territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras". Uno de los principales puntos a modificar es que el nuevo registro público no deberá contener información contable ni datos económicos, financieros o empresariales, entre otros.

Por último, sobre el Súper Rigi denunciaron que "protege inversiones otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional". La insistencia de las organizaciones sobre el marco legal se debe a que quien se sume al Súper Rigi "obtiene un 'derecho adquirido asimilable al de propiedad' (art. 24) que ninguna ley posterior puede alterar".

Además de la modificación de la ley de tierras, la reforma de la ley de Sociedades y la implementación de un Súper Rigi, el grupo de organizaciones agregó los proyectos para regular el lobby y la iniciativa para una nueva ley de Datos Personales. "La lógica que atraviesa las cinco es una sola: primero se entrega, y en paralelo se le vendan los ojos a quien debería controlar", subrayaron.

El peso de los legisladores

Según las organizaciones, el debate en el Congreso de la Nación va más allá de una agenda legislativa o el tire y afloje para lograr votos, sino que "implica concretos riesgos" en distintos ejes.

La aprobación del paquete, dijeron las ONG, atenta contra la soberanía territorial por el riesgo de la concentración a gran escala y, puntualmente con el Súper Rigi, el federalismo, ya que las provincias y municipios perderían la capacidad de controlar y sancionar reemplazando el esquema actual por "un unitarismo autoritario".

En cuestiones ambientales, el documento aseguró que los proyectos debilitan la protección de tierras incendiadas, cuerpos de agua, humedales, bosques y cuencas hídricas.

Desde el punto de vista fiscal, plantearon las ONG, las provincias que adhieran al Súper Rigi resignan el cobro de Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y regalías por 30 años, y el sistema previsional absorbe la reducción de aportes patronales sin compensación. Para el grupo, los proyectos de ley que circulan en el Congreso "degradan" a las provincias: "Votar a favor es votar contra la autonomía y la caja de la provincia que se representa".

En tanto, el grupo remarcó que el Súper Rigi configura un "desamparo judicial" ya que "habilita a los inversores a litigar directamente ante tribunales arbitrales internacionales, sin intervención de la justicia argentina y sin que ningún árbitro pueda ser argentino. La provincia que quiera hacer cumplir una condición ambiental, fiscal o laboral a un proyecto adherido no tendrá tribunal propio ante quién reclamar".

El foco en la ley de tierras

El proyecto diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzzeneger, sostiene, explicaron las organizaciones, que la ley de Tierras Rurales desalentó la inversión y que una reforma daría seguridad jurídica. Bajo este concepto, la Asociación de Abogados Ambientalistas sintetizó: "La tierra no es una mercancía".

"Ese es, precisamente, el debate: si la tierra rural, con sus ríos, nacientes, glaciares y humedales, es un activo financiero librado al mercado global, o un bien común sobre el que el Estado conserva la potestad de decidir", agregaron en el texto al que tuvo previo acceso La Capital.

Para el grupo, la tierra "sostiene ecosistemas, resguarda las fuentes de agua dulce, posibilita la producción de alimentos, alberga biodiversidad y constituye el espacio físico donde desarrollan sus proyectos de vida comunidades rurales e indígenas" y defendieron la soberanía del Estado sobre estos espacios.

La ley de tierras rurales intentó ser derogada por el DNU 70/23, pero un recurso de amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) permitió que siga vigente. En este contexto, las ONG subrayaron: "El Senado no puede ignorar que se le pide convalidar, por ley, lo que la Justicia ya invalidó por decreto".