Desde Fuerza Ancestral Indígena aseguraron que muchas tierras estaban en peligro.
El colectivo de pueblos originarios de la región celebró este martes la medida cautelar dictada por la Justicia federal para frenar el DNU que derogaba la ley de tierras y, de esa manera, habilitaba la venta de campos a capitales extranjeros. El referente de la organización Fuerza Ancestral Indígena a nivel local, Daniel Naporichi, celebró la decisión judicial.
"La Justicia escuchó a las comunidades indígenas de Rosario y la región", señaló a La Capital el referente qom de Rosario y alertó que si derogaba la normativa vía DNU les dejaba el camino allanado a los intereses foráneos para apropiarse de las tierras fiscales sin restricciones, situación que ponía en peligro a las comunidades originarias de la región y el país.
"Estaríamos hablando de pérdidas totales de la soberanía y el despojo a las comunidades indígenas fuera de sus territorios ancestrales", sostuvo Naporichi, y destacó que "entregar la soberanía como pretendía el gobierno nacional a través del DNU dentro del marco internacional actual sería literalmente destruir el país y su futuro para siempre".
No obstante, recordó que "aún queda la delegación de facultades, lo cual significaría darle el poder a una persona para que se convierta en en arma de doble filo". Y alertó que la estrategia del gobierno nacional "manipular al pueblo entero para que ellos mismos entreguen su libertad a cambio".
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La medida cautelar la dictó el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien suspendió preventivamente el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que deroga la Ley de Tierras para habilitar la venta de campos a capitales extranjeros, en base a un pedido presentado por esa entidad, y denunciaron la existencia de “un plan sistemático de entrega y pérdida de soberanía”.
Según Naporichi, comunidades qom y mocovíes de Recreo, San javier, Helvecia, San José, Tostado y todas las comunidades del norte se Santa Fe estaban en peligro, puesto que ponía en riesgo la ley nacional 27.118, que declaró de interés público la agricultura familiar e indígena. A su vez, la resolución 4811/1996, que creó el Registro Nacional de Comunidades Indigenas (Re. Na. C.I).
"Muchas de esas comunidades aún tiene pendiente la propiedad comunitaria de sus comunidades; que la justicia haya suspendido ese artículo es un logro ya que en Catamarca los hermanos diaguitas hicieron la misma presentación", valoró.
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